El Departamento de Trabajo de EE.UU. demandó a Hyundai y a otras dos empresas, alegando que éstas se beneficiaron del «trabajo infantil opresivo».
La demanda se presentó el 30 de mayo ante la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Alabama. En la demanda se cita a tres demandados: Hyundai Motor Manufacturing Alabama, SMART Alabama y Best Practice Service (BPS).
SMART fabrica autopartes, como paneles de carrocería, para la planta de Hyundai. BPS, que ya no existe, proporcionó mano de obra a SMART.
La demanda alega que los demandados violaron las disposiciones sobre trabajo infantil de la Ley de Normas Laborales Justas entre el 11 de julio de 2021 y el 1 de febrero de 2022, al emplear a un menor de edad como trabajador al que nombraron como EC.
La trabajadora era una niña que tenía 13 años en el momento en que la contrataron.
«En lugar de asistir a la escuela secundaria, trabajó en una cadena de montaje fabricando piezas», dice la demanda.
EC fue asignada a una cadena de montaje que SMART explotaba en Luverne, Alabama, trabajando con máquinas que transformaban láminas de metal en piezas de carrocería para automóviles. La niña supuestamente trabajaba en las instalaciones hasta 60 horas semanales.
El empleo de EC violó las disposiciones del Título 29 del Código de Reglamentos Federales de EE.UU., que prohíbe emplear a menores de 16 años en operaciones de fabricación; prohíbe a los menores de 18 años manejar máquinas de conformado, punzonado y cizallado de metales; y restringe el empleo de menores de 14 años «bajo cualquier circunstancia», señalaba la demanda.
Después de que SMART descubriera a EC en las instalaciones de Luverne, la empresa la despidió a ella y a otros dos presuntos empleados menores de edad. Antes de que la menor fuera descubierta, BPS «sabía o tenía razones para saber que esta empleada era menor de edad», decía la demanda.
«Los acusados se beneficiaron injustamente del uso de trabajo infantil opresivo», afirma la demanda. «Los consumidores de todo Estados Unidos compraron sin saberlo automóviles fabricados con trabajo infantil opresivo. Los demandados se beneficiaron de estas ventas, y de las transacciones financieras relacionadas con las mismas, y siguen manteniendo esos beneficios en la actualidad».
Según la demanda, los empleados vulnerables, como los niños, trabajan por menos dinero, tienen menos probabilidades de hacer valer sus derechos laborales y muy pocas posibilidades de quejarse de las condiciones de trabajo. Esto dio a los demandados «una ventaja injusta» en el mercado.
En la demanda se pedía a la corte que dictara una orden que pusiera fin al empleo ilegal de niños y exigiera a las tres empresas que se desprendieran de «todos los beneficios relacionados con el uso de mano de trabajo infantil opresivo».
En respuesta a la demanda, el portavoz de Hyundai, Michael Stewart, declaró a The Epoch Times que la empresa tomó «medidas inmediatas» tras conocer que su proveedor había violado presuntamente la legislación laboral.
«A petición nuestra, los proveedores involucrados terminaron sus relaciones con las agencias de contratación de terceros, a pesar de que dichas agencias habían certificado que habían examinado y dado el visto bueno a personas mayores de edad», declaró.
Stewart insistió en que el uso trabajo infantil opresivo y el incumplimiento de cualquier normativa laboral no son «coherentes con las normas y valores» de Hyundai.
La empresa implantó «estándaderes laborales nuevos y más estrictos» en toda su cadena de suministro, obligando a los proveedores a realizar auditorías independientes de las operaciones.
«Teoría jurídica sin precedentes»
Según Hyundai, la empresa presentó toda la información que obtuvo sobre su investigación sobre el tema al Departamento de Trabajo incluidas las medidas que se tomaron para solucionar el problema.
Esto se hizo «en un esfuerzo por resolver el asunto», dijo el Sr. Stewart. La empresa también explicó al departamento por qué «no había base legal» para imponer responsabilidades a Hyundai por el incidente.
«Lamentablemente, el Departamento de Trabajo pretende aplicar una teoría jurídica sin precedentes que responsabilizaría injustamente a Hyundai de las acciones de sus proveedores y sentaría un precedente preocupante para otras empresas y fabricantes de automóviles», dijo.
Hyundai está revisando la demanda y tiene la intención de defenderse «enérgicamente», dijo.
La procuradora del Trabajo, Seema Nanda, declaró que el Departamento exigirá responsabilidades a los tres empleadores. Tener a un niño de 13 años trabajando en una cadena de montaje en Estados Unidos es un asunto que «perturba la conciencia», declaró.
«Las empresas no pueden evadir su responsabilidad culpando a los proveedores o a las empresas de personal de las violaciones del trabajo infantil cuando, de hecho, también son empleadores ellas mismas».
En el año fiscal 2023, el Departamento de Trabajo investigó 955 casos de violaciones de trabajo infantil, frente a los 835 de 2022. El departamento identificó un total de 5792 menores empleados en estos casos, por encima de los 3876. En 2023 se impusieron multas a los empleadores por valor de más de 8 millones de dólares.
Los demandantes presentaron un caso similar contra cinco empresas tecnológicas —Apple, Microsoft, Tesla, Dell y la empresa matriz de Google, Alphabet— alegaban que las empresas estaban involucradas en trabajo infantil.
La demanda acusaba a las empresas de formar parte de una empresa de «trabajo infantil forzado» con sus proveedores al comprar cobalto extraído en el Congo por niños. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington desestimó la demanda en marzo, señalando que las empresas tecnológicas solo tenían una relación de comprador-vendedor con los proveedores.
«La compra de una cantidad indeterminada de cobalto a través de la cadena de suministro mundial no es una ‘participación en una empresa’ en el sentido de la TVPRA (Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata)», afirmó.
Ha habido un esfuerzo bipartidista para contrarrestar el trabajo infantil. En octubre de 2023, los senadores En octubre de 2023, los senadores Cory Booker (D-N.J.) y Josh Hawley (R-Mo.) presentaron la Ley de Prevención de la Explotación Laboral Infantil.
El proyecto de ley prohíbe a las agencias federales celebrar contratos con empresas que infrinjan las leyes sobre trabajo infantil o empleen a proveedores que no hayan hecho frente a la presencia de trabajo infantil.
«El trabajo infantil es una abominación y no tiene cabida en nuestro país», declaró Hawley.
«Las empresas que emplean ilegalmente a niños deben rendir cuentas, especialmente las que contratan con el gobierno federal».
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