Grupos de manifestantes salieron este miércoles a las principales calles de Honduras para exigir la renuncia del presidente del país, Juan Orlando Hernández, en lo que ha sido el segundo día de protestas en la nación centroamericana, sumergida en una crisis política y social.
La Plataforma para la Defensa de la Salud, que aglutina a un sector de médicos y maestros, y partidos de oposición lideran la protesta, cuyo objetivo es sacar a Hernández del poder en Honduras.
Con banderas con el azul y blanco del país, y en rojo y negro del partido Libertad y Refundación (Libre), y carteles con la frase «Fuera JOH» (Juan Orlando Hernández), los manifestantes marcharon de forma pacífica por un bulevar de Tegucigalpa hasta inmediaciones de la Casa Presidencial, que permanece resguardada por policías.
El gobernante hondureño ha sido señalado por la Fiscalía del distrito sur de Nueva York en una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder, lo que Hernández ha rechazado y ha atribuido la denuncia en tal sentido a «un ataque con afán de venganza» de narcotraficantes de su país.
Ligia Ramos, de la Plataforma, exigió, como muchos de los manifestantes, que Hernández deje el poder y aseguró a periodistas que las protestas continuarán hasta lograr ese objetivo.
«Todos los (ciudadanos) están conscientes de que este gobierno corrupto y ligado con el narcotráfico no nos va a resolver los problemas del país», subrayó Ramos, quien pidió a los hondureños unirse a la lucha.
La Fiscalía de Nueva York no identifica a Hernández por su nombre ni ha presentado acusaciones en su contra, pero en el documento se alude al hermano del hondureño Juan Antonio «Tony» Hernández como CC-4 (Juan Orlando Hernández) y se subraya que el CC-4 fue «elegido presidente de Honduras a fines de 2013».
Según el documento, que involucra a otros políticos hondureños, a quienes no menciona por sus nombres pero entre ellos los medios han identificado al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), el conspirador CC-3, se destinaron 1,5 millones de dólares para sobornos en apoyo a la campaña de Hernández y que se compraron regalos y favores a políticos locales a cambio de protección.
Otro grupo de manifestantes, la mayoría con el rostro cubierto, bloquearon el bulevar que cruza frente a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, impidiendo el libre tránsito de vehículos por la zona, en protesta por el ataque de este martes a universitarios en San Pedro Sula, norte del país, por fuerzas de seguridad.
En un comunicado, la Unah condenó «enérgicamente la agresión» de elementos de la Policía Militar de Orden Público y la Policía Nacional a estudiantes cuando protestaban de manera «pacífica» en el centro universitario de San Pedro Sula, donde hoy cientos de universitarios también han salido a las calles en protesta por este hecho.
De acuerdo con un vídeo divulgado en redes sociales, los policías intimidaron a un grupo de estudiantes a inmediaciones del centro universitario y lanzaron una bomba lacrimógena a un autobús en el que viajaban varios universitarios.
La Unah indicó que también es «condenable» la agresión que sufrió el camarógrafo Carlos Castillo, que trabaja en el Canal 11 de la televisión local, quien fue atacado anoche por policías cuando cubría la protesta de los estudiantes en San Pedro Sula.
«Como autoridades hemos denunciado y nuevamente rechazamos y consideramos inadmisible el uso excesivo y abusivo de la fuerza policial y militar», señalan las autoridades universitarias.
Periodistas hondureños exigieron hoy en Tegucigalpa y San Pedro Sula respeto a su trabajo y un alto a la violencia contra los comunicadores sociales luego de la agresión contra Castillo.
En Tegucigalpa, la concentración, denominada de «Micrófonos caídos», se llevó a cabo en las afueras de Casa Presidencial, mientras que en San Pedro Sula empleados de diferentes medios de comunicación se apostaron frente a la sede de la Policía Nacional y colocaron sus equipos de trabajo en la calle en protesta.
La Secretaría de Seguridad de Honduras anunció la apertura de una investigación para «deducir responsabilidades» a los agentes que participaron en las agresiones.
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«Estaba horrorizada… no sabía que algo así podría pasarle a alguien».
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