El gobernador de Idaho, Brad Little, firmó el miércoles un proyecto de ley que tipifica como delito que un adulto ayude a una menor a abortar sin consentimiento paterno, aunque el procedimiento para interrumpir el embarazo se realice fuera del estado, estableciendo formalmente un nuevo delito denominado «tráfico de abortos».
Little, republicano, firmó la ley House Bill 242, que tipifica como delito en Idaho que un adulto consiga píldoras abortivas para una menor sin el consentimiento paterno «reclutando, albergando o transportando a la menor embarazada» para interrumpir un embarazo sin permiso paterno.
«Con la revocación de Roe contra Wade por la Corte Suprema de EE. UU. el verano pasado, el derecho y el deber de establecer una política legal sobre el aborto volvieron por fin a nuestro proceso democrático estatal», escribió Little en una carta (pdf) a los legisladores de Idaho, en la que declaraba haber firmado la legislación.
El proyecto de ley establece que no es una «defensa afirmativa» en un proceso judicial en virtud de la nueva ley que el acusado alegue que el aborto se llevó a cabo en otro estado que no sea Idaho, ni que las píldoras abortivas se obtuvieron de un proveedor de otro estado.
Por tanto, la ley ilegaliza que un adulto ayude a una menor a cruzar las fronteras estatales para abortar sin el consentimiento de sus padres. Este delito, denominado «tráfico de abortos», se castiga con penas de entre dos y cinco años de prisión.
La nueva ley, que entra en vigor 30 días después de su firma, también prevé sanciones civiles.
Los familiares de la mujer embarazada «a la que se haya intentado practicar o practicado un aborto» pueden demandar a los médicos que hayan practicado o intentado practicar un aborto infringiendo las disposiciones de la ley. La ley define como «familiares» a los padres, abuelos, hermanos, tíos o tías del feto.
Sin embargo, la posibilidad de demandar por daños y perjuicios, costas y honorarios de abogados no se extiende al progenitor del feto si el embarazo se produjo por incesto o violación.
Reacciones
Los grupos provida elogiaron la ley de «tráfico de abortos».
«Con los abortos prácticamente prohibidos en Idaho, Planned Parenthood y otras organizaciones están entrenando activamente y atrayendo a las mujeres a través de las fronteras estatales para que aborten. Esto es tráfico de abortos», dijo a LifeNews Linda Thomas, directora de extensión comunitaria del grupo provida Stanton Health Care.
«La industria del aborto es agresiva e implacable a la hora de imponer el aborto a mujeres vulnerables… ¡e incluso a niños menores de edad! Debemos ser aún más diligentes y decididos en nuestros esfuerzos por proporcionar protección y cuidados que honren la vida», añadió Thomas.
Por el contrario, Planned Parenthood Alliance Advocates-West dijo en un posteo en Twitter que «esta legislación es despreciable, y vamos a hacer todo lo posible para detenerla».
«Esta ley criminalizaría a los ciudadanos de Idaho por ayudar a los jóvenes a acceder a la atención del aborto», dijo el grupo proaborto. «No deberías ir a la cárcel por ayudar a la niña que quieres».
El gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, que comparte frontera con Idaho, instó a Little a vetar la ley.
Inslee, demócrata, argumentó en una carta (pdf) dirigida a Little que la ley castigaría a las residentes de Washington menores de edad que, tras permanecer un tiempo en Idaho, regresaran a Washington para abortar sin el consentimiento paterno.
«No se equivoque, gobernador Little, las leyes de otro estado que pretenden castigar a alguien en Washington por acciones legales realizadas en Washington no se mantendrán», escribió Inslee.
«Protegeremos a nuestros proveedores, y acogeremos y reconfortaremos a sus residentes que busquen servicios sanitarios que se les niegan en Idaho», añadió Inslee, estableciendo que Washington sea un estado santuario del «tráfico de abortos».
Las leyes sobre el aborto de Idaho se encuentran entre las más restrictivas del país.
Las autoridades de Oregón, otro estado que comparte frontera con Idaho, pusieron en marcha en enero una línea directa para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito sobre el acceso al aborto.
«La línea telefónica cubrirá una importante necesidad en nuestro estado para que las personas que llamen conozcan la situación de nuestras leyes de salud reproductiva, incluidas las cuestiones relacionadas con el acceso al aborto», declaró en un comunicado la fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum.
«Esto es especialmente importante porque compartimos frontera con Idaho, que tiene una prohibición casi total del aborto», añadió Rosenblum.
En junio, los gobernadores de Washington, Oregón y California emitieron un «Compromiso multiestatal» para promover la Costa Oeste como refugio seguro para los abortos.
Los legisladores de Oregón, donde el aborto es legal en todas las fases del embarazo, y donde las jóvenes de 16 y 17 años no necesitan el consentimiento paterno para abortar, han propuesto un proyecto de ley que aplicaría una amplia serie de medidas para que el acceso al aborto sea aún más libre.
Una de las partes más polémicas del proyecto de ley de Oregón es que, según la legislación propuesta, quienes prestan «servicios de salud reproductiva» estarían autorizados a practicar abortos «a cualquier persona sin tener en cuenta la edad» y, en algunos casos, tendrían prohibido revelar esa información a los padres. Entre los proveedores de atención sanitaria reproductiva se incluyen médicos, auxiliares médicos, enfermeros profesionales, farmacéuticos y naturópatas.
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