Un grupo pro buen gobierno ha demandado al Distrito de Columbia para que bloquee la nueva ley que permite a los no ciudadanos —legales o no— votar en las elecciones locales.
La ley, que entró en vigor el 14 de marzo después de que el Congreso no la revocara, autoriza a unos 50,000 residentes no ciudadanos, incluidos extranjeros ilegales, a participar en las elecciones locales de distrito.
Los críticos afirman que permitir que los no ciudadanos voten en las elecciones estadounidenses a cualquier nivel de gobierno degrada la ciudadanía estadounidense y diluye los votos de los ciudadanos estadounidenses, al mismo tiempo que debilita los valores cívicos.
Este tipo de voto también viola el derecho constitucional fundamental de los ciudadanos a votar y les niega la igualdad de protección de la ley, afirman.
La Ley de Enmienda del Derecho de Voto de los Residentes Locales de 2022 permite votar en las elecciones locales a los no ciudadanos que tengan al menos 18 años el día de las elecciones, que hayan vivido en el Distrito al menos 30 días antes de las elecciones y que no hayan sido inhabilitados para votar por un tribunal de justicia.
La medida contó con el apoyo casi unánime del Consejo de Washington y se convirtió en ley sin la firma de la alcaldesa, la demócrata Muriel Bowser.
El partidario de la ley y miembro demócrata del Consejo, Charles Allen, dijo el 27 de septiembre de 2022 que la ley era necesaria porque «los inmigrantes, ya sean ciudadanos naturalizados, residentes legales permanentes, solicitantes de asilo, beneficiarios de DACA, residentes indocumentados o de otro tipo, son miembros valiosos de nuestra comunidad. Ellos son nosotros».
DACA son las siglas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, una política federal que protege de la deportación a ciertas personas que llegaron a Estados Unidos a una edad temprana y les proporciona un permiso de trabajo.
Los críticos dicen que DACA es una especie de amnistía migratoria.
«Los inmigrantes se preocupan profundamente por cuestiones que afectan a sus comunidades y familias, como el control de armas, el cambio climático, la atención médica, la vivienda asequible, las escuelas de calidad, el acceso a alimentos saludables, cuestiones que afectan a todos los residentes y están directamente influenciadas por nuestro gobierno local», dijo.
«Nuestros vecinos no ciudadanos, muchos de los cuales han vivido, trabajado y criado una familia en el distrito durante décadas, merecen la oportunidad de participar en su gobierno y determinar sus propios líderes, al igual que todos nosotros», dijo Allen.
El Distrito de Columbia, cuyo territorio fue cedido originalmente por Maryland y Virginia, no es un estado, pero los ciudadanos estadounidenses de este enclave federal pueden votar en las elecciones presidenciales desde que entró en vigor la 23ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos en 1978.
El distrito es muy demócrata y ha votado mayoritariamente al candidato presidencial demócrata en todas las elecciones generales desde que se ratificó la enmienda.
En virtud de las disposiciones sobre autonomía, las leyes promulgadas por el Consejo del Distrito de Columbia, elegido por los votantes del distrito, pueden ser revocadas si ambas cámaras del Congreso están de acuerdo.
El 9 de febrero, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó una resolución por la que desaprobaba la ley local, pero el Senado no hizo lo mismo, lo que permitió que la ley entrara en vigor.
Christopher Hajec, director de litigios del Immigration Reform Law Institute (IRLI), que representa a los demandantes, denunció la ley.
«Esta ley —y otras similares que están apareciendo por todo el país— es un ataque directo al autogobierno estadounidense», dijo Hajec en una declaración facilitada a The Epoch Times.
«Los defensores de esta ley afirman que da a los ciudadanos de naciones extranjeras ‘voz’ en los asuntos de la ciudad en la que residen. Pero ya tienen voz, protegida por la Primera Enmienda».
«Son libres de hablar, escribir, asistir a las reuniones del consejo, etcétera. Esta ley no sólo da voz a los ciudadanos extranjeros en los asuntos de nuestro país, sino que les otorga un poder de voto al que los políticos inevitablemente tendrán que responder».
«Esa transferencia de poder va en contra del claro derecho del pueblo estadounidense a gobernarse a sí mismo», afirmó.
Al menos 15 municipalidades de Estados Unidos han autorizado a los no ciudadanos a votar en las elecciones locales, incluidas ciudades importantes como San Francisco y Nueva York. La ley de la ciudad de Nueva York, que habría permitido votar a unos 800,000 no ciudadanos, fue anulada por un tribunal por ser contraria a la Constitución estatal.
Dale Wilcox, director ejecutivo y abogado general de IRLI, añadió: «El soberano de esta nación democrática es el pueblo, los ciudadanos estadounidenses».
«Cuando su poder se erosiona, nuestra nación empieza a perder su independencia. Y esa erosión irá en aumento. Si no se derogan leyes como ésta, en muchos estados se pedirá que se permita a los extranjeros votar en las elecciones estatales e incluso en las federales», dijo Wilcox.
La principal demandante en la demanda de D.C. es Stacia Hall, candidata republicana a la alcaldía del distrito en 2022. Los otros siete demandantes son también ciudadanos estadounidenses.
La demanda judicial en el caso Hall contra la Junta Electoral del Distrito de Columbia se presentó el 14 de marzo ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia.
La demanda del Distrito de Columbia se produjo mientras los republicanos demandaban a la ciudad de Winooski, en Vermont, para bloquear una ordenanza local que permite a los extranjeros votar en las elecciones al consejo escolar.
The Epoch Times se puso en contacto con la Junta Electoral del Distrito de Columbia para solicitar comentarios, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.
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