Grupos armados que controlan las minas de oro ilegales de Venezuela, incluyendo organizaciones conocidas como «sindicatos» y guerrilleros colombianos están sometiendo a las poblaciones que viven en su entorno, las que trabajan bajo condiciones abusivas y con tratos brutales, indicó Human Rights Watch (HRW).
“En los peores casos han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas”, dice el documento titulado ‘Venezuela: Violentos abusos en minas de oro ilegales’, al referirse a los residentes del estado Bolívar, al sur de Venezuela, quienes declaran ser “víctimas de amputaciones y otros abusos atroces”.
Los grupos, advierte HRW «parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales».
“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas”, añadió.
Informes de organizaciones independientes, la imágenes de satélite y entrevistas del equipo de HRW, dice el informe, coinciden en que la crisis económica interna de Venezuela ha generado una mayor migración de trabajadores a la minería ilegal.
Los entrevistados por HRW dijeron que vieron a agentes del régimen de Nicolás Maduro visitar las minas comandadas por grupos armados para cobrarles sobornos. Cuatro trabajadores relataron que vieron a miembros del sindicato amputar las manos o disparar a quienes transgredieron en algún momento sus reglas. Además dijeron que vieron desmembrar los cuerpos con motosierras, hachas o machetes.
La organización International Crisis Group, citada en el informe, sostiene que la zona minera ilegal de Venezuela cuenta con el grupo armado colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al menos una organización disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Varias personas entrevistadas confirmaron su presencia.
La situación de los trabajadores, entre ellos niños de 10 años sin equipos de protección en turnos de 12 horas, también se ve afectada por la contaminación que dejan las minas ilegales ya que para la extracción utilizan mercurio que en pequeñas cantidades ya provoca graves problemas de salud.
Esto se agrava aún más por la malaria, ya que alrededor de estas minas ilegales se han instalado pozos de agua de lluvia que están plagados de mosquitos.
HRW dice que “no ha recibido respuesta” de las autoridades venezolanas a su pedido del 14 de noviembre de 2019, “cuando solicitó información sobre el estado de los procesos penales contra los responsables de abusos cometidos por los grupos armados en Bolívar, incluidos funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que son cómplices en estos hechos”.
Como no se ha podido identificar el destino del oro extraído, HRW pidió a las empresas compradora de Oro a estar atentas.
“Deberían saber si procede de minas en el estado Bolívar y contar con procedimientos de debida diligencia para asegurarse de que sus cadenas de suministro estén libres de actividades ilícitas, abusivas y violentas”, destacó Vivanco.
Informes citados por HRW indican que parte del oro se vende al Banco Central de Venezuela y el resto sale como contrabando presuntamente a Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Suiza.
En 2016, Nicolás Maduro creó sin aprobación de la Asamblea Nacional la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” (Mapa) que ocupa el 12% del territorio del país para extraer miles de toneladas de oro, diamantes y otros minerales. Previamente en 2011, Hugo Chávez anunció el Arco Minero del Orinoco en terrenos que incluyen al Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y territorios indígenas.
HRW detalla en su informe la situación irregular de la minería controlada por Nicolás Maduro y advierte por ejemplo que la empresa estatal Minerven supuestamente obtiene el oro de operaciones mineras no afiliadas al Estado. “Los militares lo transportan al Banco Central en Caracas, que a su vez vende el oro a empresas en países como Turquía y Emiratos Árabes Unidos”. Maduro también a anunciado la exportación por miles de millones de dólares a Rusia y otros socios.
Sin embargo, mineros de Minerven han declarado que “apenas una pequeña proporción de la producción de oro de Venezuela termina en el Banco Central”, dice el documento citando a la Organización Arco Minero y declaraciones obtenidas por Miami Herald.
Maduro recientemente anunció que implementaría un plan para ceder la gestión de las minas de oro a los gobernadores chavistas y en las regiones controladas por la oposición a corporaciones designadas por la dictadura.
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