La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves los «cada vez mayores esfuerzos» de las autoridades chinas por «borrar la memoria» de la masacre de la Plaza de Tiananmen, ocurrida en Beijing el 4 de junio de 1989.
En un comunicado, HRW subraya que el régimen chino debe asumir su responsabilidad por el asesinato de manifestantes en favor de la democracia y compensar a las familias de las víctimas.
«El Gobierno chino sigue eludiendo la rendición de cuentas por la masacre de Tiananmen, perpetrada hace décadas, lo que le ha envalentonado para continuar la detención arbitraria de millones de personas, su severa censura y vigilancia y sus esfuerzos por socavar los derechos a escala internacional», aseguró el investigador de HRW para China, Yaqiu Wang.
Según el activista, hay personas tanto dentro como fuera de China que ponen en riesgo su seguridad y su libertad por expresarse en público y exigir sus derechos.
HWR asegura que al igual que ha ocurrido otros años en vísperas de la conmemoración de la masacre, las autoridades han tomado medidas para evitar la celebración de eventos y han restringido el movimiento y las comunicaciones de activistas y de las conocidas como las Madres de Tiananmen (familiares de víctimas).
Asimismo, la organización denunció la detención de un activista en Huan (Gansu) y que la policía advirtió a otro de que no participara en ningún acto conmemorativo, en la provincia de Shandong.
En el comunicado, Wang insiste en que «por mucho que se esfuerce el Gobierno del presidente Xi Jinping, no conseguirá borrar el recuerdo de Tiananmen de la memoria de los chinos».
HRW también pide al régimen que respete la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como que ponga fin al acoso y a las detenciones arbitrarias de personas que contradicen las cifras oficiales de víctimas de las masacres.
Además, solicita a las autoridades disculpas a la organización Madres de Tiananmen y la indemnización de los familiares de las víctimas, el regreso de los exiliados por su conexión con las protestas de 1989, así como una investigación independiente y la rendición de cuentas de los responsables de la masacre.
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