Las autoridades de Honduras extraditaron este martes a dos presuntos narcotraficantes hondureños solicitados por Estados Unidos, donde enfrentarán juicios por la introducción de cocaína y fentanilo a ese país, informó una fuente oficial.
Los extraditados son Erick Fernando Raudales y Orbin Alfredo Velásquez, quienes fueron entregados a agentes estadounidenses en la Base Aérea de Palmerola, a 72 kilómetros al norte de la capital hondureña, indicó la Policía Nacional de Honduras en un comunicado.
Los presuntos narcotraficantes estaban recluidos en una celda de la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, de donde hoy, esposados de manos y pies, fueron llevados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la base aérea, añadió.
Raudales, de 28 años, es solicitado por una Corte del Distrito de Colorado (EE.UU.) por dos cargos por la distribución y posesión de fentanilo, uno por la distribución y posesión de metanfetamina y otro por distribución y posesión de cocaína, según las autoridades hondureñas.
Por su parte, Velásquez es reclamado por “la supuesta comisión del delito de conspiración para la distribución de al menos cinco kilogramos o más de una sustancia que contiene una cantidad detectable de fentanilo en violación al Título 21 del Código de Estados Unidos, cargo que le fue presentado desde el 15 de noviembre de 2023”, de acuerdo al Tribunal Supremo.
Ambos fueron detenidos entre el 25 de mayo y el 13 de junio en el municipio de El Porvenir, departamento central de Francisco Morazán.
Alrededor de 53 hondureños acusados de traficar con drogas y lavado de activos enfrentan juicio en Estados Unidos desde 2014, algunos solicitados en extradición y otros que se entregaron a las autoridades de ese país.
Entre los hondureños que cumplen condena por narcotráfico en Estados Unidos figuran el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), un hermano suyo, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, y Carlos Arnaldo Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).
La extradición de hondureños a solicitud de otros países fue habilitada en 2012 luego de la aprobación de una reforma constitucional.
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