El 13 de julio, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) iniciaron una redada nacional contra los extranjeros ilegales que han recibido órdenes finales de deportación emitidas por jueces de inmigración, según el director en funciones de la agencia, Matt Albence.
El mismo 13 de julio, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que había recibido informes de redadas en los vecindarios de Sunset Park y Harlem. Los rastreos fueron «supuestamente infructuosos», escribió de Blasio en Twitter.
El presidente Donald Trump había pospuesto previamente la operación a nivel nacional a instancias de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los funcionarios de inmigración dijeron anteriormente que la acción se centraría en las unidades familiares de migrantes cuyos casos fueron procesados de manera expedita y resultaron en una orden de deportación.
La gran mayoría de los migrantes involucrados no regresaron a los tribunales para sus audiencias programadas después de haber sido liberados en Estados Unidos. ICE envió cartas a 2000 migrantes en febrero, aconsejándoles que se reportaran a una oficina local para ser expulsados del país. Albence le dijo a Fox News el 14 de julio que solo el 3 por ciento de los destinatarios respondieron a la carta.
«En este momento, no tenemos otra opción más que salir y ejecutar las órdenes de deportación legalmente emitidas por un juez de inmigración», dijo Albence.
En Nueva York, el Departamento de Asuntos de Inmigrantes de la ciudad investigó los reportes que hacían referencia a agentes del ICE que pedían identificaciones en una estación de metro. El departamento envió un «equipo de campo» que no vio a ningún miembro del ICE en el lugar.
Nueva York es una ciudad santuario que se opone activamente a las acciones de inmigración de los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley. La ciudad utiliza los fondos de los contribuyentes para asesorar a los extranjeros ilegales sobre las formas de evadir a las autoridades de inmigración, incluso en ferias y seminarios. Uno de estos seminarios entregó MetroCards gratuitas a los asistentes.
De Blasio, candidato a la elección presidencial de 2020, ha utilizado la oficina del alcalde para aconsejar a los extranjeros ilegales que no tienen que abrir las puertas o hablar con los oficiales del ICE, entre otras medidas destinadas a frustrar la aplicación de las leyes de inmigración de la nación.
De Blasio no es el único alcalde que obstruye activamente a las autoridades federales de inmigración. Hay más de 300 gobiernos estatales y locales con leyes, reglas o políticas escritas que pretenden frustrar la detención y deportación de extranjeros ilegales.
ICE publicó una lista el 14 de julio detallando varios casos en los que extranjeros ilegales cometieron crímenes después de haber sido liberados por los departamentos de policía en lugares que se negaron a cumplir con las solicitudes de detención del ICE. En uno de esos casos, un extranjero ilegal detenido por el Departamento de Policía de Los Ángeles por posesión de drogas fue liberado en febrero del año pasado, más de un mes después de que el ICE solicitara su detención. El mismo criminal ha sido arrestado y acusado de asesinato.
La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda preventiva el 11 de julio con el objetivo de proteger a los solicitantes de asilo. Activistas de fronteras abiertas realizaron manifestaciones en todo el país, incluyendo un evento en Colorado en el que los asistentes bajaron la bandera estadounidense de un asta cerca de un centro del ICE en Aurora y la reemplazaron por una bandera mexicana. Los manifestantes pintaron la bandera estadounidense con graffiti y la izaron al revés.
Los funcionarios del Gobierno han dicho que la medida coordinada tendrá como objetivo a unas 2000 personas con órdenes de deportación definitiva en las principales ciudades, entre ellas Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami.
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