Una organización nacional de derechos legales de Estados Unidos dijo que presentó la primera demanda entre lo que serán docenas más contra los centros sanitarios del país que están negando a los pacientes sus trasplantes de órganos por no estar vacunados contra el COVID-19.
En su primera demanda, contra el centro de trasplantes de la Universidad de Michigan, el Instituto de Justicia del Pacífico (PJI) sostiene que los hospitales están aplicando políticas ilegales e inconstitucionales al exigir un tratamiento médico en contra de la voluntad del paciente.
«Las personas en Estados Unidos tienen el derecho constitucional inherente y fundamental otorgado por Dios y no por ninguna junta gubernamental, de solicitar o rechazar un tratamiento médico o cualquier parte de un tratamiento médico», afirma el PJI en la demanda que presentó el 5 de julio a la junta de regentes que supervisa la Universidad de Michigan.
Según Dave Peters, abogado principal de PJI, la organización californiana presentará una segunda demanda en algún momento de esta semana contra la clínica Lehigh Valley de Pensilvania.
Ni la Universidad de Michigan ni la Clínica Lehigh Valley respondieron a las preguntas de The Epoch Times sobre los litigios.
En una respuesta escrita a la notificación de PJI de su intención de demandar al hospital, fechada el 26 de mayo, el consejero general de la universidad, Thomas Kent, declaró que «la demanda no alegaba la violación de ningún derecho constitucional claramente establecido».
Además de las supuestas violaciones constitucionales, las demandas sostienen que los hospitales también están violando las leyes de consentimiento informado y el juramento hipocrático de los médicos de no hacer daño a los pacientes.
«Ellos están eligiendo dejar morir a los pacientes al negarse a proporcionarles una atención médica que les salve la vida, forzando una atención médica que no tiene beneficios establecidos», dijo Peters, «si eso no es moral, ética y legalmente indignante, entonces no sé qué lo es».
Ross Barranco, uno de los pacientes representados en la demanda de Michigan, dijo a The Epoch Times que se opone a la vacuna por razones que incluyen el hecho de que no la considera segura.
Según el paciente, quien requiere un trasplante de riñón, el gobierno o los hospitales que aún no han presentado ningún estudio que demuestre lo contrario.
«Ellos reciben una compensación por poner las vacunas y si ocurre algún daño por la vacuna, reciben dinero por tratarnos por ello. Esta es una situación en la que la industria médica sale ganando», dijo Barranco.
A pesar de que su salud está comprometida, Barranco dijo que se presenta como candidato a comisario del condado de Oakland, en el distrito 15 de Michigan, para ayudar a «restaurar el derecho a la soberanía del pueblo en Estados Unidos».
Otros pacientes representados en las demandas de PJI son Katie Shier, de 35 años, que necesita urgentemente un trasplante de corazón.
A Shier solo le queda un siete por ciento de función cardíaca. Mientras tanto se mantiene con vida gracias a un servicio de asistencia ventricular que le fue implantado.
Ella fue incluida en la lista de candidatos a un trasplante de corazón en junio del año pasado, pero, al igual que Barranco y otros, fue retirada en diciembre después de que la Universidad de Michigan adoptara la política de que todos los candidatos a trasplante debían vacunarse contra el COVID-19.
Las políticas de vacunación o no trasplante no se limitan a la vacuna contra COVID.
Recientemente, como se informó en una historia exclusiva de The Epoch Times, el Hospital Infantil de Vanderbilt se negó a realizar un trasplante de corazón para salvar la vida de August Stoll, de 6 meses de edad, porque no estaba al día en el calendario de vacunas recomendado por el estado para los niños menores de 12 años.
Deborah Catalano, coordinadora principal de litigios de Liberty Counsel, que representa a varios veteranos a los que se les ha denegado el trasplante de órganos por no querer recibir la vacuna COVID-19, dijo a The Epoch Times que ahora tiene una clienta no vacunada a la que se le deniega la atención postoperatoria de un trasplante de riñón que se le hizo antes de que existiera la vacuna.
Los hospitales sostienen que siguen las recomendaciones establecidas por las organizaciones nacionales de trasplantes, algunas de las cuales tienen fuertes vínculos financieros con los fabricantes de vacunas, incluida la vacuna contra COVID-19.
Entre sus patrocinadores corporativos, la Sociedad Estadounidense de Trasplantes (AST) y la Red Unida para Compartir Órganos (UNOS), por ejemplo, incluyen al gigante de la fabricación de vacunas Sanofi —que se asoció con Pfizer y Johnson & Johnson para producir la vacuna contra COVID-19.
Los patrocinadores corporativos de AST también incluyen al gigante de las vacunas Merck, CSL Behring, que se asoció con AstraZeneca para producir su vacuna contra COVID-19; y Novartis, que al igual que Sanofi, se asoció con Pfizer para producir su vacuna contra COVID-19.
UNOS recibe el 10 por ciento de su financiación del gobierno federal, que promueve intensamente la vacuna contra COVID-19.
Peters declaró a The Epoch Times que si es necesario, su organización está preparada para llevar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos a los hospitales que se nieguen a realizar trasplantes para salvar la vida de los pacientes basados en su estado de vacunación.
Varios estados están realizando esfuerzos legislativos para prohibir que los hospitales se nieguen a realizar trasplantes de órganos a pacientes que no están vacunados.
En mayo, una madre presentó una demanda federal contra el Hospital Infantil DeVos de Grand Rapids (Michigan) por exigir antes de realizar un trasplante de riñón la vacuna contra COVID-19 a su hija de 17 años, que padece una insuficiencia renal en fase 3.
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