La ley de Idaho contra el «tráfico de abortos» puede ser aplicada, dictaminó una corte de apelaciones de EE. UU. el 2 de diciembre.
Un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. dijo que es poco probable que los grupos que desafiaron la ley tengan éxito en sus argumentos de que la ley infringe sus derechos de la Primera Enmienda.
Los grupos habían argumentado que la ley, que prohíbe reclutar, albergar o transportar a una menor embarazada con la intención de ocultar un aborto de los padres de la menor, era vagamente inconstitucional. Los jueces no estuvieron de acuerdo.
«Ciertas conductas están claramente proscritas por la ley, como proporcionar transporte y refugio a menores que buscan abortos en otros estados; claramente no están proscritas por la ley, como solicitar donaciones a organizaciones que apoyan a menores embarazadas que buscan abortos; o, en el caso de conductas que podrían entenderse como ‘reclutamiento’, están sujetas a un ‘estándar normativo impreciso pero comprensible'», escribió la juez del circuito de EE. UU., M. Margaret McKeown, en nombre del panel.
Los jueces también concluyeron que la ley no restringe los derechos de asociación protegidos por la Primera Enmienda ni los derechos de libertad de expresión, en parte porque albergar y transportar no son actos expresivos.
El panel falló parcialmente en contra del estado, considerando que la prohibición del reclutamiento probablemente viola los derechos constitucionales.
Los jueces también afirmaron que Idaho no puede impedir que los residentes del estado obtengan abortos en otros estados.
El juez del circuito de EE. UU. John Owens se unió a McKeown. El juez del circuito de EE. UU. Carlos Bea dijo que todo el caso debería ser desestimado porque la parte acusadora demandó al fiscal general de Idaho, Raul Labrador, en lugar de a los fiscales locales.
El fallo significa que Idaho puede aplicar en gran parte la ley y revoca un fallo anterior de la jueza del Distrito de EE. UU., Debora K. Grasham, quien dijo que la ley era «tan vagamente inconstitucional que los individuos comunes, incluidos los mismos defensores de la legislación, no tienen un aviso justo de qué conducta está proscrita, lo que deja a los individuos sujetos a una aplicación arbitraria».
Idaho prohíbe casi todos los abortos. La ley contra el tráfico de abortos fue aprobada en 2023, después de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. que anuló Roe v. Wade, devolviendo a las legislaturas estatales la capacidad de restringir o proteger los abortos.
Labrador dijo en un comunicado que el fallo fue «una victoria tremenda para Idaho y la defensa del estado de derecho tal como lo escribieron los representantes del pueblo».
Un abogado de los demandantes dijo a los medios de comunicación en un comunicado: «Esta decisión es una victoria significativa para los demandantes, ya que permite a los habitantes de Idaho hablar libremente con menores embarazadas sobre la atención médica del aborto».
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