Grupos de izquierda están presentando quejas y demandas alegando que los distritos escolares conservadores están «discriminando» a los estudiantes transgénero al adoptar políticas basadas en el sexo biológico.
Mientras tanto, los padres de todo el país están rechazando las políticas escolares transgénero. Muchas escuelas y universidades ahora exigen que las niñas y mujeres compartan baños y vestuarios con hombres biológicos.
Muchos padres también han pasado a la ofensiva en las reuniones de las juntas escolares para impedir que las escuelas llamen a sus hijos con pronombres transgénero, a veces sin su conocimiento.
Las acciones legales a favor de las personas transgénero son «una táctica de intimidación para forzar el cumplimiento de su análisis legal incorrecto», dijo Jonathan Hullihan, abogado de Texas del grupo conservador Citizens Defending Freedom (CDF).
El grupo de vigilancia emitió un comunicado el 18 de septiembre defendiendo la política de baños de una junta escolar conservadora de Texas que coincide con el sexo biológico.
«Quieren que las escuelas adopten políticas de identidad de género», añadió Hullihan.
Los grupos de defensa de izquierda sostienen que los estudiantes transgénero están siendo discriminados injustamente.
Las ramas estatales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y grupos como Lambda Legal han presentado demandas o quejas ante la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de EE.UU. contra los sistemas escolares de Texas, Oklahoma, Idaho, Ohio y Pensilvania por los «derechos» transgénero.
Las quejas alegan que los baños escolares y las políticas de pronombres basadas en el sexo al nacer violan las libertades civiles de los estudiantes transgénero bajo el Título IX. Esta ley de 1972 prohíbe la discriminación basada en el sexo en cualquier programa educativo financiado con fondos federales.
Los críticos dicen que la administración Biden está tratando de cambiar el significado del Título IX afirmando que protege la identidad de género.
El Departamento de Educación emitió una «guía» en junio de 2021 que prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y prometió hacer cumplir la ley contra los infractores, incluida la pérdida de fondos federales para las escuelas.
En junio pasado, el Distrito Escolar Independiente de Keller en el norte de Texas adoptó una postura contra la ideología transgénero.
La junta escolar adoptó políticas que contradicen la interpretación de los «derechos de las personas transgénero» del gobierno federal. El distrito designó espacios personales según el sexo biológico e instruyó al personal, educadores y otros empleados a dirigirse a los estudiantes utilizando los nombres asociados con sus certificados de nacimiento.
Keller ISD también exigió a sus escuelas que hicieran adaptaciones razonables para los estudiantes, incluidos baños de usuario único para estudiantes transgénero.
El 10 de agosto, la ACLU de Texas y otros grupos presentaron una denuncia por discriminación sexual contra el distrito ante la Oficina de Derechos Civiles, alegando que Keller ISD estaba violando el Título IX.
Además, la ACLU de Texas presentó una denuncia por discriminación sexual contra el Distrito Escolar Independiente de Frisco, en el norte de Texas, en noviembre de 2022 después de que la junta escolar votara para vincular el uso de los baños al sexo biológico.
Más tarde, sin embargo, el distrito publicó en su sitio web que los estudiantes transgénero podían usar el baño de su elección.
Los padres de Frisco ISD se quejaron durante un comentario público, en una reunión del consejo, comentando que una niña que se identificaba como un niño fue vista usando un dispositivo protésico llamado «Stand to Pee Packer» (Empaquetador de pie para orinar) para hacer sus necesidades en el urinario de los niños.
Citizens Defending Freedom defendió el distrito de Keller y dijo en un comunicado de prensa que la ACLU de Texas, alineada con Biden, había hecho «acusaciones infundadas» de discriminación.
«La denuncia de la ACLU carece de fundamento tanto fáctico como legal, y parece ser un intento de intimidar a Keller ISD y a otros distritos escolares para que se sometan», afirmó el grupo.
Según legisladores conservadores, el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante la presidencia de Biden ha atacado erróneamente a los padres que hablan con franqueza.
El Departamento emitió un mandato en 2021 para investigar a padres que se presentan en las juntas escolares en lugares como el condado de Loudoun, Virginia.
