La organización Francisco Morazán de migrantes hondureños en Estados Unidos condenó «enérgicamente» este viernes «el oscuro nombramiento» del nuevo fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, un proceso al que considera «fuera de la ley» y maquinado «a espaldas del pueblo».
«Un fiscal general se nombra a través del Congreso, no con nueve diputados y sin contar con los más de 100 que quedaron fuera», declaró a EFE Orlando López, presidente de la organización hondureña integrada Francisco Morazán.
Fundada en 1996 e impulsora del Estatuto de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los hondureños afectados entonces por el devastador huracán Mitch, que asoló Centroamérica, la organización se reunió esta mañana con líderes comunitarios hondureños en Estados Unidos para «denunciar» el nuevo nombramiento.
«Estamos preocupados por la acción del fiscal y además porque la presidenta (de Honduras, Xiomara Castro) está aislada de Estados Unidos», donde viven actualmente más de un millón de hondureños, según López.
«En Estados Unidos, los empresarios dijeron que no van a invertir en Honduras porque no hay estabilidad. Va a haber una emigración masiva próximamente hacia Estados Unidos», vaticinó López, un empresario del área de transportes que llegó a este país en los años 90 con un TPS otorgado.
El pasado miércoles, la Comisión Permanente del Parlamento hondureño designó a Johel Zelaya como el fiscal general del país y Mario Morazán como fiscal adjunto, ambos de manera interina, según el presidente del Legislativo, Luis Redondo.
El nombramiento fue desconocido por varios grupos de la oposición en el país centroamericano.
Según López, una «acción» como esta nunca antes había ocurrido en Honduras, de ahí que «la comunidad del exterior está muy preocupada por el rumbo hacia el viciado socialismo que lleva a cabo el Gobierno», añadió.
«Se trata de un grupo familiar. (El expresidente Manuel) Zelaya (2006-2009) y Xiomara (su esposa) no entendieron lo que ocurrió y han venido llevando el comunismo a Honduras. Ellos tienen relación con (los gobiernos de) Venezuela y Cuba», afirmó López.
En junio de 2009, Zelaya fue derrocado y expulsado del país por las Fuerzas Armadas, luego de varios meses de una crisis política que enfrentó a los poderes del Estado.
«Que quede claro al pueblo hondureño que eso no fue un golpe de estado, sino que se cumplieron órdenes del (poder) Legislativo», señaló López.
El activista reiteró que el nombramiento del nuevo fiscal general Johel Zelaya «está fuera de la ley».
En Estados Unidos viven más de un millón de hondureños, la mayoría de ellos de manera ilegal, una situación que preocupa sobremanera a esta organización que vela por los hondureños emigrados a este país.
Honduras recibió un primer TPS en enero de 1999 por el huracán Mitch, que asoló Centroamérica un año antes. Este TPS fue extendido periódicamente hasta 2017, año en que el entonces presidente Donald Trump lo canceló, pero, puntualiza López, la Corte Suprema estadounidense lo renovó por cinco años más.
El TPS es un programa bajo el cual el gobierno de EE.UU. otorga, y ha de renovar periódicamente, el permiso para la estancia y el trabajo de ciudadanos de países afectados por desastres naturales o la violencia.
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