Carolina Ribera, hija de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, denunció este martes que la Fiscalía solicitó a varias entidades información sobre sus movimientos financieros, lo que calificó como una «persecución» por defender a su madre.
Justamente esta jornada salió a la luz un informe de investigación policial de septiembre del año pasado dirigido al fiscal anticorrupción Carmelo Laura, en el que se hace referencia a un proceso por «legitimación de ganancias ilícitas» en contra de Ribera.
«Me persiguen por defender a mi madre, es la nueva forma de torturar a Jeanine Áñez, persiguiendo a su hija, y lo van a hacer con todos los presos políticos y sus familias», aseguró la hija de la exmandataria interina en un video que publicó en sus redes sociales.
Ribera señaló que la Fiscalía solicitó a «32 entidades», entre públicas y privadas, información sobre sus movimientos financieros.
«Investiguen, no tengo nada que esconder», señaló Ribera que consideró la acción de investigación como un intento de amedrentamiento por su lucha para «conseguir su libertad y un juicio justo» para su madre.
También mencionó que «es una lucha contra el aparato estatal», ya que consideró que la justicia está «cada vez más controlada» por el oficialismo que «inventa procesos» contra los familiares de los «presos políticos».
«No ha sido notificada»
Luis Guillén, uno de los abogados de Áñez, indicó a los medios, entre ellos EFE, que la investigación contra Ribera comenzó en julio del año pasado, pero que «en ningún momento ha sido notificada».
El jurista también explicó que la Fiscalía ha llegado a «pedir información a supermercados (y) gasolineras», pero que «no hay una denuncia concreta».
Guillén también definió esto como «acciones de persecución» que, al no haberse comunicado a la persona acusada, dan a entender que «se están preparando acciones» contra Ribera.
Desde la detención de Áñez en marzo de 2021, Ribera ha asumido la representación pública de su madre ante la opinión pública boliviana y su defensa ante las instancias internacionales.
Durante el gobierno interino de Áñez, Ribera se desempeñó como representante presidencial de Gestión Social, un cargo que, según declaró en su momento, no implicaba el cobro de un salario estatal.
En un tuit dirigido al presidente Luis Arce, al ministro de Justicia, Iván Lima, y al expresidente Evo Morales (2006-2019), Áñez aseguró que «la persecución política, fiscal y judicial», que calificó como una «venganza», es hacia ella y no contra su hija.
«Más cobardes y poco hombres que nunca al perseguir a mi hija por defender a su madre», manifestó Áñez que alertó a la comunidad internacional de lo que considera una «nueva aberración».
Áñez cumple una condena de 10 años por el «caso golpe de Estado II», acusada por resoluciones contra a la Constitución e incumplimiento de deberes por situarse indebidamente en línea de sucesión tras la renuncia de Morales en 2019 y otras altas autoridades.
Para el oficialismo la crisis de ese año fue producto de un «golpe de Estado», mientras que para la oposición consistió en una protesta de la población por un fraude en beneficio de Morales en las frustradas elecciones generales.
Áñez además afronta acusaciones por la muerte de una decena de civiles y algunas designaciones durante su gestión que se canalizan por la vía ordinaria a pesar de que su defensa reclama que debiera tener un juicio de responsabilidades en el Parlamento.
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