Guatemala paralizó este martes sus actividades, por segundo día en fila, debido al bloqueo de más de 100 carreteras por manifestantes que exigen la inmediata dimisión de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta.
El país centroamericano se mantiene detenido en gran parte de su territorio, pese a que el presidente local, Alejandro Giammattei, advirtió el lunes por la noche que se arrestaría a los líderes de las protestas y se despejarían las carreteras.
Durante este mediodía, un contingente de la Policía Nacional Civil dialogó con manifestantes en una de las principales avenidas de la Ciudad de Guatemala, en busca de que desalojaran la vía.
Sin embargo, los policías empezaron a retroceder con prisa después de que los manifestantes los triplicaran en número y muchos de ellos, en motocicletas, los increparan para que salieran del lugar.
El incidente tuvo lugar en la vía denominada Periférico, a pocos kilómetros del centro de la capital, donde unos 1000 manifestantes mantienen el control del paso. Sin embargo, la Policía Nacional Civil podría actuar en cualquier momento.
Dicha vía es una de las 125 que se mantienen inaccesibles en Guatemala, salvo para ambulancias y emergencias médicas, de acuerdo con el recuento oficial.
Más de una semana de resistencia
Las protestas y bloqueos se mantienen con fuerza este martes por noveno día consecutivo desde que empezaron las manifestaciones el pasado 2 de octubre para exigir la dimisión de Porras Argueta.
Giammattei aseguró en un mensaje a la nación el lunes por la noche que los bloqueos son «ilegales» y por ello se perseguirá judicialmente a quienes tapen carreteras.
Sin embargo, un gran número de personas sigue movilizándose para bloquear pasos viales y así mantener por segundo día consecutivo un inédito paro nacional, al igual que el lunes.
Debido a ello, las clases presenciales a todo nivel fueron suspendidas y algunas grandes empresas multinacionales como el restaurante McDonalds o la gasolinera Shell han indicado que cierran temporalmente la mayoría de sus instalaciones.
Las protestas fueron convocadas e iniciadas hace una semana por la organización indígena 48 cantones, del departamento (provincia) de Totonicapán (oeste). Desde entonces, se han sumado diversos gremios, incluyendo universidades, médicos y comerciantes.
Los manifestantes piden la dimisión de la jefa del Ministerio Público por intentar modificar los resultados de las elecciones celebradas en junio y agosto pasado, ganadas sorpresivamente por el académico Bernardo Arévalo de León.
El presidente electo debe tomar posesión el próximo 14 de enero, pero ha indicado que se encuentra en marcha un «golpe de Estado» en su contra para evitar su investidura.
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