Unos 373 miembros, testaferros y colaboradores de la Mara Salvatrucha (MS13) fueron condenados en El Salvador por una corte antimafia, resultado que fue catalogado como «histórico» por la Fiscalía General de la República (FGR) pese a los señalamientos por no procesar a políticos vinculados, informó este viernes el órgano Judicial.
Godofredo Salazar, titular del Juzgado Especializado A de San Salvador, impuso la noche del jueves penas de entre 4 y 74 años de prisión a 373 personas vinculadas a la MS13.
Un representante del Ministerio Público aseguró a periodistas que la condena es «un hecho sin precedentes» y un «juicio inédito, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y mundial» por el número de condenados.
Este juicio, que se dio a raíz de una operación denominada «Cuscatlán» con la que las autoridades golpearon las finanzas de esta estructura criminal, se desarrolló entre el 7 de octubre y el 4 de noviembre y se instaló inicialmente contra 426 personas por los cargos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, tráfico de armas y conspiración para asesinar.
Entre los condenados se encuentran, de acuerdo con el Centro Judicial Isidro Menéndez, «los máximos líderes de la pandilla a nivel nacional» o llamada «ranfla histórica» de la MS13. Durante la lectura del fallo, el juez Salazar reprodujo una serie de vídeos grabados por un testigo protegido en el que se muestran a reconocidos políticos salvadoreños en supuestas reuniones con pandilleros.
Entre ellos se encuentra el exministro de Gobernación Arístides Valencia, el diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa Norman Quijano y el alcalde de San Salvador y exdiputado, Ernesto Muyshondt.
Una transcripción del órgano Judicial de una parte de la conversación apunta que ahí Muyshondt dijo a los supuestos pandilleros que su «compromiso» era «ayudarlos» si ganaba una diputación en 2015.
Salazar señaló a la Fiscalía que «tenían suficientes pruebas para investigar a los políticos que salen mencionados en el proceso», por lo que, de acuerdo con el órgano Judicial, estos pueden ser investigados por «fraudes electores, fraude procesal, peculado, negociaciones ilícitas, malversación de fondos y un posible lavado de dinero».
«Es inaudito que líderes políticos se estén reuniendo con personas consideradas gángsters, entonces en el país tenemos dos tipos de gángsters: los gángsters pandilleros y los gángsters políticos», señaló el juzgador.
El 23 de octubre pasado, el fiscal general, Raúl Melara, sostuvo que el Ministerio Público investigaría a «todos» los funcionarios vinculados con negociaciones con las pandillas señalados por el referido testigo, identificado únicamente como «Noé».
«Noé» atribuyó a Muyshondt la entrega de 69,000 dólares en 2015 y a Quijano la negociación de un millón de dólares a cambio de votos en las elecciones presidenciales de 2016, ambos políticos pertenecen a la de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
El testigo también aseguró que el partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entregó más de 200,000 dólares para que los miembros de las pandillas les dieran sus votos en 2014, cuando ganó su segunda Presidencia consecutiva.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.
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