El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ante las revelaciones de actos de corrupción en la Asamblea Nacional, decretó la intervención y reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela y “la suspensión de los Diputados involucrados de todas sus responsabilidades en el parlamento”.
Estas son parte de las ocho medidas inmediatas, que informó Guaidó en su cuenta de Twitter y que anunció la Asamblea Nacional, de la cual él es presidente.
La red de corrupción incluye cartas aprobadas por la Comisión de Contraloría con menciones de supuestas instrucciones de Guaidó para liberar de culpa a algunos sancionados a nivel internacional que pertenecen a la red de corrupción de Alimentos CLAP del régimen de Nicolás Maduro. Estas cartas nunca fueron registradas oficialmente pero fueron utilizadas por los parlamentarios acusados.
La primera acción tomada es “decretar la invalidez de todos los documentos que han sido sido expedidos, regular o irregularmente, usando la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, o por diputados del Parlamento que de cualquier manera exoneren a las empresas o ciudadanos vinculados con la corrupción”.
“Esto debe ser comunicado a los organismos internacionales pertinentes”, añade.
La cuarta medida es “abrir una investigación independiente y exhaustiva de los hechos señalados para garantizar la independencia de la misma”.
La Asamblea Nacional “plantea la participación y veeduría de ONG’s como Transparencia Internacional, colegios profesionales, medios y periodistas independientes que puedan contribuir con la misma”.
La quinta medida “es invitar a los periodistas del portal web Armando Info, a presentar ante el Parlamento información sobre la investigación adelantada y publicada por ellos este 1 de diciembre” la cal acusa a los parlamentarios.
Según se informó ayer en el portal de la Presidencia de Venezuela, las acciones de Guaido anunciadas este domingo fueron en respuesta en parte a un reportaje de Armando.Info, sobre el caso de corrupción del régimen de Nicolás Maduro con presunta complicidad de parte de algunos diputados de la oposición en el robo de fondos venezolanos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Se menciona que los parlamentarios, militantes de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Cambiemos y la fracción 16 de Julio, “presuntamente se habrían prestado para favorecer y hacer ‘gestiones informales’ a empresarios como Carlos Lizcano, presidente de Salva Foods, la compañía que maneja las tiendas CLAP, uno de los principales contratistas del régimen de Nicolás Maduro”.
Como sexta acción Guaidó indicó “comunicar a todas las autoridades u organismos nacionales e internacionales encargados de investigaciones penales, administrativas o financieras que ningún funcionario del Gobierno legítimo o diputado del Parlamento nacional cuenta con la autorización para expedir documentos o avales de “buena conducta” o “con fines relacionados sobre empresas o ciudadanos”.
Entre las dos últimas medidas, Guaidó ratifica la convocatoria abierta para los ciudadanos interesados en asumir el cargo de Contralor de la República; mientras que la octava y última medida es “solicitar al Comisionado Julio Borges y al embajador ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, llevar a la próxima reunión del TIAR no sólo los nombres y datos de la investigación que se ha hecho desde hace tres años para develar la trama de corrupción de la dictadura”.
Este domingo el presidente encargado, tal como lo había anunciado, después que se normalizó la situación de Internet en Venezuela, se dirigió al público y leyó las ocho medidas recién mencionadas.
No permitiré que la corrupción ponga en riesgo todo cuanto hemos sacrificado por recuperar la Libertad.
Ni al régimen ni a un grupito de inmorales que quieren fracturar a los venezolanos.
No vamos a tapar los delitos de nadie: olvídense de eso.
Atentos mañana. Seguimos.
— Juan Guaidó (@jguaido) December 1, 2019
Parlamentarios se unen a la red de corrupción CLAP
De acuerdo ArmandoInfo, “parlamentarios de oposición se vienen prestando desde hace varios meses para hacer por encargo gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP, con el objeto que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido”, añade.
