Las autoridades de inmigración de Estados Unidos arrestaron a una mujer guatemalteca que había sido deportada previamente después de cumplir ocho años en prisión por causar un accidente de autobús escolar en 2008 que dejó cuatro niños muertos.
Olga Franco del Cid, de 35 años, fue detenida el martes en Inver Grove Heights, Minnesota, por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Habían recibido un aviso de que ella había vuelto a entrar ilegalmente a Estados Unidos y vivía en Minnesota, reportó la estación local Fox59.
«Parecía que estaba tratando de cambiar de residencia rápidamente», dijo Shawn Byers, director adjunto de la oficina local del ICE, al medio. «Así que, creemos que ella pudo haber sido avisada de que la estábamos buscando e intentó huir, pero eso es todo especulativo en este momento».
En 2008, Franco del Cid fue condenada y sentenciada por su papel en la muerte de cuatro niños. En ese incidente, se pasó una señal de alto, causando el choque.
Las autoridades dijeron que ella estaba en Estados Unidos ilegalmente y que había alegado que su novio estaba manejando en el momento del accidente, el cual dejó a otros 17 heridos, señaló el Duluth News Tribune. Informó que también fue condenada por proporcionar un nombre falso a la policía y afirmó ser ciudadana de Puerto Rico. Sin embargo, las autoridades determinaron más tarde que en realidad es de nacionalidad guatemalteca.
Estuvo ocho años en una prisión estatal antes de ser liberada y deportada en 2016.
Mientras estaba encarcelada, Franco del Cid comenzó a escribirle a un hombre de 36 años, llamado Jerome Hervieux, de Maple Grove, Minnesota. Los dos se casaron en 2009 y tuvieron un hijo juntos. Sin embargo, Hervieux solicitó el divorcio en octubre, reportó el News Tribune.
Las autoridades del ICE dijeron que no está claro cuánto tiempo había estado en Minnesota después de reingresar al país.
Según el Star-Tribune, ella podría enfrentar hasta 20 años en una prisión federal por reingresar al país.
Mientras tanto, el Fiscal General William Barr dijo a principios de este mes que las autoridades del ICE están siendo obstaculizadas por las políticas de santuario y que los agentes pueden desafiar las políticas estatales de santuario.
Barr y el Secretario de Seguridad Nacional en funciones Chad Wolfe enviaron una carta a Martha Walters, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Oregón, y a Mary Fairhurst, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Washington, el 21 de noviembre.
«Estas leyes y políticas de los estados obligan a los oficiales estatales y locales a liberar a los extranjeros criminales en las comunidades de sus estados, poniendo en peligro al público y obligándolo a asumir el costo de cualquier acto criminal adicional que puedan proceder a cometer», escribieron Barr y Wolf en la carta. «Estas políticas han resultado en la liberación de extranjeros criminales con condenas por delitos graves y violentos, tales como asaltos de violencia doméstica, delitos de armas de fuego, delitos de narcotráfico y violación de órdenes de protección».
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