La Agencia Tributaria española investiga al rey emérito Juan Carlos por las cacerías a las que fue invitado tras abdicar en 2014, y le ha requerido que justifique quién pagó los vuelos y los gastos derivados de las monterías, según publica este miércoles el periódico El Mundo.
El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de Hacienda ha enviado a Juan Carlos I varias solicitudes de información durante el último año, algunas de ellas recientemente, añade el diario.
Le pide que acredite el origen de los fondos con los que se sufragaron los vuelos y el resto de gastos derivados de las jornadas cinegéticas a las que fue invitado entre 2014 y 2018, es decir, cuando ya no era jefe del Estado y por lo tanto no estaba protegido por la inviolabilidad que llevaba aparejada su cargo.
Hacienda mantiene todavía abierta contra el rey emérito una inspección tributaria por la vía administrativa, pese a las regularizaciones tributarias voluntarias que llevó a cabo para evitar la comisión de delitos fiscales por los viajes sufragados por la Fundación Zagatka, y que motivaron el archivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS).
Realizó dos regularizaciones tributarias en España por 5.3 millones de euros (5.6 millones de dólares).
Las operaciones que reclama el fisco, sin embargo, no fueron regularizadas por Juan Carlos I y la Agencia Tributaria quiere conocer si tuvo un incremento de patrimonio no justificado desde que abdicó en su hijo, el rey Felipe VI.
En este procedimiento, no sólo se exige la justificación de los gastos de las monterías y cacerías, sino también de algunos regalos de menor importe que recibió a título particular, algunos de ellos obsequios simbólicos realizados por empresarios cercanos.
Los asesores jurídicos de Juan Carlos I han ido contestando periódicamente a todos los requerimientos cursados por la Inspección de Hacienda, cuyos importes no aumentan hasta el momento a cuantías que superen en conjunto los 120,000 euros anuales (128,000 dólares), umbral a partir del cual está tipificado en España el delito contra la Hacienda Pública.
En agosto de 2020, Juan Carlos I había decidido establecerse en Abu Dabi por el revuelo causado al saberse de sus negocios supuestamente irregulares en el extranjero.
En mayo pasado regresó momentáneamente, tan solo unos días, después de que la Fiscalía archivara, el 2 de marzo, las investigaciones sobre él por haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.
Era investigado por cobrar supuestas comisiones millonarias por las obras del tren de alta velocidad de La Meca (Arabia Saudí), por un caso de presuntas donaciones no declaradas al fisco y otro de posible ocultación de fondos en paraísos fiscales.
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