Los gobiernos locales que impongan órdenes de vacunación contra el COVID-19 serán multados con miles de dólares, dijo el lunes el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Las órdenes violan una ley estatal, el proyecto de ley del Senado 2006, aprobado a principios de este año, que dice que un gobierno no puede exigir a las personas una prueba de vacunación contra el COVID-19, comúnmente conocida como pasaporte de vacunas, para entrar en los edificios del gobierno. El 16 de septiembre entrará en vigor una norma del Departamento de Salud de Florida para hacer cumplir la ley. Las infracciones de la ley darán lugar a la imposición de una multa de 5000 dólares por persona, según la norma.
A pesar de la ley, el gobierno de Gainesville y de los condados de Orange y Leon han impuesto requisitos de pasaporte de vacunas a los empleados.
DeSantis dijo en una conferencia de prensa que se enfrentarán a multas de 5000 dólares por violación si los requisitos se mantienen.
«Eso es millones y millones de dólares en posibles multas», agregó.
Los funcionarios del gobierno local, sin embargo, no han dado ninguna indicación de que las multas que se avecinan vayan a provocar un cambio en la política.
«Creemos que, como empleadores, tenemos derecho a exigir la vacunación como condición para el empleo», dijo la portavoz de Gainesville, Shelby Taylor, a los medios de comunicación en un comunicado.
Jerry Demings, alcalde del condado de Orange, dijo el lunes que los funcionarios del condado no estaban al tanto de la norma del Departamento de Salud de Florida y que considerarían sus opciones legales después de analizarla.
Demings anunció la órden del condado el mes pasado. Los trabajadores del condado están obligados a vacunarse completamente contra el virus que causa el COVID-19 antes de finales de septiembre.
Más de 200 policías y otros empleados del condado demandaron al requisito de Gainesville, alegando que viola sus derechos constitucionales y afirmando que su inmunidad natural, obtenida al contraer el COVID-19 y recuperarse, proporciona mejor protección que las vacunas.
Algunos estudios han indicado lo mismo, pero los funcionarios federales de salud pública, que establecen las políticas que determinan muchas normas en todo el país, han restado importancia a los hallazgos y siguen instando a la gente a vacunarse contra el COVID-19 incluso si tienen inmunidad natural.
La fiscal general de Florida, la republicana Ashley Moody, presentó el lunes un informe amicus en apoyo de los trabajadores de Gainesville.
DeSantis dio una conferencia de prensa junto con trabajadores de Gainesville y del condado de Orange que están molestos por las órdenes, incluyendo a Christine Damm, una empleada de la ciudad de Gainesville y veterana del Cuerpo de Marines de EE. UU. que tiene cuatro hijos. Ella forma parte de la demanda.
«Los residentes del estado de Florida no deberían recibir órdenes que les obliguen a perder su trabajo o su libertad para tomar sus propias decisiones médicas informadas. No creo que sea asunto de nadie si el ciudadano de al lado está o no está vacunado», dijo Damm.
«Mi cuerpo, mi elección», añadió, utilizando un estribillo comúnmente utilizado por los activistas proaborto.
Aunque hay excepciones por razones religiosas o médicas en la órden de la ciudad, Damm dijo que todas las personas que conoce que han solicitado una han sido rechazadas.
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