Human Rights Watch (HRW) expresó este viernes preocupación por la forma en que se procesó a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, condenada a 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley cuando asumió el poder en 2019 en medio de una crisis.
«Nos preocupa la forma en la que han sido llevados a cabo los procesos penales contra la expresidenta Jeanine Áñez», escribió en Twitter el investigador principal de HRW, César Muñoz.
En un hilo de mensajes tras conocerse la sentencia, Muñoz señaló que cualquier investigación penal «debe hacerse de conformidad con el debido proceso, incluida la presunción de inocencia, y llevarse a cabo de acuerdo con los estándares que establece el derecho internacional».
También señaló que la Justicia boliviana «sufre de injerencia política desde hace años» y que esta falta de independencia fue aprovechada por diferentes gobiernos, como el de Evo Morales y de la misma Áñez, quienes «impulsaron acusaciones infundadas contra rivales políticos».
«El presidente (Luis) Arce sigue sin reformar la justicia. Su gobierno impulsa el proceso contra Áñez por la forma en que asumió como presidenta interina en 2019», cuestionó Muñoz, quien también criticó que sigan impunes las 37 muertes ocurridas en medio de la crisis, «incluidas las masacres de Sacaba y Senkata».
El investigador recordó que Áñez fue detenida en marzo de 2021 acusada de terrorismo, sedición y conspiración e indicó que HRW «revisó la imputación y no encontró evidencia que la sustente», si bien luego se abrió el caso por el que fue condenada en esta jornada por incumplimiento de deberes y por adoptar resoluciones contrarias a la ley.
«A la expresidenta Áñez no se le permitió asistir en persona a su propio juicio, pero sí estuvieron presentes los fiscales, abogados y otras personas. Eso le impidió consultar con sus abogados durante las audiencias», apuntó Muñoz.
También criticó que los jueces dijeran que no podían garantizar su salud en el tribunal y sostuvo que las autoridades «tienen la obligación de garantizar la seguridad de los acusados para que asistan a su juicio».
Según Muñoz, los delitos por los que fue condenada la exmandataria «están definidos de manera muy amplia en la ley boliviana» y apuntó que los gobiernos de Morales y Áñez «usaron esos tipos penales en procesos que parecían tener motivaciones políticas».
«Los tribunales superiores deben examinar cuidadosamente y de forma independiente cómo se llevaron a cabo los procesos penales contra la expresidenta Áñez, así como garantizar el debido proceso y los remedios adecuados si determinan que se violaron sus derechos», concluyó.
Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia de Evo Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial, y en medio de una crisis política y social que estalló tras los comicios de octubre de ese año entre denuncias de fraude a favor del entonces presidente.
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