El grupo America First Policy Institute, vinculado a Trump, presentó una demanda contra la administración Biden por su orden de vacunación para empresas privadas con 100 o más empleados.
La Asociación de Litigios Constitucionales del grupo, que ayudó al expresidente Donald Trump a presentar su demanda contra Facebook y Twitter a principios de año, pidió a la Corte de Apelaciones del 8° Circuito (pdf) que bloquee temporalmente la norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) que se emitió la semana pasada.
Hasta ahora, docenas de estados, empresas e individuos han presentado demandas contra la orden. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito bloqueó temporalmente la regla el 6 de noviembre, aunque los funcionarios de la Casa Blanca han dicho que confían en que la norma se mantendrá.
America First Policy Institute, junto con Alliance for Free Citizens, representan a dos empresas de Dakota del Norte con 100 o más empleados, DTN Staffing y Miller Insulation. Argumentaron que, con la regla, «el gobierno federal está violando los derechos de los estadounidenses al infringir la libertad individual y el derecho de los estadounidenses a tomar decisiones de salud personal sin el riesgo de perder su trabajo», según un comunicado de prensa adjunto.
Además, el recurso legal argumentaba que la norma temporal de emergencia de la OSHA crea un «impacto desproporcionadamente adverso» en las personas con creencias religiosas sinceras. Los abogados argumentaron que la opción de las pruebas semanales y el uso de mascarillas también «impacta gravemente su ejercicio de la fe religiosa» y «trata injustamente de manera diferente a los empleados vacunados» porque la regla requiere «que usen mascarillas en todo momento mientras están en el trabajo» y obligándolos a pagar por las pruebas semanales.
Kris Kobach, abogado general de Alliance for Free Citizens, argumentó que su caso fundamentalmente busca la defensa de la Constitución de Estados Unidos contra la extralimitación de la administración Biden.
Su demanda se produce después de una serie de impugnaciones presentadas contra la orden por estados cuyos líderes son republicanos, grupos afiliados al Partido Republicano y empresas privadas.
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo esta semana que, a pesar de las demandas, las empresas deberían «seguir adelante» para intentar adherirse a la regla de OSHA estableciendo procedimientos para las pruebas y las ordenes de vacunación dirigidas a los trabajadores.
“Estas son políticas que protegen a la fuerza laboral y evitan interrupciones en las empresas relacionadas con el COVID-19”, dijo el martes.
Días antes, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, le dijo a «Meet the Press» que confía en que la administración Biden prevalecerá en los tribunales con respecto a la implementación de la regla.
«Estoy bastante seguro de que cuando esto finalmente se resuelva por completo, no solo una orden temporal, se mantendrá la validez de este requisito», dijo el domingo. «Es de sentido común… si OSHA puede decirle a la gente que use un casco en el trabajo, que tenga cuidado con los productos químicos, puede implementar estas sencillas medidas para mantener seguros a nuestros trabajadores».
Varias asociaciones comerciales, como las que representan a los camioneros y fabricantes, dijeron que si la orden se aprueba desencadenaría importantes cuellos de botella en la cadena de suministro, lo que a su vez probablemente provocaría un aumento repentino de los precios.
La Asociación Estadounidense de Camioneros advirtió que estima que alrededor del 13 por ciento de los camioneros dejarían la industria por completo, y alrededor del 37 por ciento de los conductores posiblemente dejarían sus trabajos en grandes empresas de transporte y buscarían empleo en otro lugar.
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