Un grupo de derechos civiles está pidiendo a los ejecutivos de la Universidad George Mason (GMU) que reconsideren su requisito de vacunación para el personal y los estudiantes en el semestre de otoño, alegando que es una política científicamente «irracional» que viola los derechos constitucionales y la ética médica.
La Nueva Alianza por las Libertades Civiles (NCLA), que se describe a sí misma como un grupo de derechos civiles no partidista y sin ánimo de lucro que busca «proteger las libertades constitucionales frente a las violaciones del Estado administrativo», afirmó en un comunicado de prensa del 22 de julio que la «defectuosa política de reapertura» de la GMU para el semestre de otoño «atenta contra las libertades civiles de los estudiantes, el profesorado y los empleados por igual».
La universidad, con sede en Fairfax, Virginia, anunció el jueves nuevos requisitos de vacunación para el semestre de otoño, citando la rápida propagación de la variante Delta, la cepa del virus del PCCh (Partido Comunista Chino) que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideran más transmisible y potencialmente más resistente a las vacunas.
«Mason se une a la creciente comunidad de universidades que exigen a todos los estudiantes, profesores y personal que se vacunen, y que compartan la verificación de su estado de vacunación, para poder trabajar, estudiar y vivir en el campus», dijo la GMU en un comunicado. «Por supuesto, aprobaremos las exenciones pertinentes por razones médicas y religiosas».
El presidente de la GMU, Gregory Washington, en un correo electrónico divulgado por Just The News, escribió que la revelación del estado de vacunación «será un requisito previo para poder optar a cualquier aumento de sueldo por méritos en el futuro» para el personal docente.
La NCLA representa a Todd Zywicki, un profesor de la Facultad de Derecho Scalia de la GMU que se recuperó de COVID-19.
«Para el profesor Zywicki, que se ha recuperado de COVID-19 y ha adquirido una sólida inmunidad natural, no solo es médicamente innecesario someterse a un procedimiento de vacunación en el momento actual, sino que hacerlo también crearía un riesgo de daño para él», escribió la NCLA en el comunicado.
En una carta (pdf) dirigida a los directivos de la GMU, la NCLA les instó a reconsiderar su política de vacunación, argumentando que la negativa de la universidad a reconocer la inmunidad natural o a conceder el pago por méritos al personal que no comparte su estado de vacunación podría dar lugar a una demanda. El grupo de derechos civiles impugna la política de vacunación de la GMU basándose en las enmiendas 9ª y 14ª.
«Aunque la política puede ser bien intencionada, la GMU ha incumplido sus obligaciones constitucionales y éticas al interferir en las decisiones de salud que deben residir en los individuos y sus proveedores médicos», escribió la NCLA.
La NCLA instó a la GMU a reexaminar la política, «para considerar la inmunidad natural al menos equivalente a la que se consigue mediante la vacunación, y para confirmar que el profesor Zywicki no perderá la elegibilidad para futuros aumentos de sueldo (por mérito o de otro tipo) si no desea compartir su estado de vacunación».
Zywicki, en un comunicado, dijo: «George Mason me está obligando a elegir entre servir a mis estudiantes por un lado y someterme a un procedimiento médico innecesario y potencialmente arriesgado por otro. Múltiples estudios clínicos han demostrado que la inmunidad natural proporciona al menos tanta protección contra la reinfección como las vacunas más eficaces».
La GMU no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Los mandatos de vacunación se han convertido en un tema polémico, con defensores que argumentan que son necesarios para mantener a la gente segura, mientras que los opositores los denuncian como violaciones inaceptables a la autonomía del cuerpo.
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