El resultado de una investigación especial de seis meses del gran jurado sobre el asesinato de Tommy Valva, de 8 años, a manos de su padre, ha revelado otro caso inquietante de abuso de poder por parte de las agencias de protección infantil y el sistema de tribunales de familia.
El niño neoyorquino murió en 2019 por hipotermia después de que su padre, un policía de Nueva York, le infligiera una serie de crueles castigos. Hizo que el niño se desnudara, se acostara en un frío piso de cemento de un garaje y lo bañó con agua fría. Michael Valva fue declarado culpable del asesinato de su hijo en 2022.
El informe del gran jurado, publicado el 3 de abril, incluye hallazgos similares en la reciente revisión del asesinato de Harmony Montgomery, de 5 años. Los detalles del asesinato de la niña y la incapacidad del estado de New Hampshire para dar cuenta de su paradero durante dos años conmovieron a la nación.
La tragedia se desencadenó cuando el juez del Tribunal de Familia de Massachusetts, Mark Newman, concedió la custodia de la niña a su padre, Adam Montgomery. El Sr. Montgomery fue condenado en febrero por el asesinato de su hija.
El juez Newman otorgó la custodia al Sr. Montgomery en lugar de a la madre de la niña a pesar de su largo historial criminal violento y su condición de vagabundo.
Antes del asesinato de Tommy Valva, el juez del Tribunal de Familia del condado de Suffolk, Jeff Zimmerman, también otorgó la custodia total del niño junto con sus dos hermanos a su padre Michael Valva sobre la madre del niño, Justyna Zubko-Valva.
Tanto en el caso de Harmony como en el de Tommy, los registros judiciales, que fueron ampliamente publicitados en ambos juicios por asesinato, muestran que ninguna de sus madres tenía antecedentes de abuso o violencia.
En los dos casos, los trabajadores del servicio de protección de la infancia aceptaron las decisiones del tribunal sobre la custodia a pesar de saber que existían graves acusaciones de maltrato infantil y preocupaciones de bienestar infantil pendientes contra ambos hombres.
En las conclusiones de la investigación de su oficina sobre el asesinato de Harmony, Maria Mossaides, directora de la Oficina del Defensor del Menor de Massachusetts, criticó a la agencia estatal de protección de menores por lo que calificó como fallos en todo el sistema y también por favorecer «imprudentemente» los derechos de los padres en detrimento de la seguridad de Harmony.
A lo largo de su informe de investigación de 75 páginas, el gran jurado de Nueva York acusa al sistema de servicios de protección infantil (CPS) de Nueva York del mismo tipo de fallas.
Culpó a los empleados del CPS por considerar infundadas las acusaciones de maltrato infantil presentadas por otro progenitor con escasas pruebas. También citó el sistema como defectuoso por no tener ningún control independiente de la agencia sobre tales decisiones.
Según el gran jurado, la agencia incluso se negó a devolver sus registros para la investigación.
«El hecho de que CPS no lo haya hecho solo puede interpretarse como un intento evidente de proteger su propia inacción del escrutinio público. Por lo tanto, las leyes y normas deben ser modificadas para evitar tales injusticias en el futuro», acusó el jurado investigador.
En su informe, también se centra en otra cuestión familiar planteada en otros estados con respecto a las operaciones de las agencias de protección infantil y el sistema de tribunales de familia: la inmunidad que disfrutan los trabajadores y jueces de protección infantil frente al incumplimiento del deber.
“Aunque la inmunidad no impide que se determine la responsabilidad penal de los trabajadores sociales de CPS que hayan incurrido en mala conducta intencionada o negligencia grave, dichos trabajadores sociales siguen siendo efectivamente inmunes a cualquier responsabilidad de ese tipo en los casos en que los informes se consideren infundados”, escribió el panel.
El panel descubrió que los trabajadores sociales, al no estar obligados a fundamentar sus conclusiones ante el tribunal o incluso ante un supervisor, crearon un escudo contra las acusaciones de “conducta intencional o negligencia grave”.
«En este sentido, los empleados de CPS tienen la capacidad unilateral de frustrar las investigaciones penales antes de que el asunto de la inmunidad sea siquiera relevante, determinando que un caso es infundado, o decidiendo no migrar informes previos infundados y materiales relacionados en una nueva investigación indicada», encontró el panel.
En una conferencia de prensa durante el juicio por asesinato, la Sra. Zubko-Valva habló de sus muchas peticiones de ayuda a los trabajadores de protección infantil, y a otros funcionarios estatales, que fueron ignoradas.
