La representante Lauren Boebert ( R-Colo.) amenazó a la secretaria de estado de Colorado, Jena Griswold, con un proceso de destitución el 4 de marzo, poco después de que la Corte Suprema dictaminara que los estados no podían descalificar al expresidente Donald Trump como candidato en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda.
Griswold expresó su «decepción» por el fallo de la Corte Suprema durante una entrevista en la MSNBC porque creía que los estados tenían el derecho constitucional de «prohibir a los insurrectos que rompen juramentos» votar. Publicó una declaración similar en X (antes Twitter), a la que Boebert respondió con dureza.
«Usted no tiene nada que hacer en la oficina del Secretario de Estado y no debería supervisar unas elecciones en las que ha demostrado una clara parcialidad», escribió Boebert. «Usted no es apta. Es hora de que la DESTITUYAN».
Boebert envió entonces una carta formal a la secretaria, firmada por el presidente del Partido Republicano de Colorado, Dave Williams, la vicepresidenta Hope Scheppelman, y la secretaria Anna Ferguson.
Los republicanos acusaron a Griswold de tratar de «privar del derecho de voto a millones de habitantes de Colorado y evitar que ejerzan su derecho a emitir un voto en apoyo del expresidente Donald J. Trump», calificando el esfuerzo como una «vergüenza» para el estado y el condado.
«Ahora está aún más claro que los habitantes de Colorado deberían tener cero fe en usted para proteger adecuadamente su derecho al voto y supervisar las elecciones», señala la carta.
Escribieron que en lugar de «alentar a los habitantes de Colorado a hacer oír su voz» y utilizar la plataforma de la secretaria «para promover elecciones libres y justas de manera imparcial», la secretaria «tomó una decisión política egoísta para amañar las elecciones primarias».
«Puede que nuestros jueces de la Corte Suprema no se alineen en todo, pero están absolutamente de acuerdo en que su imprudente intento de echar al presidente Donald J. Trump de la boleta electoral debe ser reprendido a fondo», agregaron.
Los republicanos afirmaron que están construyendo «activamente» una campaña de base para «comenzar el proceso de hacerle responsable de su ataque a nuestras elecciones y a los derechos de voto de millones de coloradenses».
«Se considerarán todas las opciones legales a nuestra disposición, incluyendo un esfuerzo formal de destitución», dice la carta.
Ley de revocación
En Colorado, el secretario de estado supervisa las iniciativas de destitución. Una petición debe ser aprobada por el secretario antes de obtener firmas, según el sitio web del secretario, y el funcionario electo tiene que haber estado en el cargo durante seis meses y no ser reelegido dentro de seis meses. Griswold asumió el cargo en 2019 y se presenta a la reelección en 2027.
La petición necesitaría entonces firmas que sumen el 25 por ciento de todos los votos emitidos en las últimas elecciones a secretario de estado, o más de 62,000 firmas. Si se alcanza ese umbral, la cuestión de la destitución se incluirá en la papeleta electoral.
Decisión de la Corte Suprema
El 4 de marzo, justo antes de las primarias del Supermartes, la Corte Suprema dijo que los estados no pueden descalificar a los candidatos federales en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda.
Para entonces, se habían presentado docenas de peticiones de descalificación en casi todos los estados del país, y las jurisdicciones que habían aceptado conocer de estas impugnaciones emitieron órdenes muy diversas. La orden del alto tribunal puso fin de forma efectiva a estas impugnaciones, garantizando que el expresidente Trump apareciera en la boleta electoral de las primarias, salvo que el Congreso tomara alguna medida drástica.
El fallo fue más allá de revocar la decisión de descalificación de Colorado, al opinar que el Congreso tiene autoridad exclusiva sobre el uso de la Sección 3, ya que la Sección 5 de la 14ª Enmienda otorga expresamente al Congreso la autoridad para promulgar legislación relacionada con la enmienda.
Cuatro jueces consideraron que el tribunal no debería haber discutido la legislación federal y terminaron su opinión después de abordar la cuestión presentada, que era si el Tribunal Supremo de Colorado se equivocó en su decisión de inhabilitar al expresidente Trump.
Los nueve jueces estuvieron de acuerdo en que no correspondía a los estados individuales descalificar a los candidatos federales.
Históricamente, los estados habían utilizado el artículo 3 para inhabilitar a candidatos estatales, pero no se habían dado casos de estados que utilizaran la ley para inhabilitar a un candidato o funcionario federal. Los magistrados señalaron además que los demandados no podían sugerir cómo podrían proceder los estados para destituir a un funcionario federal en activo que hubiera participado en una «insurrección», lo que reforzaba la idea de que los estados no tienen en absoluto esta autoridad.
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