Un grupo sin ánimo de lucro demandó a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, por promulgar poderes de emergencia para hacer frente a la crisis de los sin techo en la ciudad.
Fix The City, un grupo de rendición de cuentas del gobierno, presentó la demanda el 25 de septiembre ante la Corte Superior de Los Ángeles, en contra del que la ciudad adoptara el 5 de julio una orden de emergencia sobre los sin techo de la Sra. Bass, lo que le permitió declarar una emergencia local.
La demanda alega que la orden viola las leyes estatales relativas a la declaración de emergencias locales, exigiendo la licitación competitiva para los contratos de más de 5000 dólares, y permitiendo a la alcaldesa «requisar propiedades» en violación de las protecciones constitucionales de dominio eminente.
«Esta ley pone demasiado poder en manos de los funcionarios municipales», declaró Mike Eveloff, presidente de Fix The City. «Como ya hemos visto, los funcionarios municipales parecen creer que, en nombre de la emergencia declarada, pueden mantener negociaciones secretas y seleccionar a los proveedores sin notificarlo al público hasta que el proyecto esté ‘cerrado’. Esto elimina el debido proceso y excluye al público de toda participación».
El grupo afirma que la orden de emergencia viola la ley estatal al permitir al alcalde dictar nuevas normas, reglamentos y órdenes que entran en vigor inmediatamente, requisar propiedades, ejecutar contratos unilateralmente y suspender licitaciones públicas.
El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó por primera vez la declaración de emergencia de la recién elegida alcaldesa en diciembre de 2022. Desde entonces, la Sra. Bass ha firmado directivas para agilizar la aprobación de ciertos proyectos de vivienda asequible e iniciar un programa para llevar a los residentes al interior.
De forma similar a las emergencias sanitarias declaradas en la mayoría de ciudades y estados de Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19, la emergencia para las personas sin hogar permite acortar algunas aprobaciones y revisiones.
A su vez, el grupo afirma que no tiene ningún problema con la declaración de una crisis de personas sin hogar, siempre que la acción no prive al público de sus derechos. La demanda pretende invalidar la actual declaración de emergencia y todas las acciones relacionadas con ella.
Se estima que 41,980 personas no tienen hogar en la ciudad de Los Ángeles, un 1.7% más que en 2020, según el último recuento de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles.
Otra funcionaria demócrata, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, se enfrenta a una petición de impeachment tras declarar una orden de emergencia similar para hacer frente a la violencia armada prohibiendo la portación de armas de fuego en una ciudad.
La Sra. Grisham también ha sido demandada por numerosos grupos defensores de las armas que piden a la corte que dictamine que la violencia armada y el consumo de drogas no son emergencias de salud pública, y que la orden viola la separación constitucional de poderes.
La oficina de la Sra. Bass no devolvió la solicitud de comentarios.
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