Illinois: legisladores buscan cambiar el término “delincuente” por “persona afectada por la justicia”

El cambio de redacción se aplicaría al programa estatal '"Reubicaciónción de Adultos de Illinois", que sustituye el tiempo de prisión por rehabilitación para algunos delincuentes

Por Naveen Athrappully
23 de mayo de 2024 8:41 PM Actualizado: 23 de mayo de 2024 8:41 PM

Los legisladores de Illinois aprobaron una medida que modificaría el lenguaje de la ley estatal para dejar de identificar como delincuentes a ciertas personas que han cometido un delito.

El 21 de mayo, el Senado de Illinois aprobó la ley HB 4409. Presentado por legisladores demócratas, el proyecto modifica la Ley de Reducción de la Delincuencia de Illinois de 2009, sustituyendo el término «delincuentes» por «personas afectadas por la justicia» en el programa estatal «Adult Redeploy Illinois» (ARI). La iniciativa ARI pretende desviar a algunos delincuentes de la cárcel a centros de rehabilitación.

Durante una audiencia en el Senado, el senador Robert Peters (D-Chicago), que patrocinó la legislación, definió a un individuo impactado por la justicia como alguien que ha sido «impactado por el sistema de justicia penal y es un individuo».

En cuanto al uso, señaló que «a veces nos referimos a las víctimas como supervivientes, [como] supervivientes de delitos violentos, a veces supervivientes de violencia doméstica. Así que usamos múltiples términos para un montón de gente diferente para un montón de cosas diferentes».

El senador estatal Steve McClure (R-Springfield) señaló que ha habido una «prisa tremenda» en el Senado de Illinois por eliminar «el lenguaje preciso para reflejar el comportamiento criminal, para quitar delitos» y penas para esas personas. También hay prisa por eliminar «toda responsabilidad para las personas que cometen delitos», dijo.

La senadora estatal Terri Bryant (R-Murphysboro) criticó la medida, señalando que los legisladores parecen seguir cambiando la forma en que se remite oficialmente a las personas que realizan actividades delictivas. Cada vez que se hacen esos cambios, cada agencia gubernamental «tiene que hacer ese cambio en cada uno de sus documentos».

En el Departamento de Correcciones del estado, hay varios de estos cambios que se han hecho, dijo, señalando que un cambio de nombre cuesta dinero al gobierno.

«Así que yo preguntaría: ¿por qué es necesario hacer el cambio de nombre? Incluso si el resto del proyecto de ley estuviera bien, que no creo que lo esté, pero incluso si el resto estuviera bien, los cambios de nombre pueden parecer poca cosa, pero cuesta miles y miles de dólares hacerlo».

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara el mes pasado. Como ambas cámaras han aprobado la HB 4409, el proyecto pasa ahora a la mesa del Gobernador demócrata de Illinois, J. B. Pritzker.

La aprobación de la ley HB 4409 ha recibido duras críticas en Internet. «Otra vez jugando al juego del cambio de nombre. Los criminales son ahora individuos afectados por la justicia. Sus legisladores demócratas de IL son los peores de América», dijo la locutora de radio Jeanne Ives en un posteo en X el 22 de mayo.

Jennifer Korte, excandidata a la Cámara de Representantes de Illinois, en un posteo X del 21 de mayo acusó al proyecto de ley de utilizar «terminología diluida para hacer que un delincuente se sienta mejor por su delito».

El político demócrata Paul Vallas señaló que cambiar el término delincuente por individuo afectado por la justicia explica «todo lo que hay que saber sobre la mentalidad actual de los dirigentes estatales y locales, que cada vez ven más a los delincuentes como víctimas y a la policía como delincuentes, y que no consideran prioritarias las necesidades de las víctimas».

Programa ARI

El programa ARI pretende reducir la población reclusa en Illinois desviando a las personas que cumplen sus penas de prisión a programas que buscan su reinserción en la comunidad, según un informe de diciembre de 2022 de la Autoridad de Información sobre Justicia Penal de Illinois.

El programa proporciona financiación y asistencia técnica a las comunidades locales para establecer tratamientos que aborden los «determinantes sociales de la delincuencia y el encarcelamiento».

En el año fiscal 2021, más de 2000 individuos fueron atendidos por 25 sitios de la red ARI que operan más de 50 programas de desviación en 43 condados, según el informe.

«Desde el inicio del programa en 2011 hasta el final del año fiscal estatal (SFY) 2021, más de 7400 personas fueron desviadas de la prisión por los sitios ARI a la supervisión basada en la comunidad (libertad condicional) y los servicios que abordan sus necesidades criminógenas con el objetivo de reducir la reincidencia», dijo. La reincidencia se refiere a la tendencia de un delincuente a volver a comportamientos delictivos anteriores.

La ley HB 4409 establece ciertas disposiciones adicionales para el ARI, incluida la creación de una Junta de Supervisión de Adultos Reubicados de Illinois que supervise, ofrezca orientación y desarrolle una estructura administrativa para el programa.

El proyecto de ley requiere que la junta incluya miembros del Departamento de Correcciones, el Departamento de Servicios Humanos de Illinois y los departamentos de Libertad Condicional para Adultos de los condados de Sangamon y Cook. También requiere la inclusión de dos miembros que tengan experiencia de primera mano con el sistema ARI como participantes.

El nuevo proyecto de ley impulsado por los demócratas es la última de una serie de medidas destinadas a modificar el sistema de justicia y la forma de tratar a los delincuentes.

Una controvertida ley, la SAFE-T Act, iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2023 en Illinois. Pero el 31 de diciembre de 2022, la Corte Suprema del estado dejó en suspenso una parte de la ley que eliminaba la fianza en efectivo para ciertos delitos.

El senador estatal John Curran (R-Ill.) señaló que la fianza sin dinero en efectivo de SAFE-T aumenta el riesgo de liberar a criminales peligrosos de nuevo en las calles. Múltiples funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también advirtieron sobre la disposición de la fianza sin dinero en efectivo.

Finalmente, la ley entró en vigor en septiembre de 2023, eliminando los requisitos de fianza en efectivo en determinados casos.

En lugar de la fianza en efectivo, los acusados en el estado ahora se someten a audiencias de prisión preventiva, en las que se evalúa si serán detenidos y las condiciones en las que pueden ser puestos en libertad.


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