El senador Chuck Grassley (R-Iowa) envió una carta a la asesora de la Casa Blanca Dana Remus, solicitando respuestas sobre los planes de la administración para formar una «comisión bipartidista» para estudiar el sistema judicial federal y la Corte Suprema, y desarrollar recomendaciones para la reforma.
Grassley, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado y miembro destacado de la Comisión de Justicia del Senado, exigió saber por qué la llamada comisión de «reforma de los tribunales» se formó con el apoyo de la Oficina del Asesor de la Casa Blanca, lo que, según Grassley, podría tener el efecto de «protegerla potencialmente de las leyes de transparencia y de la rendición de cuentas ante el público».
El presidente Joe Biden planteó por primera vez la idea de formar una comisión de este tipo durante su campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2020. En una entrevista con 60 Minutes, dijo: «Si soy elegido, lo que haré será crear una comisión bipartidista de académicos, constitucionalistas, demócratas, republicanos, liberales y conservadores. Y les pediré que, en 180 días, me presenten recomendaciones sobre cómo reformar el sistema judicial, porque la forma en que se está manejando está fuera de control. Y no se trata de rellenar los tribunales».
Grassley citó en su carta (pdf) un artículo reciente de Politico que informaba, sin citar una fuente concreta, que la comisión estará «bajo la tutela de la Oficina del Asesor de la Casa Blanca».
Dijo que le preocupa el hecho de que la comisión funcione de forma abierta y transparente.
«Si el artículo es correcto en el sentido de que la comisión se alojará fuera de la Oficina del Asesor de la Casa Blanca, sus asuntos probablemente estarán sujetos a la Ley de Registros Presidenciales, lo cual retrasará cualquier [acción de] transparencia pública sobre las actividades de la ‘comisión bipartidista'», dijo Grassley, añadiendo que es escéptico sobre el término «comisión bipartidista».
Y añadió: «La Oficina Ejecutiva del Presidente está exenta de muchas leyes importantes de transparencia pública y me preocupa que cualquier plan por albergar esta ‘comisión bipartidista’ en la Casa Blanca aleje sus actividades de la opinión pública. Espero que no sea así».
Grassley proporcionó una lista de preguntas a Remus, pidiendo una respuesta antes del 15 de febrero. La pregunta más importante era una petición al gobierno de Biden para que se comprometiera a poner a disposición del público todos los registros de la comisión sin censura «en el momento oportuno».
Incógnitas
En su carta, Grassley pidió a Remus que confirmara si la comisión dependerá de la oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca. También le preguntó si será dirigida por el exasesor de la Casa Blanca Bob Bauer, como informó Politico, y si es así, cuál es la situación laboral de Bauer en la oficina ejecutiva.
Grassley también preguntó si la comisión está constituida conforme a la Ley de Comités Consultivos Federales, que garantiza que el asesoramiento de los distintos comités consultivos sea objetivo y accesible al público, y en caso contrario, si la Casa Blanca aceptaría que la comisión se atenga a las normas de divulgación de la Ley.
Asimismo, preguntó si la comisión está sujeta a la Ley de Registros Presidenciales, que permite el acceso público a los registros presidenciales pasados cinco años desde el final de la administración, ley que, no obstante, permite al presidente invocar hasta seis restricciones específicas en materia de acceso público durante un máximo de 12 años.
«Si la ‘comisión bipartidista’ estará sujeta a la Ley de Registros Presidenciales, ¿aceptaría usted, no obstante, dar acceso al público a todos los registros presidenciales no censurados generados por la ‘comisión bipartidista’ de manera oportuna, a pesar de las disposiciones de la Ley de Registros Presidenciales?», preguntó Grassley en su carta.
Grassley también preguntó si la Casa Blanca se comprometería a informar periódicamente al Comité de Justicia sobre los progresos de la comisión, ya que ésta trabaja en asuntos relacionados con el poder judicial federal. También preguntó si la Administración Biden había considerado albergar la comisión en el Departamento de Justicia, donde sus actividades estarían sujetas a la Ley de Libertad de Información.
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