Un condenado a muerte de Florida solicitó a la Corte Suprema de EE.UU. que suspenda su ejecución, prevista para el jueves a las 06:00 p.m., hora del Este.
La petición de Loran Cole, presentada el domingo, argumenta que su ejecución violaría sus derechos constitucionales en virtud de la Octava y la Decimocuarta Enmiendas. En la petición se citan importantes problemas jurídicos y médicos.
Cole, de 57 años, fue condenado por secuestrar a dos hermanos adultos que acampaban en el Bosque Nacional de Ocala en 1994, violar a la hermana y asesinar al hermano, según Associated Press.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden de ejecución de Cole el mes pasado, fijando la fecha de ejecución para el 29 de agosto en la Prisión Estatal de Florida, según los registros judiciales.
El equipo legal de Cole presentó la solicitud de suspensión después de que la Corte Suprema de Florida denegara la suspensión el 23 de agosto.
La petición argumenta que la ejecución de Cole causaría “dolor y sufrimiento innecesarios” debido a su estado de salud, la enfermedad de Parkinson.
Sus abogados cuestionan la constitucionalidad de los procedimientos de inyección letal de Florida aplicados a él, argumentando que sus síntomas de Parkinson, incluyendo movimientos involuntarios del cuerpo, podrían interferir con la colocación de líneas intravenosas, haciendo “imposible que Florida lleve a cabo su ejecución de manera segura y humana”.
En su presentación, los abogados de Cole argumentan que Cole sufriría daños irreparables si fuera ejecutado y que el interés de Florida en hacer cumplir las sentencias debería sopesarse frente al derecho a la vida de Cole.
Además, la petición solicita que la Corte Suprema ordene a los tribunales de Florida que celebren una audiencia probatoria.
El equipo legal de Cole sostiene que las cortes estatales denegaron sumariamente su impugnación al procedimiento de inyección letal sin tal audiencia, a pesar de los precedentes de la Corte Suprema de Florida que concedieron audiencias probatorias para impugnaciones similares.
La petición señala que a otros 4 reclusos de Florida con órdenes de ejecución en vigor se les concedieron audiencias probatorias para impugnar sus sentencias. Sostiene que Cole debería tener la misma oportunidad.
Papel de testigo en la apelación de la condena por asesinato
La petición de Cole también cita su papel como testigo en un procedimiento en curso en Iowa posterior a la condena. Cole testificó anteriormente como “soplón de la cárcel” en la condena por asesinato en primer grado de Daniel Brian Harris en Iowa, en 1986.
Sus abogados señalan que Cole se ha retractado varias veces de su testimonio inicial, alegando que fue coaccionado.
El testimonio revisado de Cole sigue siendo fundamental para el caso en curso, alegan sus abogados, y su ejecución podría “perjudicar drásticamente” las posibilidades de Harris de obtener justicia, según la correspondencia del abogado de Harris incluida en la presentación.
En los documentos, el equipo jurídico de Cole critica los protocolos de ejecución del Departamento Correccional de Florida, que permiten una gran discrecionalidad a la hora de seleccionar a las personas encargadas de establecer el acceso intravenoso, lo que suscita dudas sobre su cualificación y la seguridad general del procedimiento.
Muchos aspectos de estos procedimientos están exentos de registros públicos, lo que ha aumentado el escrutinio al proceso, sobre todo porque otros estados se han enfrentado a dificultades para conseguir los cócteles de fármacos necesarios y personal cualificado, según AP.
El equipo legal de Cole argumenta, además, que negarle una audiencia viola sus derechos de la Enmienda 14 al debido proceso y a la igualdad de protección, como se señala en los documentos judiciales.
Cole también alegó que su ejecución debería bloquearse debido a los malos tratos que sufrió en un reformatorio estatal en el que, al parecer, golpeaban, violaban y mataban a niños. Esto formaba parte del recurso más amplio que la Corte Suprema de Florida denegó el 23 de agosto.
Sus abogados señalaron en la presentación que DeSantis firmó su sentencia de muerte un mes después de que el estado promulgara el Programa de Compensación a las Víctimas de la Escuela Dozier para Niños y la Escuela Okeechobee para compensar a las víctimas de abusos. Alegan que los abusos que, según los informes, sufrió de niño se produjeron cuando estaba en la escuela Dozier.
Los abogados de Cole alegan que, a sólo unos días de la fecha prevista para su ejecución, no hay tiempo suficiente para un examen exhaustivo a las cuestiones constitucionales en juego.
La Corte Suprema aún no ha respondido a la solicitud de Cole para que se suspenda su ejecución
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