Las guerrillas comunistas de Filipinas pusieron en la mira las empresas estatales chinas que construyen infraestructuras y bases militares en el país, proyectos que cuentan con el respaldo del presidente de la nación, Rodrigo Duterte.
El Partido Comunista de Filipinas, conocido con las siglas PKP, ordenó a su ala militar del Nuevo Ejército del Pueblo que tenga como objetivo siete bases militares chinas que se están construyendo en el mar de Filipinas Occidental, en la parte oriental del mar de China Meridional, que forma parte de la zona económica exclusiva de Filipinas.
El PKP afirma que los proyectos violan la soberanía filipina y destruyen los recursos marinos dentro de su zona económica exclusiva, según una declaración.
Aunque no se mencionaron los nombres, se entiende que estas empresas chinas son empresas estatales de dragado, construcción naval e infraestructura, incluidas en la lista negra de Estados Unidos por haber construido más de 3000 acres de islas artificiales para el despliegue militar de China en el mar de China Meridional.
El PKP culpó a Duterte de también conceder a esas empresas «proyectos de infraestructura de gran envergadura», como la construcción de carreteras y presas mineras que invaden las tierras ancestrales de las minorías y los bosques.
«Estos proyectos de infraestructura no solo desplazan a miles de campesinos y minorías de sus tierras, sino que también causan estragos en el ecosistema natural que queda en el país», dijo el PKP.
El PKP rompió sus vínculos con el Partido Comunista Chino en la década de 1980 y es el grupo rebelde más antiguo de Asia con operaciones en todo Filipinas.
Duterte toma medidas contra los terroristas
En julio el presidente Duterte declaró a los rebeldes comunistas como terroristas, diciendo que la nueva Ley Antiterrorista 2020 del país se ocuparía del grupo, especialmente de los implicados en los atentados con bombas contra el público.
«Si ustedes le hacen eso a la gente, si los matan sin querer, entonces me lo tomaré como un derecho para matarlos a ustedes», dijo el presidente en un discurso público de julio.
«¿Por qué? Porque pasé la mayor parte de mis días como presidente tratando de averiguar y conectarme con ellos sobre cómo podríamos llegar a una solución pacífica (a la rebelión)», continuó.
El año pasado, el Nuevo Ejército del Pueblo celebró el 50º aniversario de su fundación con un ataque a una patrulla de policía en la provincia norteña de las montañas, en el que murió un policía.
Ese mismo año, los insurgentes comunistas tendieron una emboscada y mataron a cuatro policías que viajaban en motocicletas en la ciudad costera de Ayungon.
También se produjo una serie de atentados con bombas en la municipalidad de Jolo, donde los terroristas suicidas del grupo militante islámico radical Abu Sayyaf, atacaron campamentos militares e iglesias, dejando decenas de muertos y heridos.
La presencia inminente de Beijing
Por su parte Duterte minimizó en repetidas ocasiones las preocupaciones por la creciente influencia económica y militar de China en Filipinas, mientras sigue adelante con su plan de «Construir, Construir, Construir«, destinado a estimular el crecimiento económico.
«Eso está realmente destinado a aquellos que China cree que los destruirán y eso es Estados Unidos…», dijo Duterte en referencia al equipo militar chino en la región.
«Ignoren los misiles que hay allí, esos no son para nosotros», dijo el presidente en un evento al que asistieron empresarios filipinos y chinos.
El presidente también bromeó sobre hacer de Filipinas una provincia de China, ya que restó importancia al uso por parte de Beijing de nombres chinos para los elementos submarinos del Pacífico pertenecientes a Filipinas.
«Si quieren, pueden hacernos una provincia, como Fujian. Provincia de Filipinas, República de China».
Recientemente, Duterte fue atacado por dar luz verde a varios miles de millones de dólares de inversión de China, tratos que su administración afirmó que «fomentaban el interés nacional».
Entre los proyectos aprobados en septiembre figura un acuerdo de 10,200 millones de dólares a China Communications Construction Company —punta de lanza de la Iniciativa La Franja y La Ruta— para construir un aeropuerto internacional en Manila. Otro acuerdo concedió a Dito Telecommunity, también respaldada por China, la construcción de las torres de telefonía móvil dentro de los campamentos militares.
«Creo que es muy tonto de nuestra parte permitir que esas torres se instalen dentro de los campamentos militares», dijo el mes pasado el ayudante del juez superior retirado, Antonio Carpio, en una entrevista a CNN Filipinas.
«Imagínense, poniendo una torre dentro del campamento militar y el equipo, todos esos chips en esas torres que son hechos en China, ellos pueden simplemente poner un firmware espía, el software viene de China», añadió.
El grupo guerrillero PKP afirmó que estos proyectos de infraestructura de gran envergadura exponían «operaciones burocráticas criminales» del gobierno de Duterte, como sobornos, desviación de fondos y la creación de empresas fantasma para dirigir proyectos de infraestructura financiados por China.
«Hay que poner cargos a Duterte por la colusión con el gobierno chino y las grandes empresas chinas por saquear los recursos del país y permitir que China obtenga un mayor control del alto mando económico del país», dijo.
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