La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia llamó este lunes al régimen de Nicaragua a «levantar las brutales sanciones sobre la población», en referencia a la prohibición de libertad de expresión y la liberación de los «presos políticos».
La Alianza llamó al Gobierno a «levantar las brutales sanciones que sobre la población ha venido aplicando desde el 18 de abril del año pasado. En particular exigimos el levantamiento de la prohibición a la libre expresión, la libre movilización y a la liberación de los presos políticos».
El llamado de la oposición al régimen se trata de una réplica a la insistencia del Ejecutivo en su petición a la Alianza de que solicite a la comunidad internacional que se abstenga de aplicar sanciones económicas a Nicaragua, como ya lo ha hecho Estados Unidos contra al hijo de Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, Laureano Ortega Murillo.
Los cruces entre el régimen del presidente Daniel Ortega y la oposición se dan luego de la negativa de la Alianza a volver a la mesa de negociaciones con Ortega, al que acusa de no cumplir con los compromisos firmados en la ruta de encontrar una solución a la crisis sociopolítica local.
En las negociaciones desarrolladas de febrero a abril pasado, las partes acordaron que el régimen liberaría a los «presos políticos», y además respetaría la Constitución en lo referido a la libertad de expresión y de prensa.
En dichas negociaciones también se acordó que la Alianza pediría suspender las sanciones una vez que el régimen cumpliera con lo acordado, y luego de que se alcanzaran acuerdos y se dieran pasos concretos en otros dos grandes temas, como son la justicia para las víctimas de la crisis y el retorno a la democracia.
La Alianza alega que no puede pedir a la comunidad internacional que suspenda las sanciones mientras el régimen no cumpla con ninguno de los acuerdos: «No es mediante llamamientos líricos y vacíos que se levantarán las sanciones, sino con hechos reales», advirtió la oposición.
«Exigimos levantar la sanción de impunidad a los crímenes cometidos», insistió la Alianza, que además solicitó «levantar el acoso a los familiares de presos y excarcelados», así como «levantar la sanción de criminalizar el periodismo independiente».
«Las sanciones internacionales que fútilmente el Gobierno quiere pedir que se levanten, son consecuencia de las mencionadas sanciones en contra del pueblo perpetradas brutalmente por el Gobierno», agregó el grupo opositor.
Desde el 18 de abril de 2018 Nicaragua vive una crisis que ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y presos, miles de heridos, así como decenas de miles en el exilio.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unas 325 personas han muerto a causa de la crisis, aunque instituciones locales elevan la cifra hasta 568, y el régimen reconoce 199.
La CDIH, que cuenta 809 presos, casi el doble de lo que admite el Gobierno, ha señalado a la administración de Ortega como responsable de delitos «de lesa humanidad».
Tanto Estados Unidos como el Parlamento Europeo han advertido al Gobierno de Ortega que, de no liberar a los «presos políticos» y restablecer los derechos constitucionales en Nicaragua, las sanciones dirigidas a sus familiares y allegados podrían continuar.
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