Más de 25 exgobernantes de España y América Latina alertaron este viernes de «la expansión del entramado criminal en la vida política» de la región y pidieron a organismos internacionales no mirar para otro lado, al condenar el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.
«Resulta un imposible el pretender conjugar la experiencia democrática y la del Estado de Derecho mientras gobiernos e instituciones, de forma cada vez más desenfadada, muestran la asociación de las mafias de la corrupción política con el crimen del narcotráfico», dicen los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA).
En una declaración publicada este viernes los exgobernantes piden al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas «no mirar a los lados» y a los ecuatorianos «unirse en una cruzada que permita recuperar los bienes inapreciables de la paz y de la seguridad individual y colectiva».
«De lo contrario todos pueden verse arrastrados a situaciones semejantes a la que condenamos», dicen en referencia a asesinato de Villavicencio, quien fue tiroteado el 9 de agosto a la salida de un mitin de campaña.
Las autoridades ecuatorianas han detenido a 6 colombianos como presuntos involucrados en el asesinato.
Los exgobernantes, entre los cuales hay tres de Ecuador, destacaron que Villavicencio había «investigado, documentado y denunciado, en especial, la corrupción del gobierno de Rafael Correa y los vínculos perversos de funcionarios y políticos con el crimen de narcotráfico» cuando ejercía como legislador (2021-2023).
Su «vil asesinato» es «un grave precedente que compromete la paz y a la democracia», señalaron en una declaración en la que transmiten su pesar a «la familia de Fernando Villavicencio, a sus amigos, dirigentes y militantes de la agrupación política que lideraba, así como a sus partidarios y votantes».
Los exgobernantes expresan su apoyo a la democracia ecuatoriana y a la decisión de «las autoridades de continuar con el proceso electoral en marcha, en el que se garanticen la equidad, justicia y transparencia de los escrutinios a realizarse en Ecuador».
También respaldan la decisión del gobierno del presidente Guillermo Lasso de «utilizar sus facultades constitucionales para realizar una exhaustiva investigación del hecho criminal y combatir con toda la fuerza de la ley a los criminales».
Al hablar sobre la presencia del narcotráfico en la vida política recordaron el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien investigaba «hechos de corrupción y lavado de dineros de alto perfil en su país».
Mencionan también «la situación endémica que afecta a México» y las «amenazas de muerte del ELN desde Venezuela contra el fiscal general Francisco Barbosa, quien tiene a su cargo las investigaciones del hijo del presidente de Colombia por el presunto financiamiento del narcotráfico durante la campaña electoral de su padre».
Los exgobernantes señalan que desde el partido chavista de Venezuela y autoridades militares se ha invitado a la agresión de la precandidata presidencial María Corina Machado.
Firman la declaración Lenin Moreno, Lucio Gutiérrez y Jamil Mahuad (Ecuador), Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y José María Figueres (Costa Rica); y José María Aznar y Mariano Rajoy (España).
También la suscriben Nicolás Ardito Barletta, Moreya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá); Felipe Calderón H. y Vicente Fox (México); Alfredo Cristiani (El Salvador); Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia); Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) y Eduardo Frei R. y Sebastián Piñera (Chile).
Así como Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti (Uruguay); Mauricio Macri (Argentina), y Carlos Mesa G. y Jorge «Tuto» Quiroga (Bolivia).
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