La organización nacional de derechos de armas, Gun Owners of America (GOA), dio la voz de alarma sobre el proyecto de ley de asignaciones generales para el año fiscal 2023, aprobado por el Congreso. La organización dijo que el proyecto de ley sobrepasa su función de asignación de gastos.
«Gun Owners of America se opone firmemente a la enmienda del Senado en la naturaleza de un sustituto de HR 2617 porque está infestada de infracciones a la Segunda Enmienda», escribió el grupo en una declaración publicada el 21 de diciembre. La declaración enumera 12 disposiciones que, según GOA, harán avanzar la agenda de control de armas de la administración Biden e infringirán los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses mediante la confiscación de armas.
El grupo también cuestiona a los miembros del Congreso que votaron a favor del plan.
“Es un ultraje que cualquier legislador que juró defender la Constitución y la Segunda Enmienda consideraría siquiera aprobar un proyecto de ley de asignaciones de 4155 páginas y USD 1.7 billones con tantas disposiciones para el control de armas”, se lee en el comunicado. “Nuestros Padres Fundadores estarían avergonzados”.
El primer elemento en la lista de GOA es un aumento del presupuesto del 14 por ciento para la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Según el comunicado, el presupuesto de la ATF se ha incrementado en un 25 por ciento desde la administración Trump. El GOA afirma que este dinero, junto con una asignación de USD 14.4 millones para modernizar el Centro Nacional de Rastreo (NTC), es parte de un plan para que la ATF amplíe su base de datos de armas y propietarios de armas.
Se espera que la ATF aclare su posición sobre las abrazaderas estabilizadoras de pistolas, las cuales se basan en marcos de AR-15 y AK. La ATF ha dudado sobre si las abrazaderas convierten las pistolas en rifles de cañón corto, que son ilegales según la Ley Nacional de Armas de Fuego. El GOA, junto con muchos otros grupos e individuos de derechos de armas, cree que el objetivo final de la ATF es prohibir las armas y usar el NTC para encontrarlas y confiscarlas.
La declaración dice: «Esta tecnología de intercambio de datos (NTC) actualizará el registro de armas de ATF… y creará listas de confiscación puerta a puerta contra estadounidenses que compraron legalmente estas armas de fuego recientemente prohibidas, como las pistolas AR-15».
La declaración destaca la financiación del Departamento de Salud y Servicios Humanos para «centrarse en las políticas de prevención del suicidio», como la promoción de programas de almacenamiento seguro, lo que permite que el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) mantenga «mapas de almacenamiento de armas». Por lo tanto, los funcionarios de VA saben dónde guardan sus armas los veteranos, promueven el «almacenamiento temporal de armas de fuego fuera del hogar» para los veteranos y presionan por el «riesgo extremo», comúnmente conocido como leyes de bandera roja, que permiten a los funcionarios confiscar armas.
Según el comunicado, estos planes “violan los derechos de la Segunda, Cuarta, Quinta y Sexta Enmienda”.
El proyecto de ley Omnibus prevé USD 770.8 millones en subvenciones Byrne-Justice Assistance Grants (JAG). El JAG es un programa federal de subvenciones para ayudar a los estados y municipios con gastos relacionados con la justicia, como defensa de indigentes, tribunales, prevención del crimen, etc. Aunque en el pasado las subvenciones JAG no estaban directamente relacionadas con las armas, la GOA afirma que la recientemente aprobada Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras ha cambiado esta situación.
GOA dijo que la Ley exige subvenciones de JAG para financiar leyes de bandera roja y programas de órdenes de protección contra riesgos extremos. Esto permitiría a las fuerzas del orden locales confiscar armas de personas que se consideren un peligro, aunque no hayan violado ninguna ley. Los defensores de las leyes dicen que promoverán la seguridad pública.
GOA no está de acuerdo. Sostiene que las leyes desarmarán a las personas vulnerables mientras les niegan los derechos al debido proceso. Esto incluye a los veteranos sujetos a estas leyes a través del VA en colaboración con las fuerzas del orden público estatales y locales y los funcionarios de salud bajo programas de riesgo extremo.
