Google informó al gobierno federal australiano que ha eliminado alrededor de 800,000 videos de YouTube relacionados con el COVID-19, y 275 millones de apps sobre el COVID-19 de toda su plataforma como parte de su campaña mundial de casi 726 millones de dólares para «contrarrestar la desinformación sobre el COVID-19».
También ha lanzado un fondo de 3 millones de dólares para acabar con la supuesta desinformación sobre las vacunas.
Google considera como fuentes fiables la información oficial de los departamentos nacionales de salud o de la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, la OMS ha señalado que la información cambia con el tiempo a medida que el mundo «aprende más sobre el virus».
Lucinda Longcroft, directora de asuntos gubernamentales y política pública de Google para Australia y Nueva Zelanda, declaró en julio ante una comisión del Senado sobre la injerencia extranjera a través de las redes sociales que Google cuenta con amplios sistemas automatizados y una red mundial de personal para eliminar «lo más rápidamente posible» los contenidos falsos o engañosos del COVID-19.
Esto se combina con herramientas algorítmicas para ayudar a promover la información aprobada por el gobierno de COVID-19 y enterrar el contenido «límite», que fue definido en una entrada de blog de enero por Youtube como el contenido que «se acerca a, pero no cruza la línea de, violar nuestras Directrices de la Comunidad«.
«Esta ha sido una campaña y actividades amplias en toda nuestra organización», dijo Longcroft. «Hemos desplegado importantes recursos y desarrollado herramientas innovadoras, tanto humanas como automáticas, para frenar la información perjudicial y promover la información fidedigna».
Durante la reunión del Senado, Longcroft también confirmó que Google había «colaborado muy estrechamente» con el gobierno australiano, dándole publicidad gratuita con un valor de 3.6 millones de dólares australianos, lo que se tradujo en 20.6 millones de interacciones con información aprobada por el gobierno para los usuarios australianos.
Preocupación por la censura por parte de las grandes empresas tecnológicas
Los esfuerzos de los gigantes de la tecnología por eliminar el discurso público en torno al COVID-19 de las plataformas online ha suscitado la ira de algunos investigadores que trabajan en la comprensión del virus del PCCh (Partido Comunista Chino) y que han expresado su preocupación por que las grandes empresas tecnológicas estén sofocando el debate científico en torno a la pandemia, calificándolo de censura.
Por ejemplo, en junio, YouTube eliminó un video en el que el profesor de medicina de Stanford, John Ioannidis, hablaba de los datos relacionados con el COVID-19 y de las repercusiones negativas del confinamiento en curso. A pesar de las numerosas impugnaciones de la censura, YouTube no reveló qué parte de la entrevista de Ioannidis interpretó como información errónea.
En mayo, Facebook eliminó un posteo que enlazaba con un artículo de Lancet revisado por expertos, que informaba de que el SARS-CoV-2 se propaga por transmisión aérea. El artículo criticaba la afirmación de una revisión financiada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que no se podían sacar conclusiones firmes sobre la transmisión aérea.
Entre los autores del artículo de The Lancet se encontraban expertos de renombre mundial en aerosoles, como la científica estadounidense Kimberly Prather y el muy citado investigador de aerosoles Jose-Luis Jimenez, de la Universidad de Colorado.
«Reconocemos absolutamente que medir la desinformación es un verdadero desafío», dijo el mes pasado al Senado el jefe de política de Facebook en Australia, Josh Machin.
«En primer lugar, porque la opinión de la gente sobre si un posteo en Facebook es desinformación o no puede variar, y también porque, sobre todo desde que comenzó la pandemia el año pasado, hemos tenido que aumentar realmente rápido nuestras políticas y seguir consultando con expertos, y han ido cambiando».
Machin reveló que Facebook había eliminado 18 millones de posteos que contenían «información errónea perjudicial» sobre el COVID-19 y las vacunas, había colocado etiquetas de «falso» a 167 millones de posteos sobre estos temas y había colaborado con 80 verificadores de hechos de todo el mundo.
Pero aunque las empresas de redes sociales suelen recurrir a la OMS, a los funcionarios sanitarios locales y a los gobiernos para obtener información autorizada, «esto no implica que sean infalibles», escribió la investigadora sueca de bioética Emilia Niemiec en un informe científico el año pasado.
Niemiec argumentó que, dado que los conocimientos sobre el COVID-19 son «actualmente limitados e inestables», la comunidad médica sigue debatiendo «varios temas», como las políticas de confinamiento y las vacunas.
También señaló que, aunque la censura en las redes sociales pueda parecer una solución «eficaz e inmediata» al problema de la desinformación, también puede limitar el intercambio de críticas constructivas sobre las pruebas y opiniones actuales.
Este tipo de información, señaló la investigadora médica, es «necesaria» para identificar y corregir posibles errores, así como para avanzar en la comprensión de los complejos problemas que rodean a la pandemia.
«Una cuestión importante en relación con las políticas de las plataformas de comunicación es quién define exactamente (…) qué información se considera falsa o perjudicial. ¿Y podemos confiar en estos juicios?» preguntó Niemiec.
Añadió que si la «autoridad exclusiva» para definir lo que está científicamente probado o médicamente fundamentado se deja en manos de los proveedores de las redes sociales o de ciertas instituciones, existe la posibilidad de que se produzcan errores y de cálculo, o incluso el posible abuso de este poder para «fomentar intereses políticos, comerciales o de otro tipo».
«La censura no se basa únicamente en la ciencia», añade la investigadora. «Un análisis de los contenidos prohibidos en las redes sociales sugiere que la moderación suele tener un sesgo político».
«Si a esto le añadimos el hecho de que Google es el motor de búsqueda más popular, queda claro que unas pocas empresas tecnológicas tienen un enorme poder sobre la información que los internautas pueden ver y sobre cómo se forman sus opiniones».
El 11 de agosto, el senador australiano Malcolm Roberts preguntó en el Senado si existía un posible «conflicto de intereses» al dar a Google la última palabra sobre cómo se examina y aprueba la información sobre la vacuna COVID-19.
Roberts señaló que la empresa matriz de Google y YouTube, Alphabet, posee el 12 por ciento de Vaccitech Ltd. a través de un fondo de capital riesgo GV (antes Google Ventures). Vaccitech es una empresa de biotecnología con sede en Reino Unido que cocreó la vacuna de AstraZeneca.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con Alphabet, Vaccitech y Google para pedirles comentarios, pero no ha recibido respuesta.
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