Una diócesis católica romana está apelando ante la Corte Suprema de EE. UU. la sentencia de una corte de apelaciones de Nueva York que obliga a las organizaciones benéficas religiosas a ofrecer cobertura del aborto en los seguros médicos de sus empleados.
Lori Windham, vicepresidenta y consejera principal del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, confirmó durante una conferencia de prensa online el 25 de julio que la diócesis católica romana de Albany, Nueva York, está preparando una petición de certiorari, o revisión, que se presentará en las próximas semanas ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La organización Becket forma parte del equipo jurídico de la diócesis.
El caso es Diócesis Católica Romana de Albany contra Harris. Adrienne A. Harris es Superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, la agencia que emitió la normativa sobre seguros de asistencia sanitaria ahora en litigio.
La fecha límite para presentar la petición de certiorari, o revisión, era originalmente el 19 de agosto, pero el 26 de julio Sonia Sotomayor, magistrada de la Corte Suprema de EE. UU., amplió el plazo hasta el 18 de septiembre.
El caso lleva años abriéndose camino en el sistema judicial.
En 2017, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York emitió una regulación que exigía que los empleadores financiaran abortos a través de sus planes de seguro médico para empleados. La regulación eximía a las entidades religiosas cuyo «propósito» es inculcar valores religiosos y que «emplean» y «sirven» principalmente a correligionarios. Al mismo tiempo, la normativa obligaba a las organizaciones religiosas a cubrir los abortos si tenían una misión religiosa más amplia, como servir a los pobres, o si contrataban o servían a personas independientemente de su fe.
Varias diócesis católicas romanas, junto con monjas anglicanas e iglesias luteranas y baptistas, presentaron una demanda.
La División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York falló a favor del Estado en julio de 2020.
Pero en noviembre de 2021, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló sumariamente esa decisión.
El más alto tribunal del país devolvió el caso a la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York para que lo volviera a estudiar a la luz de la sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. de junio de 2021 en el caso Fulton contra Filadelfia.
En la sentencia Fulton, la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó por unanimidad que una organización benéfica católica de Pensilvania puede negarse, por motivos de libertad religiosa amparados en la Primera Enmienda, a asignar niños a parejas del mismo sexo.
Escribiendo para el tribunal en ese caso, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que Filadelfia había violado los derechos de la Primera Enmienda de la otra parte.
Los puntos de vista religiosos de los Servicios Sociales Católicos, afiliados a la diócesis, «informan su trabajo en este sistema», escribió el presidente de la Corte Suprema Roberts. La organización benéfica cree que «el matrimonio es un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer».
«Dado que la agencia entiende que la certificación de las posibles familias de acogida es un respaldo a sus relaciones, no certificará a parejas no casadas —independientemente de su orientación sexual— ni a parejas casadas del mismo sexo».
Sin embargo, cuando la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York reconsideró el caso en junio de 2022, falló a favor del estado, considerando que la sentencia Fulton no se aplicaba al caso y que el mandato de seguro de aborto no violaba la Primera Enmienda.
El 21 de mayo de este año, la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó el fallo de la División de Apelaciones.
«Según Fulton, tanto el propio reglamento como los criterios que definen a un ‘empleador religioso’ a efectos de la exención son de aplicación general y no violan la Cláusula de Libre Ejercicio», sostuvo la corte.
La Sra. Windham dijo que en los últimos años la Corte Suprema de EE. UU. falló a favor de los empleadores «todas y cada una de las veces» en tres casos en los que se han opuesto a tener que proporcionar cobertura para la anticoncepción o la medicación abortiva a sus empleadas.
A pesar de ello, Nueva York decidió imponer un mandato de cobertura del aborto e «ir hasta el final en contra de estas tres decisiones de la Corte Suprema». En primer lugar, el Estado promulgó la normativa sobre seguros y, a continuación, la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York decidió codificar la normativa en la legislación estatal, explicó.
La exención del mandato es estrecha, dijo Windham.
«Si atiendes principalmente a personas de tu propia fe, entonces puedes tener una excepción, pero si abres tus puertas a todos… [para] atender a cualquiera independientemente de tu fe, si estás ahí fuera ofreciendo una taza de sopa a cualquiera que tenga hambre, independientemente de cuál sea su origen religioso, entonces pierdes tus protecciones de libertad religiosa, pierdes tu exención bajo el estatuto, y también debes pagar por los abortos».
Esto significa que se está imponiendo una «prueba religiosa» a los grupos religiosos que prestan servicios sociales, dijo.
«Todos estos grupos están atrapados en este mandato del aborto, y todos ellos, por el trabajo que hacen y por el bien que intentan hacer en sus comunidades, se ven afectados por esto», dijo Windham.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York para solicitarle comentarios, pero en el momento de la publicación no había recibido respuesta.
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