El senador de Iowa, Chuck Grassley, es uno de los varios legisladores republicanos que están pidiendo una justificación más detallada del despido del inspector general del Departamento de Estado por parte del presidente Donald Trump.
«El Congreso requiere razones escritas que justifiquen la destitución de un inspector general. Una falta general de confianza simplemente no es suficiente detalle para satisfacer al Congreso», comunicó Grassley, copresidente del Grupo de Protección de Denunciantes.
Trump manifestó al Congreso en una carta del 15 de mayo que había decidido destituir al inspector general del Departamento de Estado, Steve Linick, declarando que «es vital que tenga la más plena confianza en las personas designadas para servir como inspectores generales. Ese ya no es el caso con respecto a este inspector general».
Un funcionario de la Casa Blanca explicó el 16 de mayo que la decisión de destituir a Linick fue impulsada por el propio secretario de Estado, Mike Pompeo. «El secretario Pompeo recomendó el cambio y el presidente Trump estuvo de acuerdo», dijo el funcionario.
Se espera que Linick sirva por varias semanas más ya que, por ley, el gobierno debe notificar al Congreso con 30 días de anticipación los planes para destituir a un inspector general.
La senadora Susan Collins (R-Maine) fue otra legisladora republicana que criticó la medida, escribiendo en Twitter que la Ley de Reforma del Inspector General de 2008, exige que un presidente detalle las razones para despedir a un inspector general.
«El presidente no ha proporcionado el tipo de justificación para la destitución del inspector general Linick, requerida por esta ley», escribió Collins.
El senador Mitt Romney de Utah, un declarado crítico de Trump, se refirió al despido de Linick, quien fue el cuarto contralor despedido en los últimos tres meses.
«El despido de múltiples inspectores generales no tiene precedentes; hacerlo sin una buena causa enfría la independencia esencial para su propósito», escribió Romney en un tuit. «Es una amenaza para la democracia responsable y una fisura en el equilibrio constitucional de poder».
Por su parte el asesor principal, Peter Navarro, el domingo defendió las acciones del presidente, diciendo que Trump «claramente tiene la autoridad legal» para destituir a Linick.
«Hay una burocracia ahí fuera. Hay mucha gente en esa burocracia que piensan que ellos fueron elegidos presidentes y no Donald J. Trump», declaró a la ABC en una entrevista.
«Algunas personas lo llaman el ‘deep state’ (estado profundo). Creo que eso es lo acertado», dijo Navarro, añadiendo que «siempre habrá alguien mejor para reemplazarlos, alguien más leal -no necesariamente al presidente- pero a la agenda de Trump».
«Por lo tanto, no lamento la pérdida de personas cuando salen de esta burocracia», añadió.
En su petición de justificación del despido de Linick, Grassley indicó que, aunque se oponía a la forma en que el organismo de control manejó la investigación sobre el papel que el Departamento de Estado desempeñó en la controvertida encuesta de colusión Trump-Rusia, el importante papel que desempeñan los inspectores generales en la democracia estadounidense según su opinión exige una explicación detallada en caso de despido.
«Una vez más, los inspectores generales son cruciales para corregir las fallas de un gobierno y en promover la responsabilidad que el pueblo estadounidense merece», señaló. «Aunque no evaluó completamente el papel del Departamento de Estado en el avance de la desacreditada investigación de colusión rusa, esas deficiencias no eximen al presidente de la responsabilidad de proporcionar detalles al Congreso cuando se destituye a un inspector general».
Anteriormente, Grassley y el senador Ron Johnson de Wisconsin enviaron a Linick una carta en la que planteaban una serie de preguntas sobre su investigación acerca de una reunión clave en octubre de 2016, entre altos funcionarios del Departamento de Estado y el exespía británico Christopher Steele, quien compiló el polémico expediente que desempeñó un papel clave en el lanzamiento de la investigación de la campaña presidencial de Trump.
El inspector general del Departamento de Justicia (DOJ), Michael Horowitz, criticó al DOJ y al FBI por al menos 17 «errores y omisiones significativos» relacionados con la dependencia de la oficina al desacreditado expediente Steele y con las órdenes de vigilancia de la Ley de Inteligencia Extranjera contra el exasesor de la campaña Trump, Carter Page.
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