“Los veteranos que lucharon por nuestra Constitución y libertades que luego buscan ayuda en los centros médicos de VA deben recibir la atención que necesitan, en particular atención de salud mental y acceso a servicios que salvan vidas, y no [ser] privados de sus derechos de la Segunda Enmienda sin el debido proceso por parte de burócratas y un gobierno estatal o local tiránico”, se lee en el comunicado.
El GOA sostiene que las leyes de bandera roja desalentarían a los enfermos mentales de buscar ayuda cuando la necesitan. GOA señala que los enfermos mentales son vulnerables a ser víctimas de delitos y posiblemente representen un peligro para la comunidad.
«Desalentará a los enfermos mentales a buscar la ayuda que necesitan porque corren el riesgo de que se les prive de sus derechos», dice el comunicado.
GOA cuestiona las asignaciones
El proyecto de ley también reserva USD 50,000 por año para “gastos humanitarios incurridos por o para cualquier empleado de la misma [de ATF] (o cualquier miembro de la familia inmediata del empleado) que resulte de o sea consecuencia de una enfermedad grave, lesión grave o muerte que le ocurra al empleado mientras está en servicio oficial o de negocios”.
El GOA deja en claro cuál cree que es el motivo de ese artículo.
“Con el plan de la administración Biden… de confiscar millones de pistolas compradas legalmente… uno solo puede preguntarse por qué el Congreso planea ofrecer nuevos beneficios financieros a los agentes de la ATF y sus familias si resultan gravemente heridos o mueren en el trabajo”, se lee en el comunicado.
El proyecto de ley también asigna casi USD 11 millones para varios programas de violencia armada mal definidos, explica el comunicado.
Según el comunicado de la GOA, las asignaciones comenzaron el pasado mes de junio con USD 830,000 para una «Iniciativa de prevención de la violencia armada y las armas fantasma» en Vallejo, California. GOA calificó la iniciativa como un medio para acosar a ciudadanos respetuosos de la ley que realizaban una actividad legal. El comunicado afirma que la ciudad cambió el programa por el de «Iniciativa para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego en Vallejo», añadió casi una docena de otros programas y subió su valor.
Según el GOA, la partida presupuestaria cubre programas como la Iniciativa para la Prevención de la Violencia Armada, el Fomento de una Mayor Seguridad con las Armas en el Área de New Haven y los Círculos de Sanación de Orquídeas para Víctimas de la Violencia Armada.
Programas que no se han definido claramente
“Cualquiera puede adivinar exactamente qué ridículos controles locales de armas se financian con estas asignaciones con nombres genéricos”, se lee en el comunicado.
El proyecto de ley Omnibus también proporciona un millón para los Centros para el Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud para estudiar la violencia armada y temas relacionados como problemas de salud pública. En el pasado, la Enmienda Dickey al Omnibus prohibió esto para evitar que el dinero de los impuestos se gaste en investigaciones que puedan estar sesgadas en contra de la Segunda Enmienda.
La declaración menciona la disposición bajo “Investigación de prevención de lesiones y mortalidad por armas de fuego como un ejemplo del problema.
“Debido a que las armas de fuego están diseñadas y destinadas como herramientas defensivas letales, todo uso de armas de fuego conlleva el ‘riesgo’ de lesiones o muerte; no hay forma de que los CDC lleguen a una conclusión que no limite el acceso a las armas de fuego”, dice el comunicado.
La declaración de GOA también enumera USD 4 millones para la reducción de la letalidad de la violencia doméstica, que afirma pondrá en peligro a las mujeres al disuadirlas de ejercer su derecho de la Segunda Enmienda para defenderse contra los abusadores domésticos; USD 50 millones para iniciativas de intervenciones de violencia comunitaria mal definidas que históricamente se han utilizado para limitar los derechos de la Segunda Enmienda; y financiación para luchar contra la investigación sobre “Ideología violenta antigubernamental y “Radicalización interna”.
GOA está especialmente preocupado por el último elemento.
“No se puede confiar en la Oficina de Estadísticas de Justicia del Departamento de Justicia con USD 7.5 millones [para estudiar] el fenómeno de la radicalización doméstica’”, se lee en el comunicado.
“Quizás un mejor uso de los fondos sería educar a los legisladores y a los burócratas del estado policial sobre el texto y la historia de la Segunda Enmienda”.
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