Un grupo bipartidista en el Senado de Estados Unidos expresó el martes su preocupación por la reforma al poder judicial en México que propone elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.
En los últimos días, la reforma ha sido señalada por Estados Unidos ante las preocupaciones de que debilite la integración económica de America del Norte y erosione la confianza de los inversionistas en el marco jurídico mexicano.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Ben Cardin (D-Md.), y el miembro de alto rango, James Risch (R-Idaho), se unieron a los líderes del Subcomité del Hemisferio Occidental, el presidente, Tim Kaine (D-Va.), y el miembro de alto rango, Marco Rubio (R-Fla.), en una declaración conjunta el 27 de agosto.
«Un poder judicial independiente y transparente es un sello distintivo de cualquier país democrático. Estamos profundamente preocupados de que las reformas judiciales propuestas en México socaven la independencia y la transparencia del poder judicial del país, poniendo en peligro los intereses económicos y de seguridad críticos compartidos por nuestras dos naciones» señalaron en el documento.
Los senadores también expresaron su preocupación por otras reformas constitucionales actualmente en discusión que podrían «contradecir los compromisos asumidos en el Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canadá, que está programado para su revisión en 2026».
«Instamos encarecidamente a la administración López Obrador, así como a la administración entrante de Sheinbaum, a llevar a cabo solo aquellas reformas que mejoren las calificaciones profesionales, combatan la corrupción, protejan la autonomía judicial y fortalezcan la confianza de los inversores», pidieron los senadores diciendo que dichas consideraciones son esenciales para «preservar los valores democráticos y la prosperidad mutua» de ambos países.
Por su parte, Rubio calificó el martes las reformas como una «amenaza para los valores democráticos de nuestra región», según un posteo de X, del 27 de agosto.
El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, anunció el mismo martes una pausa con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en rechazo a los señalamientos del embajador estadounidense Ken Salazar a la reforma.
“La relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos. Es nada más con las embajadas y en especial con los embajadores de Canadá y Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos. Es un asunto de respeto a nuestro país”, aclaró el mandatario este 28 de agosto durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.
López Obrador argumentó que de acuerdo al artículo 39 de la Constitución mexicana es una decisión soberana de México cambiar la forma de su gobierno.
En respuesta a la pausa, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo el 27 de agosto que sigue apoyando el «compromiso de México de fortalecer el estado de derecho a través de la reforma judicial». Pero aclaró que Estados Unidos está preocupado de que la «elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial».
«Estados Unidos desea continuar su estrecha colaboración con México para alcanzar nuestros objetivos compartidos como socios iguales y en el espíritu de amistad que refleja nuestros lazos de antaño», aseguró.
El pasado 22 de agosto, Salazar advirtió que los cambios permitirán a los cárteles de la droga explotar el sistema judicial del país y pondrán en peligro las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.
«Las elecciones directas también facilitarán que los cárteles y otros malos actores se aprovechen de jueces políticamente motivados e inexpertos», señaló.
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