Las agencias del Departamento de Seguridad Nacional han entregado 255,602 celulares a extranjeros ilegales durante el año fiscal 2022, según los datos publicados en la página web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los teléfonos son rastreables y el extranjero es responsable de registrarse ante el ICE de forma regular, a menudo enviando una foto suya geo etiquetada.
El costo de los 255,602 teléfonos y la tecnología que los acompaña es de USD 245,377 al día, casi USD 1000 por extranjero ilegal al día. A lo largo de un año, esto supone USD 89.5 millones.
La mayoría de los teléfonos se entregaron a adultos solteros.
El ICE no ha facilitado ningún dato sobre el índice de cumplimiento del programa de teléfonos inteligentes ni sobre el número de extranjeros que se ha fugado del mismo, a pesar de las reiteradas peticiones de The Epoch Times.
La agencia comenzó a entregar los teléfonos inteligentes el año pasado, cuando los puestos fronterizos se vieron desbordados. Los agentes empezaron a procesar a los extranjeros ilegales bajo una categoría recién creada llamada «Parole+ATD» (Libertad bajo palabra+ADT). ATD es un programa de «alternativas a la detención», que actúa como una solución alternativa al requisito legal de detener a los extranjeros ilegales.
Según la ley, la libertad bajo palabra está concebida para ser utilizada «caso por caso» y por «razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo», según la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Este estatus permite a los extranjeros «que de otro modo no serían admisibles en el país según las leyes de inmigración» vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos «sin ser admitidos formalmente en el país y sin tener un camino establecido para un estatus de inmigración permanente», según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, de 2020.
Bajo el estatus de libertad bajo palabra, los inmigrantes ilegales no tienen que proporcionar a la Patrulla Fronteriza pruebas de temor creíble de asilo y se les permite la entrada sin ninguna condición previa, excepto una rápida comprobación de antecedentes en la base de datos de delitos de Estados Unidos.
Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo anteriormente a The Epoch Times que la designación de libertad bajo palabra permite a las estaciones de la Patrulla Fronteriza que se encuentran abrumadas, procesar y liberar a un gran número de extranjeros ilegales. Esto es «significativamente más rápido» que el sistema tradicional más complicado, que libera a un extranjero ilegal con un aviso de comparecencia, el que incluye una fecha ante la corte para su primera audiencia sobre la inmigración.
Además de los celulares, en el año fiscal 2022 se colocaron monitores de tobillo para un seguimiento con GPS a casi 41,000 extranjeros ilegales adicionales. También unos 20,000 fueron puestos en otro tipo de programa alternativo a la detención.
«Sin consecuencias»
El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Raúl Ortiz, dijo en julio que la falta de consecuencias para las entradas ilegales es un gran impulsor de la crisis fronteriza.
«En mi experiencia, nosotros hemos visto aumentos cuando no hay consecuencias», dijo Ortiz el 28 de julio, durante una deposición para una demanda contra el gobierno federal presentada por la fiscal general de Florida, Ashley Moody.
Ortiz dijo que mientras el gobierno de Biden no detenga o expulse a la mayoría de los inmigrantes ilegales, las cifras aumentarán.
«Se supone que si se le dice a la población de inmigrantes que existe la posibilidad de que sean liberados, entonces sí, se pueden ver aumentos», dijo a continuación.
A su vez, los casos de deportación de decenas de miles de inmigrantes ilegales están siendo desestimados antes de llegar a las cortes porque los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han presentado la documentación necesaria, según revela un informe reciente.
Uno de cada seis casos nuevos (el 16.6 %) se desestima por no haber seguido el proceso debido, según Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, un registro de expedientes de las cortes de inmigración.
Para el período de seis años, desde el año fiscal 2013 hasta el fiscal 2018, menos del 1 % de los casos, o 1221 de ellos, fueron desestimados debido a que el DHS no presentó la documentación necesaria de «aviso de comparecencia». El aviso incluye la fecha de la primera audiencia judicial del inmigrante ilegal.
El número de desestimaciones debidas al mismo error de documentación ha aumentado drásticamente cada año desde entonces, con 47,330 casos en lo que va del año fiscal 2022, con tres meses de datos pendientes, según el informe del TRAC.
Los datos sobre cruces fronterizos del último mes del año fiscal 2022 aún no ha sido publicado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pero el número de detenciones solo en la frontera sur ya ha alcanzado este año los 2 millones.
En total, los agentes fronterizos de todo el país habrán detenido a más de 2.5 millones de inmigrantes ilegales procedentes de más de 160 países durante el año.
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