Estados Unidos confirmó este miércoles que a partir de mayo permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas tras la Revolución cubana, una medida que podría abrir la puerta a miles de demandas contra compañías extranjeras.
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció la histórica activación de los títulos III y IV de la ley Helms-Burton, que todos los presidentes estadounidenses habían mantenido suspendidos desde que se aprobó esa norma, en 1996, en base a un acuerdo alcanzado con la UE.
«La Administración de (el presidente Donald) Trump no suspenderá más el título III, una decisión que entrará en vigor el 2 de mayo», dijo Pompeo en una rueda de prensa.
Esa medida, adelantada este martes a Efe por un alto funcionario, permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, demandar ante cortes de EE.UU. a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes de la Revolución cubana en 1959.
El cambio abre la puerta a demandas en EE.UU. contra empresas de todo el mundo, entre ellas cadenas hoteleras españolas como Meliá, Barceló o Iberostar; así como la compañía canadiense Sherritt, dedicada al sector minero.
Cuando se aprobó la ley en 1996, había «hasta 200.000» reclamos de individuos y empresas que querían recuperar sus propiedades expropiadas en Cuba, una cifra que podría haber aumentado en las últimas dos décadas, explicó a los periodistas la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Kimberly Breier.
El valor que reclaman esos estadounidenses «podría rondar las decenas de miles de millones de dólares, aunque eso dependerá de si deciden presentar casos legales o no», agregó Breier.
Entre las compañías extranjeras mencionadas en esos reclamos se encuentran también las españolas Iberia y NH, además de otras aerolíneas como Lufthansa o Air France, y grandes corporaciones como la suiza Nestlé, la china Huawei o la japonesa Mitsubishi.
También aparecen compañías estadounidenses como Marriott o American Airlines, según un listado compilado por el Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, que agrupa a empresas norteamericanas interesadas en comerciar con la isla.
Las compañías que queden sujetas a demandas también podrían verse afectadas por la próxima aplicación del título IV, que restringirá la entrada a EE.UU. de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o comerciado con dichos bienes.
Breier dejó hoy claro que «no habrá excepciones» para ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea: todas ellas estarán expuestas a demandas si están usando propiedades nacionalizadas.
Eso abre la puerta a «cientos de miles de demandas» en los tribunales de EE.UU., de acuerdo con Robert Muse, un abogado en Washington experto en la legislación estadounidense sobre la isla.
Muse calcula que alrededor del 90 % de los bienes nacionalizados después de 1959 «pertenecían a cubanos que emigraron a EE.UU.», y sus descendientes tienen ahora la opción de demandar al Gobierno de Cuba o a compañías extranjeras para ser compensados por ello.
La medida supone, además, un notable recrudecimiento del embargo a Cuba, al sembrar incertidumbre para las empresas interesadas en comerciar o invertir en la isla.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó hoy «enérgicamente» el anuncio y lo consideró «un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados».
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