Dos grupos de izquierda están tratando de descalificar a dos congresistas y un representante estatal de Arizona pro-Trump, todos ellos republicanos, como candidatos en las elecciones que se avecinan, por presuntamente haber participado en una supuesta insurrección contra el gobierno de Estados Unidos al apoyar la candidatura de reelección del expresidente.
Esta presunta conspiración culminó supuestamente el 6 de enero de 2021 en la irrupción el Capitolio de Estados Unidos, en la que los partidarios del entonces presidente Donald Trump retrasaron durante varias horas la certificación por parte del Congreso de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Los demócratas y un puñado de republicanos caracterizan los disturbios como una insurrección o un intento de golpe de Estado destinado a derrocar al gobierno de Estados Unidos, pero esa afirmación ha sido negada categóricamente por Trump y sus partidarios.
Los que tratan de destituir a los tres titulares de los cargos dicen que sus acciones desencadenaron la rara vez invocada Cláusula de Inhabilitación en la Sección 3 de la Enmienda 14, que fue promulgada a raíz de la Guerra Civil para mantener a los antiguos confederados fuera del Congreso y los gobiernos estatales.
Se han presentado demandas en el Tribunal Superior de Arizona, en el condado de Maricopa, contra los congresistas Paul Gosar y Andy Biggs. Paul Gosar y Andy Biggs, que aspiran a la reelección, así como al representante estatal Mark Finchem, que se presenta como candidato a secretario de Estado de Arizona, según anunció el 7 de abril Free Speech For People, con sede en Austin.
Gosar dice que la demanda contra él es una pérdida de tiempo.
«Los demócratas han presentado una demanda frívola para mantenerme fuera de la boleta electoral, alegando falsamente que soy un insurrecto», dijo Gosar a The Epoch Times por correo electrónico.
«Desde 2010 he vencido, en las urnas, a todos los demócratas a los que me he enfrentado. Esta es la verdadera razón por la que me quieren sacar de la papeleta».
Gosar y Biggs son conocidos por sus esfuerzos en el Congreso para exponer la infiltración y la intromisión del Partido Comunista Chino en la política nacional de Estados Unidos. Finchem se presenta a las elecciones apoyándose en una campaña de integridad electoral.
Según el grupo, Free Speech For People y Our Revolution, una organización de izquierda que surgió de la campaña presidencial de 2016 del senador socialista Bernie Sanders, los dos grupos «están codirigiendo una campaña nacional para garantizar que los funcionarios electorales de todo el país sigan el mandato de la Sección Tres de la Decimocuarta Enmienda y prohíban que los funcionarios electos que participaron en la insurrección, incluido el expresidente Donald Trump, aparezcan en cualquier boleta electoral futura».
Según la demanda (pdf) presentada contra Gosar, los acontecimientos del 6 de enero de 2021, en los que «participó, constituyeron una insurrección o una rebelión en virtud de la Sección Tercera: un esfuerzo violento y coordinado para atacar el Capitolio con el fin de impedir que el vicepresidente de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos cumplieran sus funciones constitucionales certificando la victoria del presidente Biden, y para prolongar ilegalmente el mandato del entonces presidente Trump, incluso presentando ilegalmente electores ilegítimos como ‘listas alternativas’ para que el Congreso votara».
Gosar ejerciendo su derecho a la libertad de expresión de alguna manera cruzó la línea, afirma la denuncia. El hecho de que Gosar animara a la gente a asistir a la concentración en el National Mall que tuvo lugar antes del fallo de seguridad en el Capitolio, «condujo directa, intencionada y previsiblemente al asalto violento de los insurrectos al Capitolio». Las declaraciones de Gosar apoyando la propuesta de rechazo de los votos electorales constituyen «esfuerzos para intimidar al Congreso y al vicepresidente» y «para subvertir la función constitucional esencial de una transición ordenada y pacífica del poder».
Gosar ayudó a planificar el atentado del 6 de enero, «o, alternativamente, [participó en] la planificación de la manifestación y/o marcha previa al ataque en el Capitolio sabiendo que era sustancialmente probable que condujera al ataque, y de otra manera ayudó voluntariamente a la insurrección».
Las acusaciones en las denuncias legales contra Biggs (pdf) y Finchem (pdf) son básicamente las mismas que las de la denuncia de Gosar.
The Epoch Times se puso en contacto con Biggs y Finchem por comentarios, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.
The Epoch Times también pidió a Ron Fein, director legal de Free Speech For People, un comentario sobre las tres demandas de impugnación, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación de este artículo.
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