La directora ejecutiva en funciones de Human Rights Watch (HRW), Tirana Hassan, pidió este jueves a la ONU una denuncia clara de los abusos de China en la región de Xinjiang, donde reside la minoría uigur de confesión musulmana, y defendió que este asunto no se resolverá con negociaciones con Beijing, sino con investigaciones y rendición de cuentas.
«Las conversaciones con China no son una solución a la crisis en Xinjiang. La rendición de cuentas por los crímenes que han sido cometidos es la solución», señaló Hassan en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas.
Para HRW, es fundamental que Naciones Unidas continúe el trabajo en base al informe que el pasado año presentó la entonces alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que se consideraba que China pudo cometer crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras minorías étnicas musulmanas, al aplicar políticas que han implicado su detención arbitraria masiva y otros graves abusos en su contra.
Ese documento, publicado a minutos de que Bachelet terminase su mandato, fue criticado muy duramente por Beijing, que luego consiguió bloquear un debate sobre esta cuestión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tras dejar el cargo, Bachelet admitió que había recibido fuertes presiones políticas para no publicar el informe, que organizaciones como HRW llevaban mucho tiempo demandando.
Hassan pidió a la comunidad internacional presión para conseguir poner en marcha una comisión de investigación sobre Xinjiang y, mientras tanto, reclamó a la ONU que siga documentando los abusos.
En ese sentido, se mostró contraria a mantener negociaciones discretas con China -que según dijo sería la vía favorecida por Beijing- y apostó por que el asunto sea abordado abiertamente en el Consejo de Derechos Humanos y denunciado con claridad por el secretario general de la ONU, António Guterres, y otros altos cargos.
En ese sentido, lamentó la falta de franqueza de Guterres en lo que se refiere a los presuntos crímenes contra la humanidad chinos, que consideró «una de las crisis de derechos humanos más urgentes» de la actualidad.
«Ningún país, independientemente de lo poderoso que sea, como China, debe tener carta libre», insistió.
La investigación publicada el año pasado por la ONU confirmó que la legislación antiterrorista china provocó la «privación de la libertad a gran escala» de minorías musulmanas al menos entre 2017 y 2019 y dio credibilidad a las denuncias de torturas.
Desde entonces el patrón parece haber variado y los centros de internamiento -denominados por el Gobierno «centros de educación vocacional»- se han reducido en tamaño y número, pero las detenciones siguen ocurriendo mediante procesos penales que dan lugar al encarcelamiento sobre todo de uigures.
Diversas pesquisas indican que hasta un millón de miembros de esas minorías estuvieron confinados en esos recintos por distintos periodos, según Pekín para «desradicalizarlos».
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