En su primer acto oficial como gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs firmó una orden ejecutiva que busca prohibir la discriminación por identidad de género y orientación sexual en el empleo.
De acuerdo con la Orden Ejecutiva 2023-01, más del 40 por ciento de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero denuncian un trato injusto en el trabajo en todo el país, lo que incluye no ser contratados, ser despedidos o sufrir acoso en función de su orientación sexual o identidad sexual.
Haciendo uso de sus poderes como gobernadora, Hobbs afirmó el compromiso del estado de eliminar «todas las barreras al empleo que restrinjan artificialmente la contratación, la promoción, el reclutamiento, la compensación y la permanencia en el puesto de trabajo basadas en cualquier condición o característica que no esté directamente relacionada con el desempeño del trabajo».
La orden ejecutiva instruye al Departamento de Administración a establecer procedimientos para ser utilizados por todas las agencias estatales para garantizar que criterios como la orientación sexual y la identidad o expresión de género no se conviertan en factores para el empleo.
Esto debe hacerse antes del 1 de abril de 2023. Otras consideraciones como raza, color, sexo, religión, credo, estado civil, edad, estatus de veterano, etc. tampoco deben utilizarse como criterios de empleo.
“Hoy comienza una nueva era en Arizona donde mi administración trabajará para construir un Arizona para todos. Estoy orgullosa de lanzar mi iniciativa de los Primeros 100 Días, que se centrará en abordar los mayores desafíos que enfrentan los arizonenses, como hacer que nuestro estado sea más asequible y sostenible”, dijo Hobbs en un comunicado de prensa del 3 de enero. “Es hora de medidas audaces y me siento preparada como nunca para hacer el trabajo. Manos a la obra».
La Orden de 2003
Anteriormente, en 2003, una orden ejecutiva emitida por la entonces gobernadora demócrata Janet Napolitano establecía protecciones para la orientación sexual en el empleo. Las protecciones siguieron en vigor, ya que los dos gobernadores republicanos siguientes no hicieron uso de sus poderes para rescindirlas.
La asistente de prensa de la gobernadora, Murphy Hebert, cree que hay posibles lagunas en la orden de 2003 que se resuelven en la emitida por Hobbs.
“Podría decirse que la orden de 2003 permitió al estado considerar la orientación sexual en la contratación, siempre y cuando no fuera la única razón para una decisión de contratación”, dijo, según KAWC. “La nueva orden ejecutiva aclara que la discriminación basada en la orientación sexual está prohibida en todas las decisiones de contratación estatales”.
Además, la orden solicita que el estado incorpore el lenguaje y disposiciones de no discriminación en los nuevos contratos. Cathi Herrod, presidenta del Center for Arizona Policy, no cree que esta disposición sea aplicable.
Protección de grupos religiosos
La SB 1399, que fue aprobada el año pasado, prohíbe específicamente que el estado discrimine cuando trate con agencias religiosas de adopción y cuidado temporal con las que tiene contratos.
La orden de Hobbs podría potencialmente violar los “derechos constitucionales de las agencias basadas en la fe”, dijo Herrod, según KAWC. En caso de conflicto entre las dos leyes, ella cree que la SB 1399 tendría prioridad sobre la orden ejecutiva de Hobbs.
Si el estado se niega a celebrar contratos con grupos religiosos insistiendo en que estos grupos violan las disposiciones sobre discriminación religiosa de la orden de Hobbs, podrían ser considerados responsables de violar los derechos estatutarios y constitucionales.
Durante un mitin celebrado el 3 de noviembre, Kari Lake, la opositora republicana de Hobbs para el puesto de gobernadora de Arizona, acusó a la demócrata de promover la cirugía de transición de género ya que su esposo era terapeuta infantil en el Phoenix Children’s Hospital (PCH).
«Ahora tiene sentido. ¿Por qué ella impulsaría estas cosas en nuestros hermosos y perfectos bebés?», dijo entonces. «Y su marido está ganando dinero, lavando el cerebro a nuestros hijos para que piensen que pueden ser de un género diferente al que tenían cuando nacieron. Es enfermizo. Es retorcido—y no podemos permitir que este monstruo se acerque al gobierno».
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