Una iglesia de San Diego apeló a la Corte Suprema para que intervenga en su actual demanda contra las restricciones severas y presuntamente discriminatorias de California sobre los lugares de culto, las cuales pretenden combatir el virus que causa la enfermedad COVID-19.
Los líderes religiosos se incentivaron desde que la semana pasada la Corte Suprema impidió que el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, impusiera duras restricciones relacionadas con la pandemia sobre la asistencia a los lugares de culto, lo cual supone un cambio drástico con respecto a los recientes fallos de la Corte Suprema, que dan rienda suelta a los estados para limitar los derechos constitucionales mientras combaten el COVID-19.
Esa decisión de 5 a 4 tuvo lugar luego que la jueza conservadora constitucional Amy Coney Barrett ocupara recientemente su puesto en la corte, reemplazando a la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien murió el pasado 18 de septiembre. En semanas previas a ese fallo, la Corte Suprema empató 4 a 4 en una serie de fallos que desafiaban las restricciones relacionadas con la pandemia sobre el culto religioso.
La nueva solicitud para hacer retroceder las restricciones a la actividad de las iglesias, las cuales fueron ordenadas unilateralmente por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se presentó en una petición presentada el 24 de noviembre a la Corte Suprema en el asunto de la Iglesia Pentecostal Unida de South Bay contra Newsom. El líder de la congregación, el obispo Arthur Hodges III, también figura como peticionario junto con su iglesia.
Las reglas de Newsom asignan diferentes colores a los condados de California y las correspondientes restricciones para todos los sectores de la economía. Los críticos dicen que este «Plan para una economía más segura» es complejo, difícil de manejar y de entender. Los líderes religiosos están indignados porque los límites de asistencia a la iglesia en persona son tan bajos y a las reglas que prohíben a la gente cantar y los coros en algunos lugares.
Este código de colores fue el objetivo del juez Neil Gorsuch en el caso Cuomo.
En su opinión concurrente, Gorsuch escribió que los jueces deben proteger los derechos fundamentales y «no pueden quedarse en casa cuando la Constitución está siendo atacada».
«Es hora —ya era hora— de dejar claro que, aunque la pandemia plantea muchos desafíos graves, no hay ningún mundo en el que la Constitución tolere los edictos ejecutivos codificados por color que reabran las licorerías y las tiendas de bicicletas, pero que cierren las iglesias, sinagogas y mezquitas», escribió.
El fiscal especial de Thomas More Society, Charles LiMandri, quien representa a los peticionarios, dijo en una declaración que las reglas de Newsom proporcionan «un tratamiento desigual de los lugares de culto, pero [han] exacerbado la discriminación al centrarse en una práctica fundamental de la expresión religiosa de South Bay: la capacidad de alzar la voz para adorar a Dios en el canto». La Sociedad Thomas More es un bufete de abogados de interés público.
«Si bien millones de californianos de todo el estado en una amplia gama de industrias han podido reanudar el trabajo y las compras, aplicando nuevos protocolos de uso de mascarillas y de distanciamiento social, los servicios religiosos siguen siendo una actividad desfavorecida a los ojos del gobernador Newsom y del condado de San Diego», escribió LiMandri.
Según el informe de los solicitantes, las cortes de apelación están divididas en cuanto a la norma constitucional que se utilizará para revisar las impugnaciones de la cláusula de libre ejercicio a las restricciones de la pandemia. Las cortes de los circuitos 5º y 6º confirmaron las reclamaciones en virtud de la cláusula de libre ejercicio, mientras que los circuitos 2º, 7º y 9º rechazaron dichas reclamaciones, basándose a menudo sobre la decisión de 1905 de la Corte Suprema en el caso Jacobson contra Massachusetts para justificar la deferencia al estado.
Tras el fallo en el caso Cuomo, el fiscal especial de Thomas More Society, Christopher Ferrara, describió el precedente de Jacobson como «un anacronismo de 115 años de antigüedad, que en los últimos ocho meses se ha transformado en una especie de superprecedente para cualquier tipo de restricción de las libertades constitucionales que los gobernantes tienen ganas de imponer durante una crisis de salud pública».
En el caso en cuestión, los peticionarios piden a la Corte Suprema que decida si las restricciones basadas en el plan de Newsom violan el derecho de la iglesia al ejercicio libre de la religión y cuál debería ser el criterio de revisión adecuado en demandas judiciales similares.
Los demandantes presentaron lo que se denomina una petición de certiorari antes de la sentencia, lo cual significa que están pidiendo a la Corte Suprema que falle antes de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que está examinando el caso actualmente, falle una resolución definitiva, porque, según sostienen, el asunto es de gran importancia.
Según la Regla 11 de la Corte Suprema, dicha petición se concederá «solo si se demuestra que el caso tiene una importancia pública tan imperiosa que justifica la desviación de la práctica normal de apelación y requiere una determinación inmediata en esta Corte».
No se pudo contactar inmediatamente a la oficina de Newsom para una solicitud de comentarios.
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