CIUDAD DE MÉXICO—Dos funcionarios federales fueron encontrados ilesos luego de que desaparecieran en el estado de Guerrero, en la costa del Pacífico mexicano, mientras investigaban las desapariciones de 43 estudiantes hace casi 10 años.
Las autoridades no informaron el martes cómo fueron encontrados el hombre y la mujer ni si habían sido liberados de un secuestro.
El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó sus desapariciones durante el fin de semana en su conferencia de prensa diaria y señaló: «Espero que esto no esté relacionado con aquellos que no quieren que encontremos a los jóvenes».
Las desapariciones fueron la última señal de lo que parece ser un colapso general de la ley y el orden en el estado de Guerrero, donde se encuentra el centro turístico de Acapulco. El estado lleva una década perseguido por las desapariciones de 43 estudiantes de una escuela normal rural de Guerrero en 2014, que se cree que fueron secuestrados por funcionarios locales y entregados a una organización de narcotraficantes para ser asesinados.
Los estudiantes de esa universidad, ubicada en Tixtla, al norte de Acapulco, tienen un largo historial de manifestaciones y enfrentamientos con la policía, y la semana pasada un estudiante fue asesinado a tiros en lo que la policía dijo que se trató de un enfrentamiento con estudiantes que viajaban en un automóvil robado.
Uno de los policías implicados en ese tiroteo ha sido detenido y puesto bajo investigación en el caso, después de que el presidente calificara el tiroteo de «abuso de autoridad» y confirmara que el estudiante muerto no había disparado ningún arma.
Pero López Obrador reconoció el martes que el policía estatal detenido en el caso había escapado de la custodia estatal antes de ser entregado a los fiscales federales.
El presidente indicó que la policía estatal de Guerrero no había vigilado debidamente a su colega, diciendo que «no se habían seguido los protocolos de detención».
Para aumentar la confusión, la fiscalía estatal negó el martes que el policía hubiera estado detenido.
Y había poca evidencia de que las promesas del presidente de investigar el tiroteo de la semana pasada –o el destino de los 43 desaparecidos– apaciguarían las protestas tradicionalmente violentas de los estudiantes.
El martes, manifestantes estudiantiles irrumpieron en las oficinas de los fiscales estatales en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, colocaron explosivos y quemaron 11 patrullas de policía. La fiscalía dijo que cuatro de sus empleados resultaron heridos.
Se cree que los 43 estudiantes varones desaparecidos fueron asesinados y quemados por miembros de bandas de narcotraficantes. Los dos funcionarios desaparecidos esta semana formaban parte de un equipo que llevaba años trabajando para encontrar el lugar donde habían sido arrojados los restos de los estudiantes. López Obrador no especificó cuándo desaparecieron los funcionarios.
Las autoridades solo han podido identificar fragmentos de huesos calcinados de sólo tres de los 43 estudiantes desaparecidos. El trabajo consiste en gran medida en buscar en fosas clandestinas en zonas rurales y aisladas del estado, donde operan los cárteles de droga.
Los cárteles de droga en Guerrero son tan dominantes que videos posteados en las redes sociales esta semana mostraban a líderes de las bandas de narcotraficantes golpeando brutalmente a conductores de autobuses en Acapulco por no actuar como vigías del cartel.
Un video mostraba a un presunto integrante de una banda propinando más de una docena de fuertes bofetadas a un conductor y llamándolo «animal» y exigiéndole que se comunicara con la banda varias veces al día.
En un testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos esta semana, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, reconoció que «hay partes del país que están efectivamente bajo el control de los cárteles en ciertos aspectos».
La fuga del policía acusado y la desaparición temporal de los dos funcionarios ocurrieron mientras estallaron tensiones entre López Obrador y las familias de los estudiantes desaparecidos, quienes lo acusan de no hacer lo suficiente para investigar el paradero de sus hijos.
La semana pasada, los manifestantes que apoyaban a las familias de los estudiantes desaparecidos utilizaron una camioneta confiscada para derribar las puertas de madera del Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde vive y trabaja López Obrador.
Los manifestantes derribaron las puertas y entraron al palacio de la época colonial antes de ser expulsados por los funcionarios de seguridad.
López Obrador calificó las protestas como una provocación y afirmó que los manifestantes tenían marros, piedras y sopletes. López Obrador se ha quejado de la participación de grupos de derechos humanos, quienes, según él, le han impedido hablar directamente con los padres de los estudiantes desaparecidos.
Por Fabiola Sánchez.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
