El secretario de Trabajo de Estados Unidos, Eugene Scalia, dijo que su agencia está tomando medidas para reducir los trámites burocráticos para impulsar la economía debilitada por la pandemia, a raíz de la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump de revertir las regulaciones federales innecesarias.
Los comentarios se hicieron durante un panel de discusión online organizado el 26 de mayo por el Competitive Enterprise Institute (CEI) y luego de que Trump firmara la Orden Ejecutiva 13924 el 19 de mayo.
La orden ejecutiva tiene como objetivo impulsar la economía de los Estados Unidos al tomar medidas inmediatas para eliminar o suspender las regulaciones que impiden la recuperación económica. También fortalece las protecciones básicas del debido proceso para los estadounidenses involucrados en los procedimientos regulatorios de la agencia, como parte de lo que la administración llama la Declaración de Derechos Regulatorios.
«Para proteger a nuestra gente y vencer al virus, también debemos defender la salud de la economía de nuestra nación», dijo el presidente en ese momento. «Para lograr este objetivo, hemos reducido los trámites y la burocracia y hemos desatado la mayor movilización industrial desde la Segunda Guerra Mundial».
La orden ejecutiva ordena a las agencias federales que analicen las acciones regulatorias que podrían tomar para alentar el crecimiento de la economía. Instruye a «las agencias federales a usar cualquier autoridad para renunciar, suspender y eliminar regulaciones innecesarias que impidan la recuperación económica».
Los críticos dicen que los funcionarios en el estado administrativo, a veces llamado el estado regulador, no rinden cuentas a los votantes y permiten que los burócratas no elegidos usurpen las funciones de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Ellos dicen que el Congreso debe hacer las leyes del país, pero los legisladores han cedido constantemente los poderes constitucionales de ese cuerpo al estado administrativo, en detrimento general de la sociedad.
«La orden y la agenda desreguladora del presidente, en términos más generales, tienen el potencial de ser el cambio regulatorio más consecuente desde la introducción de los requisitos de costo-beneficio para las agencias durante la administración Reagan», dijo Scalia.
El cambio regulatorio al que se refería Scalia fue la innovadora Orden Ejecutiva 12866 del presidente Ronald Reagan, que requería que las agencias federales presentaran un análisis de costo-beneficio a la Casa Blanca antes de crear una nueva regulación.
«El presidente Trump ha tenido el enfoque más sistemáticamente disciplinado hacia las regulaciones de agencias que cualquier presidente desde al menos Ronald Reagan», agregó.
El Departamento de Trabajo (DOL) realizó varios cambios en las normas reguladoras la semana pasada, dijo Scalia.
Una antigua regla de la administración del presidente Bill Clinton permitía que la Junta de Revisión Administrativa (ARB) del departamento escuchara los casos y emitiera decisiones en nombre del secretario de trabajo sin que el secretario estuviera realmente involucrado en la decisión del caso.
La ARB emite decisiones finales de la agencia en disputas que surgen de las leyes de protección de los trabajadores, incluidas las leyes de denunciantes y contratos públicos.
“La jurisdicción de la Junta incluye, pero no se limita a (…) protección ambiental, de transporte y de garantías hacia denunciantes; programas de inmigración temporal; trabajo infantil; discriminación laboral; formación profesional; y contratos federales de construcción y servicio», según el sitio web de la ARB.
Los casos llegan a la ARB en la apelación de las decisiones de los jueces de derecho administrativo del DOL o las determinaciones hechas por el administrador de la División de Salarios y Horas del Departamento.
Pero Scalia dijo que el departamento ha cambiado la regla y ahora está promoviendo la rendición de cuentas al permitir que la secretaria participe en la adjudicación de los casos ante la ARB.
Otro cambio involucra una regla que requiere que los empleadores proporcionen informes de planes de jubilación a los empleados en forma impresa. La regla se cambió para permitir que los informes se proporcionen electrónicamente. Este cambio les ahorrará a las empresas USD 3,2000 millones durante un período de 10 años, dijo.
Otro cambio involucraba una regla de la administración anterior que prohibía a los empleados que trabajan horas que fluctúan de semana en semana a recibir un bono. «Lo vimos y dijimos que está mal», y ahora esos empleados pueden recibir un bono, explicó Scalia.
Scalia también dijo que las restricciones de licencias ocupacionales se han convertido en un problema.
«Probablemente ha habido una triplicación en las ocupaciones que requieren licencias en los últimos 30 años más o menos», dijo. Esto hizo que sea muy difícil para los empleadores ocupar puestos de trabajo y que los estadounidenses obtengan servicios, dijo.
CEI, un grupo de expertos a favor del libre mercado, apoya la orden ejecutiva.
«El CEI ha identificado docenas de regulaciones que nunca fueron necesarias y ahora obstaculizan la respuesta y la recuperación de esta pandemia», dijo el presidente de CEI, Kent Lassman.
“La derogación generalizada es necesaria y está en camino. El trabajo de recuperación y una economía resurgente comienza ahora y no terminará hasta que hayamos remodelado la relación entre los estadounidenses y un dominante estado regulador”.
«No es demasiado exagerado decir que la orden ejecutiva salió directamente del libro de jugadas del CEI», dijo Lassman.
El CEI está llevando a cabo lo que llama la campaña de educación pública #NeverNeeded, en la que argumenta que «en primer lugar, nunca se necesitaron muchas regulaciones para ayudar a combatir la COVID-19».
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