En este suburbio del área de Washington, una niña fue violada en un baño por un niño que vestía falda y que fue trasladado silenciosamente a otra escuela, donde agredió sexualmente a otra niña.
El padre de la primera niña se enojó cuando la junta escolar cerró la discusión sobre el asunto y fue arrestado. Eso desencadenó una revuelta de padres que se extendió desde el condado de Loudoun a todo el país.
La Asociación Nacional de Juntas Escolares (NSBA) y la Casa Blanca se coordinaron para elaborar una carta instando a las autoridades federales a investigar a los padres, utilizando herramientas antiterroristas como la Ley Patriota, según un informe del Comité Judicial de la Cámara y el Subcomité Selecto sobre la instrumentalización del gobierno.
El informe fue el resultado de una investigación dirigida por el representante republicano Jim Jordan (R-Ohio) sobre el mal uso de recursos gubernamentales contra ciudadanos estadounidenses.
Contrariamente a lo que afirma la ACLU, ninguna ley federal o estatal prohíbe las acciones de Keller ISD y otras escuelas para basar sus políticas en el sexo en lugar de la ideología de género, según el comunicado de prensa de la CDF.
Interpretar el Título IX como lo hizo la ACLU requeriría una «lectura distorsionada e ilógica de la ley, ya que el Título IX permite explícitamente distinciones basadas en el sexo biológico», dijo la CDF.
El grupo de vigilancia declaró que la dependencia de la ACLU a la decisión de 2020 de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Bostock vs el condado de Clayton está fuera de lugar. Esa opinión trataba sobre el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El tribunal superior dictaminó que los empleadores no pueden discriminar por motivos de homosexualidad o identidad de género.
Bostock no se extiende al contexto del Título IX, como han afirmado los tribunales de todo el país, argumenta la CDF.
El Título IX contiene disposiciones que autorizan o permiten actividades e instalaciones separadas por sexos basadas en el sexo biológico. La CDF afirmó que estas disposiciones son consistentes con la intención de la ley y la revisión del Congreso.
La denuncia de la ACLU afirma que las políticas de Keller ISD pueden dañar la salud mental de los estudiantes transgénero, no binarios e intersexuales.
CDF sostiene, sin embargo, que Keller ISD es uno de los pocos distritos escolares que afirma que la mejor manera de proteger a todos los estudiantes y respetar la autoridad de los padres es mantener la distinción binaria entre hombres y mujeres.
«Estoy orgullosa de estar junto a la CDF en su apoyo a Keller ISD en este tema», dijo Janelle Davis, abogada de derecho educativo que colabora con la CDF.
Los estados conservadores como Texas también se están involucrando en la lucha contra la postura de la administración Biden sobre el Título IX.
En junio, Texas demandó al Departamento de Educación de Estados Unidos (DOE) por amenazar con retener miles de millones de dólares en fondos federales de las escuelas que se nieguen a adoptar la ideología transgénero.
El DOE quiere «transformar radicalmente» las instituciones educativas equiparando el sexo con la identidad de género o la condición de transgénero, según la demanda presentada por la Oficina del Procurador General de Texas.
A medida que aumentan los desafíos legales en ambas partes, es más probable que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga.
En agosto, un juez de Ohio falló en contra de los padres que demandaban para obligar al Distrito Escolar Local de Bethel a revertir su decisión de permitir que los estudiantes transgénero usaran baños que coincidieran con su identidad de género.
En enero, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la ACLU de Ohio intervinieron en favor de un estudiante transgénero en la escuela Bethel.
El juez federal de distrito Michael J. Newman para el Distrito Sur de Ohio desestimó todos los reclamos federales de los padres, poniendo fin efectivamente al caso, según un comunicado de la ACLU.
«Nada en las garantías constitucionales a los derechos de los padres, la igualdad de protección o el libre ejercicio de la religión exige que los estudiantes transgénero sean excluidos de los baños comunitarios apropiados para su género sobre la base de las creencias y valores de sus compañeros de clase», dijo David Carey, subdirector legal de la ACLU de Ohio.
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