Human Rights Watch (HRW) acusó este lunes, a través de un informe, a las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros «abusos aberrantes» contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
HRW hizo referencia a los enfrentamientos que, desde el 21 de marzo se han perpetuado en territorio venezolano y que han dejado al menos 5800 personas que han huido del estado Apure hacia Colombia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
«El operativo derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados», dice HRW en el informe.
De acuerdo con la organización, estos acontecimientos «siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela».
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
“Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”, agregó.
Ciudadanos apuntan a la fuerzas militares
Entre marzo y abril, Human Rights Watch entrevistó a 68 personas, incluyendo a algunos de los que huyeron de Apure, abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
También examinó información proveniente de autoridades colombianas y venezolanas, fotos, videos y grabaciones de audio del lugar de los hechos.
Entre los hallazgos, el informe señala que «los desplazados manifestaron que huyeron debido a los frecuentes ataques aéreos y combates entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados, así como también por los aberrantes abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas».
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) fueron identificados como los responsables de los abusos, según HRW.
Incluso, dice el informe, que los entrevistados dijeron que los agentes de las fuerzas de seguridad entraron en los hogares de familias la localidad de La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa.
«Testigos indicaron que los agentes no mostraron una orden de allanamiento. Los residentes, en su mayoría campesinos, fueron sacados por la fuerza de sus hogares sin órdenes judiciales para detenerlos. Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos», agrega el texto.
También manifestaron detenciones en una base militar en la ciudad de Guasdualito, y trasladados a un área administrada por militares del Centro Penitenciario de Occidente ubicado en Santa Ana, en el estado Táchira.
Los entrevistados, dice HRW, hablaron en condición de anonimato por temor a represalias y algunos que tiene doble nacionalidad, sienten miedo porque su condición los ponga en riesgo.
Crisis en Arauca
HRW también señala que a pesar del apoyo de organizaciones humanitarias y las autoridades en Arauquita, la situación en el municipio colombiano es preocupante, pues afirman que hay hacinamiento y es insuficiente la asistencia humanitaria.
«Muchas personas se quedan en casas de amigos y familiares en zonas rurales en el departamento de Arauca, Colombia, donde el acceso a asistencia humanitaria es limitado y muchas veces nulo. Autoridades colombianas también reportaron la llegada de desplazados a los municipios de Arauca y Saravena. Entre 300 y 400 personas se han desplazado forzosamente dentro de Venezuela», dice el informe.
Según la organización, a pesar de que Tarek Saab, el fiscal chavista, abrió una investigación con delegados de derechos humanos. la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no respondieron a los pedidos de información realizados por Human Rights Watch.
La organización dice que “la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela deberían analizar la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas en Apure” e instó a» examinar la posible responsabilidad de los comandantes y autoridades del más alto nivel que habrían ordenado los abusos» y exigir que respondan por sus actos.
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