Los grupos cívicos de Bolivia alertaron este martes con realizar una huelga a nivel nacional si continúan las aprehensiones como la de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y exigieron la liberación de ella y sus dos exministros de manera inmediata.
Los representantes cívicos y de organizaciones ciudadanas se reunieron este martes en la sede del Comité Cívico Pro Santa Cruz en esa ciudad oriental para definir las acciones que realizarán a propósito de la aprehensión y el encarcelamiento preventivo de las exautoridades interinas.
Luego de horas de reunión, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, leyó la resolución del Movimiento Cívico Nacional, conformada por nueve comités cívicos de Bolivia, en la que advierten con una huelga cívica en todo el país si continúan los arrestos o detenciones ilegales en el marco del caso denominado «golpe de Estado» por el que detuvieron a Áñez y sus exministros.
También resolvieron exigir la liberación inmediata de la exmandataria interina Áñez, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, exministro transitorio de Justicia y de Energía respectivamente, y de los «perseguidos políticos» que son «víctimas del sistema de justicia implantado por el dictador Evo Morales», indica la resolución.
Los cívicos manifestaron que no permitirán más «apresamiento ilegales» ni «persecuciones» con fines políticos y exigieron que se otorgue «amnistía» de forma igualitaria para policías, cívicos y ciudadanos «que lucharon» por el país.
Además denunciarán ante organismos internacionales «la grave violación y atropello a los derechos humanos para que se adopten medidas inmediatas para «proteger al pueblo boliviano».
También piden que se conforme una comisión internacional que investigue los hechos de corrupción y persecución política en el país.
Siete «refugiados» en Santa Cruz
Tras las aprehensiones de las exautoridades y del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, al menos siete personas que pertenecen a ese grupo, calificado como paramilitar por el Gobierno de Arce, se refugiaron en el Comité Cívico Pro Santa Cruz para evitar sus detenciones.
Son cinco hombres y dos mujeres de la RJC que se «refugiaron» en esas instalaciones en la oriental Santa Cruz, luego de que Molina fue aprehendido el sábado y trasladado hasta la ciudad de Sucre para ser investigado por hechos ocurridos en octubre de 2020 en la Fiscalía General del Estado, aunque ya fue liberado el lunes.
Una de ellas es Milena Soto, quien aseguró a Efe que sufrió «persecución» en la central Cochabamba, donde vagonetas sin placas se parqueaban cerca de su casa, y denunció que había «movimientos» poco usuales fuera de su hogar.
Esta situación le obligó a salir de su casa en la cajuela de un auto junto a su hijo por temor a ser detenida y se tuvo que alejar de su pequeño por su propio bien.
«No existió un golpe de Estado. Si el Gobierno actual sigue repitiendo eso a los movimientos sociales, a medios internacionales y nacionales, entonces nunca va a parar esta cacería, siempre van a estar detrás de nosotros», comentó Soto a Efe.
Ella no piensa salir de esas instalaciones hasta que hayan «garantías» y continuará con la «lucha» por darle un mejor futuro a su hijo sin la necesidad de «tener una etiqueta azul en el pecho», haciendo referencia al color del partido oficialista.
De la misma forma, el boliviano Luis Terán contó a Efe que pensó que el Gobierno de Luis Arce iba a cumplir su promesa de no hacer «persecución política», pero que se siente «perseguido» por lo que llegó hasta el Comité Pro Santa Cruz.
Terán le pidió a Arce que su Gobierno deje de perseguir a las personas y que «se dedique a levantar el país».
El lunes miles de personas marcharon en las ciudades principales de Bolivia llevando banderas del país para protestar contra el encarcelamiento de la exautoridades.
En tanto las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el bastión de Evo Morales, se declararon en «estado de emergencia» porque las marchas ciudadanas pretenden «desestabilizar» el país.
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