«No dejaba de pensar en todas las instituciones que no le ayudaron, que no hicieron absolutamente nada… ahora todo el mundo intenta hacer lo correcto… pero ¿dónde estaban ustedes cuando les supliqué ayuda cuando podrían haber salvado la vida de mi hijo?», dijo la Sra. Zubka-Valva, quien afirmó que también presentó una denuncia ante el FBI después de que la juez Hope Schwartz Zimmerman concediera la custodia al Sr. Valva.
El juez otorgó la custodia al padre después de que un abogado de divorcios se quejara ante el tribunal de que la Sra. Zubko-Valva estaba “interfiriendo con su acceso a los niños”, según una demanda pendiente por muerte por negligencia que la Sra. Zubko-Valva presentó contra el CPS del condado.
Los detalles de la supuesta complicidad de CPS en la decisión del tribunal sobre la custodia están dispersos a lo largo de la demanda. Estos incluyen relatos de la rápida desestimación de la agencia de una unidad pendrive. Según la demanda, la madre proporcionó a la agencia dicho pendrive, que contenía 320 documentos y otras pruebas que apoyaban la afirmación de que Tommy y sus hermanos sufrían graves abusos por parte de su padre y su madrastra, Angela Pollina, Angela Pollina, condenada el pasado marzo por el asesinato en segundo grado de su hijastro.
Según la demanda, la evidencia incluía varias cartas del pediatra y terapeutas de Tommy que corroboraban el abuso. Ya se reveló en la demanda y durante el juicio de Valva y Pollina que la agencia ignoró las señales visibles de que Tommy y sus hermanos estaban pasando hambre.
Hace dos años, el Instituto para la Justicia (IJ) lanzó el “Proyecto Inmunidad y Responsabilidad”, una campaña nacional para poner fin a la inmunidad de los funcionarios gubernamentales.
“Si nosotros, el pueblo, debemos respetar la ley, nuestro gobierno debe respetar la Constitución”, afirma el grupo como titular de la misión de su campaña.
Hace tiempo que se acusa a los organismos de protección de menores de utilizar la inmunidad para justificar sus decisiones problemáticas en lugar de reformarlas.
En un caso de 2007, un defensor de los niños presentó una demanda federal contra los Servicios de Protección Infantil de Standing Rock y la Oficina de Asuntos Indígenas en Dakota del Norte después de que las agencias reclamaran inmunidad por colocar a sabiendas a un delincuente sexual juvenil en un hogar de acogida con tres niños pequeños.
“Dicha inmunidad, sostiene, se basa en la decisión política de la agencia de proteger los intereses de privacidad de su antiguo protegido”, acusa la demanda. “Con este argumento, CPS crea una cortina de humo dentro de la cual esconderse de la responsabilidad, a pesar de su flagrante abuso de un sistema que tiene el deber de proteger”.
Como parte de su campaña, IJ está pidiendo a los legisladores estatales que adopten enmiendas a su constitución estatal para abolir la inmunidad gubernamental, pero hasta ahora ningún legislador ha asumido la causa.
En New Hampshire, donde Harmony Montgomery fue asesinada en 2019, legisladores republicanos como la representante Leah Cushman han estado presionando para que se reforme la agencia de protección infantil y los tribunales de familia.
El Estado no aceptó ninguna culpa por el asesinato de la niña, a pesar de que durante el juicio de su padre se presentaron pruebas de que la agencia no realizó los controles obligatorios sobre ella y parecía no saber que llevaba dos años desaparecida.
Recientemente, la Sra. Cushman convenció exitosamente a los líderes de la Cámara de Representantes para que formaran un comité especial para investigar la División de Niños, Jóvenes y Familias de New Hampshire (DCYF).
Como informó anteriormente The Epoch Times, el comité solo había comenzado cuando ella fue destituida como presidenta del comité por el presidente de la Cámara al iniciar un juramento voluntario tanto para las víctimas como para los funcionarios como parte de la investigación del comité especial.
Desde entonces, le ha dicho a The Epoch Times que cree que la “verdadera solución” es sacar a las agencias de servicios de protección infantil del “negocio de la investigación”, abolir los tribunales de familia y devolver las acusaciones de abuso infantil a los tribunales penales, donde existe un verdadero debido proceso.
“Mantener estos casos civiles es ser suave con el crimen y permitir que las personas que se muestran abusivas nunca enfrenten la justicia en un tribunal de justicia real”, dijo.
El DCYF de NH, el Departamento de Servicios de Menores de Massachusetts y los Servicios de Protección de Menores del condado de Suffolk no respondieron a las peticiones de comentarios de The Epoch Times.
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