“Que del seno de la Asamblea Nacional ‘en desacato’ surja una defensa activa del principal programa social y foco de corrupción del Régimen de Nicolás Maduro es solo una de las ironías de esta historia”, escribe Armando Info.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 25 de julio de 2019 al ciudadano colombiano Alex Nain Saab Moran (Saab), un especulador que “organizó una vasta red de corrupción que ha permitido al ex presidente Nicolás Maduro (Maduro) y a su régimen se beneficien significativamente de las importaciones y distribución de alimentos en Venezuela”.
“Saab se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidio de alimentos del Gobierno titulado Comités locales de suministro y producción, o Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP. A través de una sofisticada red de compañías fantasma, socios comerciales y miembros de la familia, Saab lavó cientos de millones de dólares en concepto de corrupción en todo el mundo”, describe el informe.
Junto a él participaron y también fueron sancionados “tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser e Yoswal, a quienes Saab canalizó dinero a cambio de acceso a los contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidio de alimentos”.
Desde el año 2009, Saab explotó sus lazos corruptos con funcionarios del gobierno de Venezuela, para ganar contratos gubernamentales sobrevalorados. Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido), crearon una compañía en 2009 para ofertar contratos de vivienda del Gobierno de Venezuela en que se le pagaba a Saab y Pulido tres o cuatro veces el costo real de hogares de bajos ingresos.
El programa CLAP fue creado por Maduro en 2016. Una vez que los alimentos eran comprados, Saab y Pulido los agregaban en las plantas de procesamiento y los ensamblaban para su envío.
“Saab utilizó parte de sus ganancias provenientes de contratos de alimentos corruptos para pagar sobornos a funcionarios del gobierno para la importación de alimentos a través del estado de Táchira, incluyendo a José Gregorio Vielma Mora, quien era el gobernador del estado venezolano de Táchira en ese entonces, y a Rodolfo Clemente Marco Torres, quien era el ministro de Alimentos en Venezuela”.
Los negocios corruptos del sistema CLAP de Maduro son extensamente detallados por Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.
Cartas de la Comisión de Contraloría
Armando Info cita que en esta nueva etapa de corrupción de las CLAP el parlamentario Luis Eduardo Parra Rivero, del estado Yaracuy, integrante de la Comisión Medio Ambiente, se relacionó al colombiano Carlos Rolando Lizcano, propietario de Salva Food, quien es parte del esquema de Saab, y es la compañía que maneja hoy las Tiendas CLAP.
“Las negociaciones de Luis Parra y Carlos Lizcano han sido constantes y dieron lugar a la conformación de un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición, que se movilizó en favor de los empresarios colombianos y su vasta red de negocios con el chavismo, siempre en expansión desde 2013”, señala Armano Info.
En uno de los ejemplos citados, el exmilitante de Cambiemos, Adolfo Superlano, junto con José Brito de Primero Justicia fueron a la sede de la Fiscalía general de Colombia en Bogotá y entregaron una carta eximiendo a Carlos Luzcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad y relación alguna con Alex Saab, sancionado intenacionalmente desde Estados Unidos.
Lizano es parte del organigrama de Saab y Pulido a través de Salva Foods y es parte del directivo de Mezedes Holding Ltd, sociedad registrada en Eiratos Árabes, que también se utilizaba en el esquema de corrupción comercial de los alimentos CLAP.
La carta de buena conducta había sido aprobada en una “sesión ordinaria” de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de 2019, sin embargo en la propia comisión no hay registros de esta sesión Una sesión desaparecida es del 14 de agosto y otra del 20 de noviembre.
Los signatarios hablan incluso a nombre del propio Guaidó en la misiva.
Un documento del partido Primero Justicia fechado el 1 de diciembre de 2019, indica que tras el informe de prensa que delató a los parlamentarios del partido, se solicitó la remoción de su Comisión al diputado Luis Parra y la remoción de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional a los diputados Conrado Pérez (vicepresidente) y José Brito.
Según el grupo político una investigación encabezada por Carlos Paparoni, que comenzó hace tres años determinó que “la mafia” en torno al sistema de distribución de alimentos era encabezada Alex Saab.
Luis Parra, uno de los diputados supuestamente involucrados, rechazó las acusaciones en su contra, de acuerdo a TV Venezuela.
Otros parlamentarios involucrados en el esquema de corrupción están mencionados aquí.
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