La Administración Biden tiene previsto ofrecer «formación y servicios de asesoramiento» a los trabajadores federales que no se vacunen antes de diciembre, según declaró el 20 de octubre la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky.
El 9 de septiembre, el presidente Joe Biden anunció amplias medidas dirigidas al gobierno federal, al sector sanitario y a las empresas privadas. Los trabajadores federales y los contratistas federales tendrán que ponerse la vacuna contra la COVID-19. Los contratistas tienen hasta el 8 de diciembre para ordenar a sus empleados que se vacunen. Los contratistas federales no pueden hacer que sus empleados opten por no recibir la vacunación obligatoria.
El plazo límite ha sido elogiado por ciertos funcionarios de salud pública y por varios demócratas como una forma de aumentar la tasa de vacunación en EE. UU. durante la pandemia de COVID-19.
Pero algunos republicanos, empresas y sindicatos temen que la norma pueda tener efectos económicos perjudiciales generalizados y crear más escasez de mano de obra cuando los trabajadores se nieguen a vacunarse. El plazo también llega poco antes de la temporada alta de vacaciones, lo que provoca más preocupaciones para la economía.
Algunos estados liderados por el Partido Republicano han amenazado con demandar a la administración por la orden de vacunación obligatoria que exige a las empresas con 100 o más empleados que garanticen que su plantilla está totalmente vacunada.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el pasado miércoles, Walensky dijo que la administración no quiere «castigar» a los trabajadores que no se vacunen antes de la fecha límite de diciembre y que, en cambio, les ofrecerá formación y servicios de asesoramiento para animarles a que se vacunen
«Para el pequeño número de personas que no cumplen con la fecha límite, el primer paso es un periodo de formación y servicios de asesoramiento», dijo Walensky.
La directora de los CDC señaló que este periodo de asesoramiento se producirá antes de que los empleados federales no vacunados sean apartados de sus funciones.
«Es importante recordar que se trata de un proceso y que el objetivo es conseguir que la gente se vacune, no castigarla. Por lo tanto, las agencias no retirarán a los empleados del servicio federal hasta que hayan pasado por un proceso de formación y servicios de asesoramiento», continuó la directora de los CDC.
«Y al igual que las agencias federales, los contratistas seguirán procesos estándar para [lograr] la aceptación y el cumplimiento [de la norma] entre sus empleados», añadió.
Walensky destacó que el requisito de vacunación antes de la fecha límite de diciembre «no causará interrupciones en los servicios gubernamentales de los que depende la gente», y añadió que las agencias tienen «la flexibilidad necesaria para hacer cumplir la orden sin que ello afecte a las operaciones críticas».
«Y todos sabemos, como hemos hablado una y otra vez, que conseguir que más gente se vacune —y los requisitos de vacunación son herramientas muy eficaces— acelerará el camino para salir de la pandemia», dijo.
El requisito de la vacuna llega en un momento en el que las industrias de todo Estados Unidos se enfrentan a agudos cuellos de botella en las cadenas de suministro, como la escasez de materiales y de trabajadores, así como el aumento vertiginoso de los precios de los materiales, impulsado por las medidas de confinamiento de la pandemia.
Estos problemas también han afectado a los consumidores, que ahora se enfrentan a estantes vacíos y a precios más altos, además de los crecientes niveles de inflación.
Mientras tanto, la Administración Biden se ha centrado mucho en impulsar dos importantes medidas de gasto en el Congreso. El Senado aprobó en agosto un proyecto de ley bipartidista sobre infraestructuras por valor de 1.2 billones de dólares. Esa legislación está actualmente retenida en la Cámara, ya que algunos demócratas progresistas han dicho que solo se aprobará si el Senado también aprueba el proyecto de ley de gasto social y climático de 3.5 billones de dólares.
La semana pasada, un grupo de 160 legisladores republicanos envió una carta al presidente instándole a «reevaluar sus prioridades» y a abordar la crisis de la cadena de suministro y de los puertos a la que se enfrenta la nación antes de considerar una legislación adicional sobre gasto social e impuestos.
«Debemos abordar la crisis de la cadena de suministro y de los puertos a nivel mundial antes de que el Congreso considere siquiera una legislación adicional sobre gasto social e impuestos. Nuestra prioridad en este momento debe ser el fortalecimiento de la economía de nuestra nación y el aumento de nuestra competitividad global», dice la carta.
La carta continúa acusando a la Administración Biden de alimentar aún más la crisis actual al aumentar los costes de la energía y disparar la inflación mediante un «gasto imprudente y sin control» y «atacando a las empresas estadounidenses».
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