El grupo Propietarios de Armas de Estados Unidos (Gun Owners of America-GOA), que se describe a sí mismo como el «lobby de armas sin concesiones», está preparando un demanda legal a la regulación de las armas fantasma del presidente Joe Biden, según el vicepresidente senior de GOA, Erich Pratt.
En una memorable conferencia de prensa celebrada en abril en el Rose Garden, durante la cual Biden mostró cómo armar piezas de armas, el presidente anunció una nueva norma impuesta por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) a instancias del gobierno, que hace varias cosas para restringir el acceso a las armas. Esta prohíbe el negocio de la fabricación de kits de «compra-construye-dispara» no seriados que pueden adquirise sin una comprobación de antecedentes. Los kits contienen piezas que pueden ser ensambladas en un arma. Estos kits se considerarán ahora armas de fuego según la Ley de Control de Armas.
Esto significa que los fabricantes comerciales de estos kits deben obtener una licencia e incluir números de serie en el armazón o el receptor del kit, y los vendedores comerciales de estos kits deben obtener una licencia federal y realizar controles de antecedentes antes de la venta, como hacen con otras armas de fuego fabricadas comercialmente.
La normativa federal entrará en vigor 120 días después del 26 de abril de 2022, fecha en que se publicó en el Registro Federal.
Los defensores de la Segunda Enmienda (el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no debe ser infringido) dicen que la regulación es inconstitucional, restringiría la actividad inocente de las armas y podría ser el comienzo de que el gobierno mantenga una lista de propietarios de armas que podría conducir a la confiscación pública de las mismas.
Pratt dice que la administración está llamando peyorativamente a las armas caseras «armas fantasma» y que sería problemático que Biden por sí solo provoque un cambio tan importante en las leyes de armas de Estados Unidos.
«Básicamente él admitió en el Jardín de las Rosas que no podía conseguir que se aprobara el control de armas en el Congreso, dijo que el Congreso no está aprobando ninguna restricción al control de armas, así que en última instancia, él está dando una conclusión fuera del Congreso», dijo Pratt a The Epoch Times. «Solo quiere aprobar el control de armas, cualquier control de armas, pero realmente eso no es legal. Es el trabajo del Congreso, no del presidente, hacer leyes».
La regulación podría llevar a restricciones en los derechos de la Primera y Segunda Enmienda, dijo Pratt, quien predijo que no tendrá un impacto en el crimen.
«Esto no va a hacer nada para frenar la delincuencia. Es un engaño total. El verdadero problema es que la izquierda ha devuelto a los delincuentes a la calle, donde vuelven a cometer delitos», dijo Pratt. «También está la amenaza del registro que es un gran problema. Los propietarios de armas siempre nos hemos opuesto al registro porque, históricamente, no se puede confiar a los políticos este tipo de información».
Val Finnell, director de GOA en Pensilvania, dijo que poner números de serie en las armas da un mecanismo al gobierno para registrarlas, mientras tanto, los delincuentes arrancan los números de serie de las armas. También indicó que es fácil que el gobierno convierta un registro de armas en una lista para la incautación.
«Esto ocurrió en Nueva York. En los años sesenta registraron las armas largas y prometieron: ‘Nunca vamos a utilizar la lista para confiscar’. Eso es exactamente lo que ocurrió. En 1990, Nueva York utilizó la lista de registro para confiscar armas de fuego», dijo Finnell a The Epoch Times. «Entonces luego, creo que en 1991, dijeron: ‘Vamos a hacer controles puntuales para comprobar el cumplimiento’. Lo que ocurre con los registros de armas está bien documentado en la historia. Además continuamente mueven el péndulo hacia esa dirección. Quieren seguir serializando más armas, más restricciones, ahora la comprobación universal de antecedentes es el siguiente paso para prohibir todas las ventas privadas de armas de fuego, por lo que estas tienen que pasar por el Sistema Nacional de Comprobación Instantánea de Antecedentes Penales».
«Ellos quieren crear este estado de vigilancia orwelliano sobre la gente y el gobernador Tom Wolf y Josh Shapiro están totalmente detrás de esa agenda», dijo Finnell.
Como fiscal general de Pensilvania, en 2019, Shapiro intentó implementar una norma similar en Pensilvania. Fue demandado y una corte lo bloqueó. Ahora Shapiro, un demócrata, se postula para gobernador.
El gobernador Wolf anunció planes para implementar las mismas regulaciones a nivel estatal.
«Las cifras no mienten: las armas fantasma están siendo incautadas y recuperadas de las escenas del crimen a un ritmo alarmante», dijo Wolf en una declaración el viernes. «Si se quiere tener un arma, hay que pasar por los controles necesarios para garantizar la seguridad pública. Las armas no seriadas son una amenaza imposible de rastrear para nuestra sociedad, por eso estamos dispuestos a reflejar inmediatamente esta nueva regulación federal a nivel estatal lo antes posible».
Es una medida que debería preocupar a los estadounidenses, dijo Finnell.
«En este país nosotros hemos tenido el derecho de fabricar nuestras propias armas de fuego —nuestras propias armas— desde antes de la fundación de nuestra república», dijo Finnell. «Ellos quieren restringir este derecho que tenemos desde hace mucho tiempo. Ese es nuestro problema, además de la extralimitación enormemente inconstitucional y la elaboración de leyes por decreto ejecutivo».
La GOA de Pensilvania está considerando demandar al estado si Wolf sigue adelante con sus planes.
En un caso similar, GOA está pidiendo actualmente a la Corte Suprema que considere su demanda contra la prohibición de los bump stocks, que también surgió como una regulación de la ATF a instancias del presidente Donald Trump.
«Eso es tan relevante aquí», dijo Pratt. «Si somos capaces de ganar ese caso, restringirá drásticamente la capacidad de las agencias federales para básicamente ignorar al Congreso e inventar su propia versión de la ley que enviará a la gente a la cárcel».
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