Los niveles de violencia e impunidad «han alcanzado récords históricos bajo el presidente (Andrés Manuel) López Obrador» en México, con un ratio de 28 homicidios por 100,000 habitantes, subraya el último informe mundial de Human Rights Watch en su capítulo sobre México.
El informe, citando datos de la agencia nacional de estadística, subraya que cerca del 90 % de los crímenes no son denunciados, un tercio de los denunciados nunca son investigados y solo un 16 % de los que se investigan son resueltos en acuerdos prejudiciales o en tribunales; en conclusión, «las autoridades esclarecieron poco más del 1 % de todos los crímenes cometidos en 2021».
Los casos más graves son los de las desapariciones, con miles de personas de quienes cada año se pierde su rastro hasta sumar 105,000 con destino no aclarado el pasado septiembre; de ellas, más de 36,000 han desparecido durante el mandato de López Obrador, presidente desde 2018, en casos que muy raramente se investigan.
La tortura es «ampliamente practicada» tanto por la Policía como la Fiscalía y el Ejército para obtener confesiones y extraer información, mientras que el sistema judicial «normalmente no logra garantizar el debido proceso» a los detenidos, señala HRW.
Las prisiones están llenas de presos preventivos, que suponían en 2020 un 85 % de los reclusos, porque lo más habitual es que los tribunales así lo ordenen para cada sospechoso sin sopesar las circunstancias de cada caso, «violando así los estándares internacionales»; además, las prisiones están superpobladas y son «insanas».
López Obrador ha dado además a las fuerzas armadas numerosas responsabilidades del poder civil -desde control migratorio al aduanero, pasando por programas sociales u obras públicas- dándoles el poder de detener civiles e investigar crímenes «algo que en el pasado contribuyó a atropellos de derechos humanos», según la organización.
México sigue siendo además «uno de los países más peligrosos para periodistas y defensores de los derechos humanos»: quince periodistas fueron asesinados entre enero y septiembre, y doce activistas en el primer semestre; en ambos casos, estos hechos «son raramente investigados o perseguidos».
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