El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala solicitó este miércoles que la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra sea sentenciada a ocho años de prisión por un presunto delito administrativo, pese a la insistencia de organizaciones sociales que piden su libertad.
En la recta final del juicio en su contra, la Fiscalía pidió este miércoles al Tribunal Octavo de Sentencia Penal que Laparra reciba una condena de ocho años de prisión por el presunto delito de abuso de autoridad en forma continuada.
Laparra, quien investigaba casos de corrupción en el occidente de Guatemala, se encuentra en prisión preventiva desde hace nueve meses.
La exfiscal enfrenta este proceso porque en 2018 denunció en cuatro ocasiones al juez Lesther Castellanos, cayendo en un supuesto «abuso de poder» porque a criterio del acusador Laparra actuó «por motivación particular».
Junto a Laparra, otras seis exfiscales han sido procesadas y otros 24 operadores de justicia han tenido que salir al exilio por su participación en la etapa histórica de persecución a la corrupción que vivió Guatemala entre 2015 y 2018.
La persecución contra los fiscales y jueces anticorrupción en Guatemala ha sido encabezada por la organización de derecha Fundación Contra el Terrorismo (FCT), cuyos líderes fueron sancionados por Estados Unidos, incluyéndolos en la lista de actores antidemocráticos.
Fase de conclusiones
La defensa de Laparra argumentó durante las conclusiones que la exfiscal tenía legitimidad y obligación de denunciar al juez Castellanos porque él había afectado una investigación filtrando información confidencial.
Además, la defensa agregó que las acciones de Laparra estaban plenamente autorizadas por sus superiores jerárquicos del Ministerio Público.
Organizaciones sociales como Amnistía Internacional han exigido al Estado de Guatemala la liberación de la exfiscal Laparra, por considerar que la acusación en su contra presenta serias falencias.
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